Defensor adjunto anota que, por ejemplo, la comunidad campesina de Cañaris debería ser un primer lugar de consulta. La Defensoría del Pueblo reveló que le ha recordado al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la importancia de realizar el proceso de consulta previa en el ámbito minero.

Fuente: Gestión
Precisó que, por ejemplo, la comunidad campesina de Cañaris, en Lambayeque, sería una de las zonas donde debería darse este proceso.

“Se trata de una comunidad que forma parte del pueblo indígena quechua, tiene derechos colectivos, como la tierra, y, por lo tanto, está sometida a las reglas que establecen las normas sobre pueblos indígenas, e incluye, entre otros derechos, la consulta previa”, declaró Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría.

Retraso

Lanegra explicó que un primer elemento para que hasta ahora no se haya realizado un proceso de consulta previa en una zona minera andina es el retraso en la publicación de la base de datos de las comunidades campesinas, en particular, las quechuas.

En entrevista con Consultape.com, comentó que se debe tener en cuenta que estas comunidades están ubicadas en las zonas de mayor desarrollo minero, sobre todo “donde está la mayor cantidad de proyectos que pueden ser objeto de exploración, y que, por tanto, son aquellos donde podría haber consultas”.

Procesos judicialesLanegra anotó que el Ministerio de Cultura no habría cumplido con su tarea al no haber completado la publicación de la base de datos de pueblos indígenas.

“Esto debe corregirse en la brevedad. Hay que recordar que el Ministerio de Cultura tiene un rol muy claro en la rectoría del tema de consulta, tiene un rol de segunda instancia para definir dónde se requiere consultas”, subrayó.Agregó que “es posible que en determinados casos terminemos con procedimientos judiciales-administrativos que obliguen a llevar a cabo la consulta. Sin embargo, estos mecanismos no deberían ser la regla, sino la excepción.

En corto

Saldo de conflictos. Los conflictos sociales van dejando en marzo dos muertos y 92 heridos, según un reporte de la Defensoría del Pueblo. El saldo de heridos se dio durante las protestas contra la empresa Electro Sur Este (Apurímac) y contra el proyecto minero Tía María en Arequipa. Los muertos fueron por el caso Andahuasi.