Evaluaría ataque a minera Río Blanco. Proponen a Defensoría del Pueblo, a la Iglesia, a la CNDH y a la propia Sociedad de Minería. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, anunció que se evalúa establecer una base militar en la zona del proyecto minero. Piuranos desmienten “buenas relaciones” con minera Río Blanco
Fuentes: diario La República, Coordinadora Nacional de Radio y RPP
Ante las diversas versiones sobre el origen del atentado al campamento minero de Río Blanco Cooper SA, ocurrido la madrugada del domingo pasado, la organización ambientalista Red Muqui solicitó la conformación de una comisión investigadora.
Los comisionados serían representantes de Defensoría del Pueblo, la Iglesia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como de la propia Sociedad Nacional de Minería y Petróleo.
En tanto, el alcalde de Carmen de la Frontera, Ismael Huayama, desmintió a Jian Wu, de Río Blanco, sobre las buenas relaciones mantenidas con la población.
La clave
Comunicado. La empresa Río Blanco Cooper emitió un segundo comunicado y señala que el agente José Oswaldo Ruiz Cornejo fue hallado con vida.
Gobierno quieren base militar custodiando proyecto minero Río Blanco
Javier Velásquez Quesquén aseguró que el Gobierno hace el máximo de los esfuerzos para evitar los riesgos de inseguridad contra las inversiones mineras.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, anunció que se evalúa la posibilidad de establecer una base militar en la zona del proyecto minero Río Blanco, que se ubica en el alto Piura, y cuyo campamento fuera atacado recientemente por desconocidos.
“Adicionalmente del esfuerzo que se está haciendo a través de la Policía Nacional, hoy en la reunión que hemos tenido, se ha barajado la posibilidad de establecer una base militar en la zona, vamos a evaluarla en las próximas horas”, indicó.
El domingo último un grupo de desconocidos atac el campamento minero de la empresa minera Río Blanco, ubicada en la localidad de Carmen de la Frontera, en el alto Piura cerca a la frontera con Ecuador.
Asimismo, el jefe del gabinete ministerial aseguró que el Gobierno hace el máximo de los esfuerzos para evitar los riesgos de inseguridad contra las inversiones mineras en las zonas alejadas del país.
Por su parte, el ministro del Interior, Octavio Salazar, señaló que se envió un contingente de 60 efectivos policiales y un equipo especial de las unidades policiales especializadas de la Dincote y Dinandro para evaluar la situación y determinar quienes estuvieron detrás de los ataques al campamento minero, y luego tomar las acciones necesarias.
Asimismo, indicó que actualmente el clima social es de calma en la zona, y demandó a la empresa privada que opera en lugares alejados a realizar un análisis del entorno social que rodea a sus inversiones.
“Cada empresa que está ubicada en un determinado lugar tiene que hacer un análisis de su entorno, posibilidades, limitaciones, adversarios y condiciones políticas”, dijo.
Indicó que la información del análisis que deben realizar las empresas, deben cruzarla con la Policía para tomar acciones preventivas antes que suceda algún incidente.
Por otra parte, el jefe del Gabinete señaló que detrás de la toma de la minera Ares en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, estarían personas con motivos políticos debido a la cercanía de las elecciones regionales y generales.
En ese sentido, aseguró que el Gobierno “utilizará todos los mecanismos disuasivos para que abandonen la zona”.
Piuranos desmienten “buenas relaciones” con minera Río Blanco
Las autoridades que integran el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) deslindaron cualquier responsabilidad con el ataque ocurrido el domingo en el campamento de la minera Río Blanco (Piura).
Ismael Huayama, alcalde del distrito de El Carmen de la Frontera en Huancabamba, dio a conocer que tanto las autoridades como moradores de su zona no tienen nada que ver con el incidente y desmintió las declaraciones que hiciera Jian Wu, gerente general de la minera respecto a la “buenas relaciones” que mantienen con los pobladores.
“Los pobladores de El Carmen de la Frontera, Ayabaca y Huancabamba rechazamos el proyecto minero desde sus inicios porque están de manera ilegal en tierras que nos pertenecen, por lo tanto no es cierto lo que sostiene el gerente general de Río Blanco”, aseguró Huayama.
Por su parte, Servando Aponte, presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas manifestó su preocupación ante esta situación. “Nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación y no encontramos una explicación para lo sucedido. Todo esto nos parece muy raro”, declaró.
Aponte señaló que su comunidad rechaza todo tipo de violencia y que, por el contrario a través del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, se sigue insistiendo ante el Gobierno el reinicio de una mesa de diálogo para buscar una solución alturada a este problema.
De otro lado, Miguel Herrera, regidor de la municipalidad provincial de Ayabaca y presidente de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) manifestó que la única forma de saber la verdad de los hechos, es crear de una comisión investigadora independiente que corrobore la versión difundida por la compañía.
“La Red Muqui ha planteado que se cree una comisión investigadora que incluya a la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Diócesis de Chulucanas -como miembro de la iglesia- y a la Cofiep -como representante de las instituciones privadas- para que verifiquen los hechos ocurridos en la zona, con lo cual estamos plenamente de acuerdo”, aseveró Herrera.
Finalmente, los representantes del FDSFNP cuestionan la transparencia de las informaciones que ha difundido la empresa hasta el momento, que ha sido la única fuente de información, por lo que no se tiene una total certeza de lo ocurrido hasta ahora.
