El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú ordenó hoy el bloqueo de las cuentas bancarias de los municipios de la provincia de Islay, en la región de Arequipa, al sur del país, donde las protestas contra el proyecto cuprífero Tía María, de la minera mexicana Southern Copper, ya dejan 3 muertos y más de 200 heridos. A la vez, por la Resolución Suprema N° 109-2015-IN, el Ejecutivo prorroga la presencia de las Fuerzas Armadas en las regiones de Arequipa, Puno y Madre de Dios, del 17 de mayo hasta el 15 de junio.
Fuente: EFE
El ministerio señaló en un comunicado que se trata de una suspensión temporal de las operaciones bancarias a petición de la Contraloría que hoy alertó sobre “el riesgo de que las municipalidades se encuentren financiando el paro contra el proyecto minero”.
El bloqueo afecta a la Municipalidad Provincial de Islay y a las municipalidades de los distritos de Punta de Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra, donde hoy hubo un nuevo altercado que dejó siete policías heridos.
El Ministerio de Economía argumentó que el bloqueo se realizó bajo la ley 30115, que permite “la suspensión temporal de operaciones de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalentes donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos”.
El bloqueo no afecta a las operaciones destinadas a los pagos del personal de la administración, cargas sociales, pensiones, seguros y servicios públicos básicos, entre otras operaciones habituales.
Algunos de los alcaldes de las municipalidades afectadas se manifestaron en contra del proyecto minero y participaron en un diálogo con el Gobierno, frustrado en dos ocasiones en las últimas semanas.
A través de la Resolución Suprema N° 109-2015-IN, el Ejecutivo prorroga la presencia de las Fuerzas Armadas en las regiones de Arequipa, Puno y Madre de Dios, del 17 de mayo hasta el 15 de junio.
¿Cuál es la razón de la medida? Según explica la agencia Andina esta responde a la necesidad de asegurar el control interno y evitar actos de violencia por movilizaciones promovidas por la minería ilegal.
Aunque es evidente que en las tres regiones existe esta práctica al margen de la ley (especialmente en Madre de Dios), resulta extraño (por decir lo menos) que el Gobierno amplíe la presencia del Ejército en Arequipa bajo este motivo.
Actualmente, en esa región se vive una crisis social y política a raíz del rechazo al proyecto minero Tía María (a cargo de la empresa Southern Copper). Dicho de otra manera, la minería ilegal no es foco del problema.
Recordemos que el rechazo de un sector de los arequipeños se debe a que no confían en que las observaciones del primer Estudio de Impacto Ambiental (establecidas por la UNOPS) hayan sido corregidas de todo.
La ampliación de la presencia militar se apoya en el Decreto Legislativo N° 1095 que establece las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
El Título III de dicho decreto indica que las Fuerzas Armadas podrán intervenir ,excepcionalmente, en apoyo de la Policía Nacional en cuatro situaciones (puedes leer un artículo sobre este tema aquí):
1. Narcotráfico
2. Terrorismo
3. La protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país.
4. Otros casos constitucionalmente justificados en que la capacidad de la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno, sea previsible o existiera el peligro de que esto ocurriera.
Ahora bien, tras 53 días de paro en la provincia de Islay, conviene preguntarse si la presencia de los militares ayudará a apaciguar los ánimos en el sur del país. ¿No es tiempo, acaso, de que el presidente Humala viaje a Arequipa? Tal como lo hizo en el 2011 cuando era candidato.
Los disturbios violentos se repitieron hoy en la zona de Cocachacra, donde un nuevo altercado dejó siete policías heridos, según reportó a Radio Programas de Perú (RPP) el general Enrique Blanco.
Los campesinos del Valle de Tambo mantienen en Islay un paro indefinido desde el 23 de marzo para pedir la cancelación del proyecto minero, al considerar que la explotación cuprífera perjudicará a la agricultura de la zona.
Los líderes de la protesta ratificaron el lunes que continuarán con la huelga, a pesar de que durante el fin de semana el Gobierno ordenó la militarización de la provincia.
Southern Copper, filial del Grupo México, anunció el pasado 27 de marzo que seguirá desarrollando el proyecto, horas después de que su portavoz oficial en Perú informara su cancelación por lo que definió como “terrorismo antiminero”.
Southern contempla la inversión de unos 1.200 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
