El valle de Copiapó se está secando. No se trata de la falta de lluvia propia de una zona desértica, sino que simplemente se consume mucho más que lo que el acuífero recarga naturalmente. Podría ser peor, porque los derechos de agua otorgados cuadruplican esa cantidad. El desarrollo económico simplemente no consideró el factor agua.

Fuente: Centro de Investigación e Información Periodística CIPER
Copiapó, Chile – setiembre 2009. Los agricultores enfrentan serios problemas para regar sus cultivos y las mineras pagan hasta US$ 60 mil por litro/segundo de agua para asegurar su abastecimiento. Gracias a eso, empresarios locales se han embolsado hasta US$ 4 millones por vender derechos que recibieron gratuitamente de parte del Estado. Este verano el consumo humano estuvo en serio riesgo de racionamiento. Las nuevas reservas alcanzan para tres años. Copiapó está en cuenta regresiva.
«Esto no es un espejismo. Entregamos agua en el desierto». El letrero publicitario de Aguas Chañar se levanta en medio del paisaje lunar del camino que une el aeropuerto Desierto de Atacama y la ciudad de Copiapó. Hace tan solo unos meses, el aviso de la empresa sanitaria estuvo a punto de convertirse en una broma de mal gusto. Porque los pozos que hasta el año pasado abastecían a la ciudad, se secaron.

Fue un golpe de suerte que las nuevas perforaciones llegaran a las napas en el primer intento. De lo contrario, el verano pasado se habría racionado en un 50% el suministro de agua para los habitantes de Copiapó. Pero la amenaza no terminó. Ahora hay un nuevo plazo fatal: el agua potable alcanza para dos o tres años si es que no se encuentran nuevas fuentes de abastecimiento. Así de grave. Copiapó sigue en riesgo y aquí todos lo saben. La preocupación recorre desde los gerentes de las grandes mineras trasnacionales hasta el más pequeño de los agricultores.

Esta es la frontera sur del desierto más seco del mundo. Pero a medida que uno recorre los 50 kilómetros que separan al aeropuerto de la capital de la Tercera Región, el panorama empieza a cambiar. Primero aparecen unas manchas verdes a la orilla del camino. Luego arbustos. Y poco antes de llegar a Copiapó, ya se ven espinos, pimientos y plantaciones de olivos. Nos acercamos a un oasis. Pero un oasis en peligro de extinción.

El valle es regado por el río Copiapó. Se alimenta de afluentes que bajan desde los glaciares de la Cordillera de los Andes y solía escurrir a lo largo de 160 kilómetros hasta llegar a las costas del Océano Pacífico. Pero hoy ya no se sabe exactamente dónde termina. La última vez que se lo vio correr de cordillera a mar fue en 1997, luego de una gran lluvia. Actualmente, el paisaje en ciertos tramos es simplemente desolador.

En el centro de la ciudad, las protecciones construidas para contener el lecho del río ocupan un espacio enorme: bien podría correr por allí el río Mapocho en pleno invierno. Está hecho así porque se calcula que cada 10 años llueve intensamente y el cauce se llena. Eso dicen, aunque cuesta creerlo. Porque allí hoy sólo hay basuras, perros vagos y hasta se pueden ver personas y autos circulando. Ni una poza de agua.
La situación podría parecer normal en una ciudad rodeada de desierto, pero no lo es. Acá había un río.

No es posible culpar de su desaparición a los ciclos metereológicos, la mala suerte o San Isidro. Acá hay responsables. Varios. El Código de Aguas y viejas autoridades encabezan la lista. Porque fue la suma de normas y la aplicación de éstas la que permitió que se otorgaran derechos de agua que superan varias veces la capacidad de la cuenca. Los estudios disponibles dicen que ciertos tramos del acuífero no recuperan su nivel normal desde 1988.

