Valiéndose de ilícitos penales, dos personas habrían inscrito el predio de su propiedad denominado “Piedra Redonda” de 160 Has., a nombre de la compañía Minas Buenaventura S.A.
Pulán, Perú – 06/09/09. El ciudadano Lorenzo Burga Caballero, identificado con DNI. No.. 164234202, denunció en el mes de octubre del 2008, ante el Ministerio Público, a las personas de Raúl Benavidez Ganoza y Luis Alberto Martínez Neciocup, entre otros, por delitos de Asociación Ilícita para Delinquir, Fraude Procesal y Falsedad Genérica, en su agravio.
HECHOS
Que el agraviado Lorenzo Burga Caballero es propietario del predio denominado “Piedra Redonda” ubicado en el distrito de Pulan, provincia de Santa Cruz. En el mes de octubre del 2008 dicha persona se dio con la sorpresa que su propiedad había sido ocupada y cercada con seguridad por la empresa Minas Buenaventura S.A, y que en la misma se disponían a realizar trabajos mineros pues esta comprendida dentro de la zona del Proyecto “La Zanja”.
El mencionado agraviado Burga Caballero procedió a indagar, encontrando que en SUNARP el predio había sido inscrito a nombre de Raúl Eduardo Pedro Benavidez Ganosa, dueño de Minas Buenaventura.
COMO SE HABÍA LOGRADO ESTA INSCRIPCION?
En el 2006 Minas Buenaventura, habría realizado un proceso fraudulento que culminó inscribiendo la citada propiedad en SUNARP. Para lograr tal objetivo, la persona de Luis Martínez Neciosup, un conocido ex trabajador del PETT (1991-2001) [1] que fue captado por la minera en cuestión para actuar como tramitador de la misma, había declarado ante la Agencia Agraria (ex PETT), la posesión del bien “Piedra Redonda” de 160 Has. por parte, nada menos, que de Raúl Benavides Ganosa , sosteniendo que el mismo poseía el predio de manera continua y pacífica por más de 5 años declarando además, que Benavides se dedicaba a “criar dos vacas” en dicho predio.
Para ello también hacía constar como testigos en dicha declaración a cuatro personas Miguel Orlando Barrantes Cruz, Juan Tafur López, Telesforo Coronel Montoya, y Juan Lorenzo Delgado Vásquez, supuestos colindantes de la propiedad.
Esta declaración de posesión presentada en la Agencia Agraria y las declaraciones que allí se hacía, debería ser verificada in situ por esta entidad, sin embargo siendo Martínez Neciosup ex trabajador de esta dependencia se sirvió de sus vínculos amicales para hacer firmar este documento sin ninguna verificación de estos datos, los funcionarios implicados que se prestaron para avalar este registro de manera irregular fueron el Ing. Félix Amadeo Paredes Quiroz, la Abog. Nora Lucía Morales Espinoza y el Ing.
Diego Santa Cruz Gamarra, entonces Director de la Agencia Agraria. Con este documento de posesión, Martínez Neciosup habría logrado inscribir la propiedad a nombre de Raúl Eduardo Pedro Benavides Ganoza ante la SUNARP.
LA DENUNCIA y EL PROCESO JUDICIAL
Descubiertos estos hechos fraudulentos, el agraviado Lorenzo Burga Caballero procedió a denunciar el hecho y la Fiscalía de Chota comenzó las investigaciones de ley, confirmándose en el curso de la misma los ilícitos denunciados, tal posesión de Raúl Benavidez en el predio habría sido falsa, los testigos que aparecían firmando en el documento no eran colindantes y aducen que les fueron falsificadas sus firmas, los funcionarios de la Agencia Agraria aceptan que no cumplieron con su deber de verificar las declaraciones hechas por Martínez Neciosup y que firmaron los documentos por hacerle el favor a este personaje, ex compañero de trabajo..
Por este motivo el Ministerio Público formalizó denuncia ante el Primer Juzgado Penal de Chota a cargo del Dr. Camilo Guerrero Céspedes, quien ha aperturado proceso con mandato de comparecencia contra Raúl Benavidez Ganoza, Luis Martínez Neciosup, los funcionarios de la Agencia Agraria implicados, entre otros, por delitos de Asociación Ilícita para delinquir, Falsedad Genérica y Fraude Procesal.
El principal implicado Benavidez Ganoza en ninguna etapa de la investigación (ni ante la policía, Fiscalía o Juzgado) se ha presentado a declarar, negándose a concurrir a las citaciones, enviando solo a susn abogados, enviando declaraciones vía notarial, o pidiendo incluso que su manifestación le sea tomada en la ciudad capital en tanto él no puede recurrir a declarar.
El Juzgado se ha negado a aceptar estos requerimientos, en tanto se trata de un ciudadano común y corriente que como cualquier otro debe cumplir con los requerimientos de la autoridad y que no debe tener privilegios pues no se trata de un alto funcionario del Estado. La última citación que se le cursó fue para que se presentase este jueves 3 de setiembre pasado en el Juzgado de Chota, citación que también ignoró, por lo que se sabe que el titular del Juzgado le habría cursado una nueva notificación bajo apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza.
Mientras tanto Benavidez Ganoza está presentando una serie de recursos legales para presionar a la autoridad, Habeas Corpus, recurso solicitando el Archivamiento Provisional del Proceso y otros más, pretenden perturbar el curso de la investigación y cuestionar la actuación de las autoridades.
El agraviado Lorenzo Burga solo busca justicia, que no solo se le devuelva lo que ilegalmente le fue arrebatado sino que se sancione estos actos delictivos de los cuales se sirven las empresas mineras para apropiarse de lo que no les corresponde, aprovechando muchas veces la indefensión de la gente pobre.
