Los grandes medios peruanos que reflejan los intereses empresarios y del gobierno, repiten la mentira que ha difundido el gobierno de Perú. Reproducimos el artículo que reflan dos de esos medios de prensa. Ente supranacional remarcó que un pedido de ese tipo no corresponde a sus competencias. No obstante, la CIDH sí admitió el pedido en torno a resguardar la integridad de las personas opuestas al proyecto.
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Fuentes: Diario 16 y el Comercio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la medida cautelar presentada por diversas organizaciones para que se dejen sin efecto legal las licencias y derechos otorgados a la empresa minera Yanacocha para ejecutar el megaproyecto minero Conga. Así lo informó el Ministerio de Justicia (Minjus).
La resolución 9/2014 menciona que el pedido de los antimineros no es una materia que corresponda ser analizada mediante una medida cautelar ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
En su alegato de defensa, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Minjus señaló que, de acuerdo con las competencias reconocidas a dicha commisión, la vía de las medidas cautelares “no constituía el espacio para analizar las pretensiones formuladas por los peticionarios” en torno a una supuesta violación de derechos de un grupo determinado.
Además, el gobierno buscó dejar en claro los esfuerzos orientados en armonizar el legítimo interés de los peruanos en el aprovechamiento de los recursos naturales con la tutela de los derechos de las personas o comunidades “que pudiesen considerarse afectadas por este tipo de actividades”.
PROTEGER LA VIDA
Las organizaciones demandantes también solicitaron la adopción de medidas para proteger la vida e integridad de personas opuestas a la realización del proyecto minero Conga.
Debido a que este extremo fue acogido por la CIDH, su resolución ha sido puesta en conocimiento del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, se informó.
El proyecto minero Conga, ubicado en la región Cajamarca, es rechazado por un sector de la población y autoridades de esa zona del país quienes afirman que sería perjudicial para el ecosistema y para las reservas de agua.