Los números son elocuentes: el acuífero recarga naturalmente cerca de 4.500 litros por segundo, pero actualmente se extraen más de 7.000. Casi el doble. Lo más preocupante es que los derechos otorgados cuadruplican la recarga, lo que indica que si todos quienes los poseen intentaran ocupar el agua, el desabastecimiento sería total.

-Si fuera una cuenta corriente, tendrías copada la línea de crédito- grafica el jefe de la división de Concesiones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, José Luis Szczaranzki.
Siguiendo la figura, lo único que puede asegurar el abastecimiento en el largo plazo sería depositar fondos frescos a la cuenta. Inyectar más agua al sistema. ¿Cómo hacerlo? En eso está el debate que cruza Copiapó a todo nivel.

Agua: derecho privado cuestionado

En la mano trae dos libros ajados y con muchos párrafos subrayados. Uno es el Código de Aguas de 1981; el otro, el Código de 1951. Sólo falta el que se dictó en 1969, pero no lo tiene porque lo prestó. Nildo Pedemonte los conoce en detalle, ya que inició su carrera en la Dirección General de Aguas en 1947. «Tengo 16 años. 16 para los 100», bromea este ex funcionario público que ya camina lento, pero no abandona la chaqueta y la corbata.

Se apasiona cuando habla del problema del agua. «Aquí lo que hay es negligencia. Se aplicó mal el Código de Aguas», dice mostrando los volúmenes que dejó sobre la mesa. Cuando se entregaron los derechos -explica-, se consideró a las aguas subterráneas para hacer pozos como independientes del río superficial, aun cuando formaban parte del mismo sistema. Fue como sacar toda el agua de la misma fuente. Y ésta empezó a secarse. «Los errores comenzaron con el código de 1981», asegura Pedemonte abriendo el tomo respectivo.

Es fácil apuntar a la norma dictada durante el régimen de Pinochet. Si bien considera al agua como un «bien nacional de uso público», en la práctica privatizó el recurso. Básicamente permite que cualquiera pueda solicitar derechos de agua, los que se le entregarán sin problema mientras en la cuenca no se hayan decretado restricciones y no choque con los derechos de otra persona. La entrega es gratuita, pero el agua pasa a formar parte del patrimonio del nuevo dueño que la inscribió a su nombre. Un bien como cualquier otro, sujeto a las normas del mercado. Y en Copiapó el mercado del agua está particularmente activo.

Nildo Pedemonte fue director de la DGA de Atacama hasta 1992. Recuerda que hasta 1981 se entregaban mercedes de agua en proporción a los cultivos que desarrollaba cada persona, lo que hacía que el agua estuviera ligada a la tierra y que no se otorgaran más derechos de los que se iban a usar para una actividad en particular. Ese vínculo desapareció con el nuevo código. «Fue una medida nefasta, por cuanto el volumen proporcionado excedía el consumo», cuestiona hoy.

Fue la época en que el valle empezó a llenarse de plantaciones de viñas y las empresas mineras se multiplicaron. La región se desarrollaba. Durante toda la década de los ’80 y hasta comienzos de los ’90, las solicitudes se dispararon. Hasta que los derechos otorgados quintuplicaron la capacidad de la cuenca.

¿Cómo nadie se dio cuenta de que la situación era insostenible?-Yo soy el culpable, porque yo firmaba las resoluciones- admite Pedemonte mirando bien de frente.- Las firmaba porque como director tenía que cumplir con el Código de Aguas.

Él sabía que el valle estaba sobreexplotándose y aunque no pensó que llegaríamos al punto actual, asegura que ya en 1985 la pidió al entonces director nacional de la DGA, Eugenio Lobos, que no siguieran entregando derechos. Dice que su jefe le respondía citando estudios que garantizaban la existencia de grandes volúmenes de agua subterránea. Pedemonte trataba de explicarle que las napas se llenaban con las filtraciones del agua superficial, y que si seguían explotándose, el recurso se agotaría. También argumentaba que ya a fines de los años ’60, la CORFO había hecho estudios que decían que los recursos subterráneos no debían entregarse en forma masiva. Lobos lo contradecía.

