La semana pasada el Congreso votó una Ley que amplía el PAMA de La Oroya por 30 meses adicionales, sin que la empresa aporte nuevo capital ni garantías económicas suficientes. La Ley dice que esa negociación se hará con el Ministerio de Energía y Minas. Conclusión: el multimillonario Ira Rennert tiene otra vez la sartén por el mango.
Por Humberto Campodónico publicado en el diario La República
12/10/2009. Esto dijo Alan García el 28 de julio: “Si la empresa Doe Run aporta nuevo capital y da al Perú garantía económica suficiente de que esta vez sí cumplirá, el Estado podrá conversar y concertar; de lo contrario la ley será aplicada implacablemente. No podemos aceptar presiones y las leyes deben cumplirse por quienes deben respetar los estándares ambientales”.
Sin embargo, la semana pasada el Congreso votó una Ley (nada menos) que amplía el PAMA de La Oroya por 30 meses adicionales, sin que la empresa aporte “nuevo capital” ni las “garantías económicas suficientes”. La Ley dice que esa negociación se hará con el Ministerio de Energía y Minas. Conclusión: el multimillonario Ira Rennert tiene otra vez la sartén por el mango.
A medida de que se aproximaba el 31 de octubre (fecha de cumplimento del PAMA), tenía que haber un desenlace. Para Doe Run, la argumentación era muy simple: mientras los precios de los minerales estaban altos cumplió con el PAMA. Mostrando sus Estados Financieros decían que la mayor parte del flujo neto generado del 2005 al 2008 de US$ 300 millones había sido invertido en el PAMA y otras obras por US$ 281 millones.
Pero como los precios de los minerales se cayeron a fines del 2008, el nuevo flujo ya no alcanzaba para pagarles a los mineros, tampoco el crédito revolvente de los bancos de US$ 100 millones, ni, claro está, las obligaciones del PAMA.
Los argumentos del gobierno los resume la cita de García líneas arriba, a los que agregó: “Según parece acostumbra movilizar a sus trabajadores con la amenaza del desempleo, tomando la carretera para presionar al Estado y lograr que se alargue por otros años la solución ambiental”. La profecía de García se cumplió y el 24 de setiembre murió un trabajador de La Oroya en la toma de la carretera.
¿Por qué el gobierno y el Congreso prefirieron no llegar al 31 de octubre, lo que les hubiera dado, de un lado, más y mejores argumentos para que se cumpla la ley y, de otro, y por lo mismo, que se debilite la posición de una empresa que ha burlado infinidad de acuerdos, incluidos los que suscribió con empresarios mineros y que motivaron su suspensión de la Sociedad de Minería?
No se sabe por qué el gobierno “arrugó”, pero lo más probable es que no se quiere aceptar ante la población que algunas privatizaciones pueden fracasar, por motivos diversos. Así, Doe Run dice que venía cumpliendo religiosamente con el PAMA hasta que la crisis de fines del 2008 hizo que ya no pudiera cumplir.
¡Qué tal cuajo! Imagínense si todas las empresas dijeran lo mismo. Hagamos notar que nunca siquiera se sugirió que el Estado se haga cargo de la empresa mientras encontraba un nuevo postor, lo que hubiera tranquilizado a los trabajadores.
La “arrugada” del gobierno es un pésimo ejemplo para las demás empresas que tienen obligaciones ambientales, a lo cual debemos agregar, sin embargo, que este gobierno tiene varias vigas en los ojos: Bagua, la emisión de azufre de las gasolinas debido a que las refinerías no invierten, etc., etc.
Ahora que Doe Run ya tiene la ley en las alforjas habrá que ver qué sucede con las deudas con los mineros (prepárense, que van a sufrir), las inversiones y las garantías que se van “a negociar”. Si la empresa no cedió un milímetro cuando tenía mucha presión encima y podía perder, ¿qué es lo que va a suceder ahora que tiene los 4 ases en el bolsillo? Eso, eso mismo que ya ustedes se imaginan.
