Se presentó un informe de la red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindadd, acerca de Minera Yanacocha y el papel de instituciones como el Banco Mundial, que tiene participación en esa minera. La investigación encontró que la minera Yanacocha –propiedad de Newmont, la peruana Buenaventura y el IFC- ha utilizado subterfugios contables para reportar pérdidas en sus cuentas para evitar pagar impuestos al estado peruano durante el año 2013.
Fuente: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
Durante los días 29 y 30 de abril se llevó a cabo en Lima, Perú un evento organizado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Nueva York, la Tax Justice Network, con el apoyo de la Alianza Global por la Justicia Tributaria, Oxfam y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Allí, se presentó el informe de la red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindadd, acerca de Minera Yanacocha y el papel de instituciones como el Banco Mundial, que tiene participación en esa minera.
“Las instituciones financieras y su rol en la política tributaria”
En el marco de la conferencia Advancing Tax Justice Trought Human Rigths realizada en Lima se presentó en uno de los paneles el estudio elaborado por LATINDADD sobre el fraude tributario de una de las mineras de oro más grandes del mundo. La investigación encontró que la minera Yanacocha –propiedad de Newmont, la peruana Buenaventura y el IFC- ha utilizado subterfugios contables para reportar pérdidas en sus cuentas para evitar pagar impuestos al estado peruano durante el año 2013. Además se ha encontrado que durante sus 20 años de operación ha eludido pagar impuestos utilizando costos inflados en sus estados financieros.
Lo más escandaloso es la incorporación en sus cuentas de un rubro denominado “Deterioro de activos de larga duración” donde la empresa carga costos por poco más de US$ 1,000 millones atribuidos, entre otras cosas, a las inversiones realizadas en el proyecto Conga, el que actualmente está paralizado debido a las protestas de la población por los potenciales impactos sociales y ambientales.
La historia se ha repetido en el 2014 en que se han cargado unos $540 millones por el mismo concepto, lo que ha generado que la empresa obtenga supuestas perdidas por casi 1,000 millones en solo 2 años.
Esto plantea no solo un hecho grave ante la reducción de los ingresos en las arcas fiscales, sino principalmente el impacto que esto tiene en la realización de los derechos de las personas debido al comportamiento fraudulento de la empresa con el aval de la administradora tributaria y de una institución como el Banco Mundial.
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