La actual directora regional de la DGA, Kattherine Ferrada, reconoce que se cometieron errores, y avala la explicación de Pedemonte: «Si nosotros como DGA hubiésemos dicho no (a la entrega de derechos), nos hubiese llegado una tremenda demanda de todos lados porque no teníamos argumento legal para rechazarlos».

Sólo en 1992, y cuando el problema era ya evidente, la DGA determinó que ante la falta de disponibilidad de agua, no podían seguir otorgándose derechos. Pero el daño ya estaba hecho. El tiempo empeoraría la situación, hasta llegar a un punto insostenible.

La resolución que cerró la cuenca lleva la firma del abogado Gustavo Manríquez, quien encabezó la DGA durante el primer gobierno de la Concertación. Tomó la decisión tras recibir un informe que revelaba que la cuenca era deficitaria. Pero Manríquez exculpa al Código de Aguas de 1981 de los males de Copiapó. Fue uno de los redactores de la normativa y explica que ya desde la época de Bernardo O’Higgins el agua se vendía y que la excepción fue el Código del ‘69, que nació con la Reforma Agraria.

-El argumento (de que no se puede tener más agua de la necesaria para producir) no me gusta, porque querría decir que yo no podría tener ninguna cosa más allá de lo necesario para vivir. Así condenamos al país y dejamos se producir. El punto, es que no se decidió antes cerrar una cuenca que estaba sobreexplotada -sentencia.

Agricultura vs. minería

Copiapó ha sido históricamente una zona minera. Su clima la convierte también en una atractiva área agrícola, donde cada año se origina la primera cosecha frutícula del país. Los años ’80 y los ’90 intensificaron ambas actividades a tal punto, que hoy se culpan mutuamente como las causantes del agotamiento del agua.

Las fotos satelitales muestran a Copiapó como un largo cinturón rodeado de un patchwork en distintas tonalidades de verde. De las 10 mil hectáreas cultivadas, cerca del 70% corresponde a uvas de exportación. Río arriba, las parras desafían la ley de gravedad. Las laderas de los cerros están cubiertas de inclinadas plantaciones.

Hacia ellos apuntan los pequeños agricultores, que río abajo se quejan de que el agua es absorbida en la parte alta y ellos sólo reciben las sobras. El conflicto está instalado y según el gerente de la Junta de Vigilancia que administra el uso de las aguas superficiales del Río Copiapó, Cristian González, seguirá creciendo: «Si tú le entregas los derechos a la gente y ellos pueden seguir creciendo, por qué no lo van a hacer. Si ves que al lado la minería compra derechos y no es tan sustentable e igual los usa, nadie quiere parar. Esta es una guerra en que nadie quiere salir herido.»

Las explotaciones mineras son más de 60 en el valle y constituyen el principal motor de la economía. A nivel regional, esta actividad es la responsable de cerca del 50% del PIB. El seremi de Minería, Ulises Carabantes, sube la cifra a tres cuartos del producto, considerando el impacto indirecto. Una cifra que avalan los empresarios del rubro al recalcar que un metro cuadrado de explotación minera genera una rentabilidad 10 veces superior a la misma superficie utilizada por la agricultura.

En Tierra Amarilla, la comuna de 12 mil habitantes aledaña a Copiapó, ambas actividades conviven a pocos metros de distancia. Un observador distraído podría pensar que los cerros que encajonan al pueblo son iguales a los del resto del valle. Pero una mirada más atenta revela que gran parte de las laderas son artificiales. Son acumulaciones de material estéril de las numerosas faenas mineras.

-Para trabajar en agricultura aquí hay que ser valiente, hay que amar mucho la tierra y luchar contra molinos de viento. Soportar el tránsito de los camiones, las chancadoras y las tronaduras- dice Lina Arrieta, una de las directoras de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó. Lo dice parada junto a la cerca del campo de su madre, donde se ven los restos de un antiguo derrame de relave minero que limita con los cultivos de parras. Alrededor están las faenas de Minera Carola, Ojos del Salado y Punta del Cobre.

Arrieta es una de las dirigentes más combativas de la zona. En 1992 fue una de las que presionó para que se disminuyeran las emisiones de la fundición Paipote, y hoy su lucha está concentrada en el agua. Ha visto cómo el desierto ha ido avanzando mientras sus vecinos venden los terrenos a las mineras. En la zona, el riego es casi exclusivamente con agua superficial, lo que contribuye a que las napas subterráneas se sequen. Ella hizo un pozo de 80 metros que quedó en cero en sólo tres años.

-Recuerdo que el río era la piscina gratuita a la que uno iba. Tenía entre 20 y 30 metros de ancho. Hoy está seco. Me da una angustia tremenda. A los copiapinos eso debió alertarnos, pero todavía seguimos siendo tremendamente irresponsables- dice.

En 2006, un estudio encargado por empresas privadas de la zona a Golder Associates, determinó que el 75% del agua extraída en el valle era usada por la agricultura, mientras que un 13% correspondía a la minería. Un nuevo estudio hecho el año pasado por el experto estadounidense Charles M. Burt -por encargo del gobierno regional- cambió un poco las proporciones. Según sus cifras, la minería es responsable del uso del 31% del agua y la agricultura del 53%.

Quienes culpan a la minería argumentan que ésta usa el agua mucho más intensivamente, mientras que la agricultura riega sólo algunas horas al día y en ciertos períodos del año. Técnicamente, su factor de uso es mucho menor. Eso implica que un mismo derecho agrícola vendido a la minería resulta en la práctica un aumento en el consumo. Además, en los cultivos la tierra absorbe parte del líquido, que vuelve a las napas subterráneas.

La tesis es refutada por el gerente de Medio Ambiente de Minera Atacama Kozán, Ernesto Rojas, una de las explotaciones vecinas a las tierras de Lina Arrieta. Rojas explica que el uso de agua en la minería ha disminuido con las nuevas tecnologías y que el consumo real es bajo. El líquido se reutiliza en los procesos y el concentrado de cobre sólo tiene entre un 3% y un 5% de humedad. Por cada tonelada de cobre extraido se consume un 20% de agua (200 litros).

-Si te comes una uva, te estás comiendo 80% de agua. Nosotros, cuando ocupamos el agua, también se evapora y vuelve al sistema. Lo que se consume es poco en relación a otras actividades. La fruta consume 80%; nosotros 20% -asegura.

El seremi de Minería también rechaza las culpas que se le endosan al sector por la escasez de agua. A diferencia de la agricultura, sostiene Carabantes, todos los proyectos mineros deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo tanto la información es transparente. Los cultivos, en cambio, se multiplican sin que nadie los vigile. El ex director regional de la CONAMA, Plácido Ávila -quien fue removido recientemente por su actuación en un juicio por derechos de agua (ver recuadro)- también cuestiona que la agricultura no fuera sometida a evaluación ambiental y cree que el sector debió ser regulado.

Pero la más radical es la representante de la Dirección General de Aguas, Kattherine Ferrada. Tiene 29 años y apenas se presenta advierte que suele hacer declaraciones políticamente incorrectas. Cumple. Pese a que cree que el tema se ha inflado demasiado, también advierte que la situación actual pone un freno al desarrollo regional:
-La región tiene que desarrollarse, pero hasta qué punto se desarrolla. Si estamos en medio de un desierto, tú no puedes pretender tener un vergel en toda la cuenca. Llega un momento en que tú alcanzas el tope de tu desarrollo porque ya los recursos no te dan para más. En este caso, el agua.
-¿Estamos ya en el límite?
-Yo creo que sí.

Un río que desapareceHombre sobre el cauce seco del rio Copiapó

La oficina de Angelo Gighlino está llena de diplomas del Ejército y fotos en uniforme. Es un militar retirado que, siguiendo una tradición que se remonta a la época en que su abuelo llegó de Italia, se reconvirtió en agricultor tras dejar las armas. Afuera de su despacho se acumulan cajones de tomates y desde la colina más cercana se ve como sus hortalizas crecen verdes y ordenadas. Su campo parece pujante. Pero Ghiglino está en problemas.
El nivel de sus pozos disminuye en forma inusualmente acelerada: un metro por mes. Ha hecho cuatro pozos en los últimos años y en el último le quedan sólo 20 metros de líquido. A medida que el agua se ha hecho escasa, ha debido disminuir la superficie de cultivos. Ya pasó de 60 a 37 hectáreas y cuando su último pozo se seque, tendrá agua superficial para regar sólo 12. «En algún momento voy a tener que parar», vaticina.

Su campo queda al sur de Copiapó, en sector del Pueblo de San Fernando, un poblado agrícola que vive un auge inmobiliario que ya lo conectó con la capital regional. Al norte de la ciudad la situación del acuífero solía ser mejor, pero ya empieza a preocupar. En el sector de Chamonate están las tierras de Cristián Palaviccino, quien concentra sus cultivos en uva pisquera y olivos.

Sus problemas no son muy distintos a los de Giglhino. El agua cada vez le alcanza para regar menos. No puede vivir de la agricultura y los ingresos los obtiene del arriendo de maquinaria. Como presidente de la Comunidad de Aguas de Chamonate ve que a sus vecinos el asunto está empezando a estrangularlos. Cada vez hay que hacer pozos más profundos para extraer el líquido, lo que multiplica los costos en energía para las bombas y hace inviable el negocio. A su juicio, el Código de Aguas de 1981 permitió que se entregaran derechos de papel. Sin agua.

-Pescaron un serrucho y nos están cortando el piso. Detrás hay familias y trabajadores que perderán sus empleos -reclama.

La situación de su comunidad se ve agravada debido a que Minera Candelaria, una de las más grandes de la zona, compró a Aguas Chañar las aguas servidas tratadas. Las mismas que se usan para regar la zona de Chamonate y Toledo. Palaveccino cuenta que la antigua empresa sanitaria -Sendos- hizo pozos que secaron las vertientes que ellos usaban para regar. En compensación, recibieron el uso de las aguas tratadas, que aseguran tener legalmente inscritas. El asunto se ventila en un proceso judicial de alto voltaje en la región ( Ver recuadro ) y pone en riesgo la supervivencia de estos agricultores.
Pero el escenario podría aún empeorar más para quienes cultivan en la parte baja del río. El informe de Charles M. Burt que encargó el gobierno regional advierte que si no se toman medidas para terminar con la sobreexplotación, el primer afectado será el medio ambiente -«el agua dejará de fluir al estuario o se verá disminuida a una cantidad insignificante»- y también los pequeños agricultores del noroeste de la ciudad. Los niveles y la calidad del agua disminuirán hasta un punto en que «los agricultores no podrán sostener la producción agrícola debido al alto costo de bombeo, a la necesidad de profundizar sus pozos, o el agua será de tan mala calidad que los cultivos no crecerán bien».

Ante la evidencia de lo que se avecina, la ciudadanía empezó a organizarse y a presionar a las autoridades para una solución. Se formó la Coordinadora por la Defensa del Agua, apoyada por distintos estamentos sociales que cruzan desde el obispado local hasta la CUT y pequeños empresarios, pero que integran mayoritariamente ciudadanos comunes. Una de las más apasionadas es Vilma Rojas, quien a sus 77 años vive sola en una pequeña parcela en las cercanías de la ciudad. Fue diputada de la Unidad Popular, luchó contra el régimen de Pinochet y hoy vuelca todas sus energías en defender el derecho al agua. Su gran temor es que un día la obliguen a dejar de usar su pozo.

-Yo no voy a dejar a nadie entrar a mi casa a cortarme el agua, ni siquiera a los carabineros. Y si van a entrar a la fuerza, me van a sacar muerta a lo mejor, pero a mí viva no me van a sacar -dice la mujer que ha concientizado a sus vecinos.

El vocero del movimiento es Jorge Godoy, un tecnólogo médico que tiene un pequeño laboratorio en el centro de la ciudad y que hace poco se mudó a una parcela en Piedra Colgada, en los alrededores de Copiapó. Alertado por los pozos que quería hacer Minera Candelaria para llevar agua a 35 kilómetros de ahí, se unió a sus vecinos para protestar.

La organización se integró hace poco a la Mesa del Agua, donde se trabajan una serie de propuestas. «La posibilidad que hay en la cuenca es nacionalizar el agua y reasignar los recursos hídricos privilegiando el consumo humano y, segundo, los pequeños agricultores. Que los proceso industriales trabajen con agua desalada», dice Godoy.

Agua potable contra el tiempo

Si bien desde 2007 la escasez de agua está en el peak de la agenda copiapina, en enero pasado la superintendenta de Servicios Sanitarios (SISS), Magaly Espinosa, generó una gran polémica cuando en un acto público le puso fecha al agotamiento: «La napa sigue disminuyendo y si no encontramos una salida inmediata, la región no va a tener agua para el consumo humano en dos o tres años más».
Los pozos de Aguas Chañar solían descender entre 1 ó 2 metros anualmente, pero el último año bajaron 8,6 metros, encendiendo las alertas de la empresa y las autoridades. Se desplegó un plan de emergencia y se hicieron 10 nuevos pozos, renovando más del 60% de la capacidad de producción. «Fuimos afortunados, porque salió agua de los 10 pozos. Eso no es fácil», admite el gerente general de la empresa, Ramón Cambiaso.

Explica que aunque se supone que ante una sequía el consumo humano es prioridad, en la práctica los derechos de agua no priorizan. Es por eso que sin los nuevos pozos, habría habido racionamiento este verano. Pero la solución es transitoria. Eso explica las declaraciones de la superintendenta. La SISS le pidió a la empresa que buscara fuentes de abastecimiento de largo plazo, las que se están analizando y se mantienen en reserva para no generar efectos no deseados en el competitivo mercado del agua de Copiapó. La situación ha generado millonarias inversiones y por la forma en que opera el actual sistema, es un hecho que terminará impactando en la tarifa.

-Copiapó tiene escasez de agua, mala infraestructura sanitaria y mala calidad del agua cruda. Todos los problemas del sector están en esta zona. Es la región que está colocando al límite el problema y la forma en que se buscan soluciones. Es la región piloto donde se extrema el modelo y se analiza si éste permite salir de la crisis o hay que darle una mirada más estructural- comenta la superintendenta Espinosa.

El mercado de los derechos de agua

Las leyes del mercado dicen que a mayor escasez de un bien, mayor precio. Y el agua en Chile es como un bien cualquiera. El alto precio del cobre impulsó numerosos proyectos mineros en los últimos años, a lo que se sumó, a partir de 2007, la conciencia de que el agua se estaba acabando. Eso gatilló que en Copiapó el precio del recurso hídrico subiera por las nubes y llegara a transarse en millones de dólares. Nada mal, si se considera que los derechos de agua se reciben gratuitamente de parte del Estado.
La crisis ha generado especulación, pero al menos el mercado tiene cierta transparencia. El Conservador de Bienes Raíces de Copiapó guarda el registro de todas las transacciones: quién compró, quién vendió y cuánto se pagó.

Los hijos de Alfonso Prohens, el empresario pionero en la plantación de las uvas de exportación y que también tienen inversiones agrícolas, han hecho suculentos negocios. El 5 de noviembre pasado, Rafael Prohens Espinoza vendió a nombre de Agrícola doña Berta Ltda.. 100 lts/seg a Lumina Copper, la dueña de Minera Caserones. Cobró US$ 40 mil por cada lt/seg, es decir, un total de US$ 4 millones, que a la fecha equivalía a $ 2.782 millones. Su hermano Jaime vendió 80 lis/seg a la misma empresa a US$ 55 mil por cada lt/seg, es decir, US$ 4,4 millones o $2.950 millones. No son los únicos. Por la misma fecha, varios integrantes de la familia Pesenti vendieron derechos a Lumina Copper que suman más de US$ 3,2 millones.

Nelson Pizarro, gerente general de Minera Caserones, asegura que ya terminaron de comprar y que los precios se fijaron de acuerdo a la posición del pozo, pues para la empresa tiene un alto costo transportar el agua hacia la mina. Confirma la existencia de los «corredores» de agua, lo que constató en el proceso de compra, al recibir continuos llamados de ofrecimientos. Según otros ejecutivos mineros, las comisiones de los intermediarios suelen oscilar entre 1% y 5%, pero pueden llegar hasta el 10% de la transacción.

Carlos Araya es conocido por ser uno de los que más sabe de la problemática del agua en Copiapó. Ha trabajado con la Junta de Vigilancia, con la Comunidad de Aguas Subterráneas y actualmente es parte de la Coordinadora por el Agua. Pocos tienen una mirada más clara de cuáles son las fallas del sistema y qué hay que hacer. También ha sido intermediario en operaciones de compra-venta de agua. «Aquí todos corremos agua. Negocios son negocios. Muchos trabajan como intermediarios. Nos preguntan quién tiene agua o te ofrecen que lo vendas, no es un pecado, es un negocio. El tema es que hay sobreotorgamiento», explica.

Lo que preocupa y provoca conflicto en la zona es la continua migración de derechos de aguas agrícolas a la minería. Rodrigo Moreno Prohens, presidente de la Comunidad de Aguas Subterráneas, es uno de los más críticos. «La minería puede comprar todos los derechos de la agricultura, pero cuando se acabe el mineral, la gente va a tener que emigrar de esta zona porque va a quedar puro desierto».
El seremi de Agricultura, Ricardo Santana, también está preocupado por el fenómeno. «La tierra sin agua no vale nada», afirma y cree que si Chile quiere ser una potencia alimentaria no puede descuidar la agricultura.

-Al ser los valores del agua cada vez más restrictivos, lo que se produce como efecto es que la propiedad se concentra en unas pocas manos. En términos de distribución de las oportunidades para el desarrollo eso no es equitativo. Por lo tanto la especulación es un fenómeno que no contribuye a solucionar el problema sino que por el contrario, contribuye a agravarlo- opina Santana.

Pese a los altos precios a los que se transa el agua, todavía hay muchos agricultores que se niegan a vender sus terrenos o derechos de agua a la minería. Uno de ellos es Cristián Palaviccino:
-Yo amo la tierra. No quiero pescar mis maletas e irme aunque sé que puedo ganar más de $300 millones.

El juicio que le costó la cabeza al director de la CONAMA

La estrechez hídrica llegó a tal punto en Copiapó, que ya se están sacando los ojos por el uso de las aguas servidas -ya tratadas- que la sanitaria Aguas Chañar pretende vender a Minera Candelaria.

Planta de tratamiento de Aguas Chañar

La declaración de impacto ambiental que Candelaria ingresó en enero de 2008, en realidad contemplaba la extracción desde pozos en el sector bajo y un acueducto de 35 kilómetros hasta la mina. Se argumentó que así se disminuía el stress de la zona de Tierra Amarilla, la más afectada por la sequía. Ahí están los pozos activos de Candelaria y es también el lugar desde donde se extrae el agua potable.
Pero los vecinos de los nuevos pozos se organizaron para reclamar. La posibilidad de extraer agua de un sector de la cuenca para ocuparlos en otro es uno de los grandes cuestionamientos al sistema.
Ante la polémica, Minera Candelaria modificó los planes y ofreció utilizar el agua tratada por la empresa sanitaria. A primera vista era una solución casi ecológica, pero los agricultores de Chamonate y Toledo ya estaban usando esas aguas para regar sus tierras y la rechazaron. Aseguran tener derechos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.

Según reconoce el entonces director regional de la CONAMA, Plácido Ávila, nadie analizó si los regantes tenían derechos constituidos, pues no les correspondía pronunciarse respecto a la propiedad del agua que estaban autorizando transportar. La directora de la DGA confirma que no se han estudiado los supuestos títulos y cree que es buena idea que sean los tribunales quienes diriman el tema de la propiedad.
Además de la controversia por la propiedad de los derechos, en la ciudad muchos reclaman por que les cobran mensualmente por el tratamiento del agua y ahora la sanitaria recibirá dinero por venderla. De todos modos, la empresa no sólo obtendría utilidades del negocio, sino que éste debiera tener cierto impacto positivo en el precio cobrado a los usuarios.

Durante la tramitación ambiental, la SISS avaló la legalidad de la transacción -Aguas Chañar tiene derecho a vender el agua tratada-, pero al mismo tiempo hizo ver que era necesario hacer un estudio que demostrara que no había impacto ambiental. Fue sólo una recomendación, pues este organismo no tiene derecho a voto en la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA).

Ahí la tramitación tampoco fue fácil. Aunque Candelaria ingresó el proyecto al sistema en forma voluntaria, varios de los servicios estimaron que dada la estrechez hídrica ameritaba un estudio de impacto ambiental y no una mera declaración.

La primera reunión, citada para el 25 de agosto, debió suspenderse antes de la votación, pues el proyecto corría riesgo de rechazo. De acuerdo al acta, la Intendenta Viviana Ireland argumentó que «no quiere que se presente un reclamo ante el Comité de Ministros o Dirección Ejecutiva por no ajustarse a la legalidad vigente. Prefiere suspender la votación para que se precisen los fundamentos de los servicios».

Dos días más tarde, el director de la CONAMA, Plácido Ávila, debió desplegar todo su poder de convencimiento para instar a sus colegas a votar a favor de la iniciativa. Su principal argumento fue un informe de la DGA que decía que «no hay un litro más por segundo comprometido y que para el caso en particular puede haber un mejoramiento y que para la cuenca en general no hay impacto significativo».
El más duro fue el seremi de Agricultura, quien estimó que el proyecto debía rechazarse pues «no se sabe si producirá efectos negativos (…) y no se subsanaron errores, omisiones o inexactitudes». De todos modos el proyecto se aprobó con 13 votos a favor y 5 en contra.

Pero el asunto saltó a los tribunales de justicia, ya que los agricultores presentaron una demanda de nulidad de derecho público por estimar que correspondía la presentación de un estudio de impacto ambiental. Ganaron el primer round formal. La CONAMA regional decía que no le correspondía comparecer en el juicio a nombre de la Corema, lo que fue rechazado.

Todavía no se llegaba al fondo del asunto cuando el juicio se vio envuelto en una polémica. El abogado de los regantes y candidato a diputado independiente, Miguel Quintana, denunció públicamente que un escrito presentado por Minera Candelaria era exactamente igual que uno ingresado por la CONAMA. Al compararlos, es evidente que son idénticos (salvo las 4 últimas páginas que la empresa añadió) y que fueron hechos por la misma mano. A juicio de Quintana, parece haber coordinación entre la autoridad y la empresa y «los antecedentes hacen suponer que esto viene de antes».

En medio de la tormenta, el 24 de junio pasado el director de la CONAMA Atacama recibió a CIPER en Santiago, consciente de que en cualquier momento debería viajar a Copiapó porque las cosas estaban complicadas. «De acuerdo a los antecedentes de la CONAMA, el escrito lo redactó el abogado», dijo entonces, junto con asegurar que no había visto los documentos. Veinticuatro horas más tarde, Ávila y el abogado eran removidos de sus cargos en medio de fuertes cuestionamientos.