José de Echave Cáceser, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, e investigador de la ONG CooperAcción, presentó el libro “Más allá de Conga” –en coautoría con Alejandro Diez–en un intento de plantear reformas pendientes para el desarrollo de una nueva minería en el país a partir del conflicto socioambiental de mayor impacto político y mediático en el Perú en los últimos años.
Fuente: Celendin Libre
Usted fue viceministro de Ambiente del primer gabinete del presidente Ollanta Humala, que luego cae por el conflicto entorno a Conga, ¿Qué lecciones recoge sobre este caso?
Conga ha sido un caso emblemático, dos gabinetes comprometidos, pero se debe destacar la creación de una comisión multisectorial destinada a mejorar las condiciones en las industrias extractivas y quizá una primera reforma que deriva de ella es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).
¿Lo considera un avance?
SENACE busca transitar el camino de romper la gestión ambiental donde cada ministerio es la autoridad ambiental de su sector. El Ministerio del Ambiente (Minam) no es la autoridad ambiental y en esa dirección la única reforma tímida es el SENACE.
Se necesita de mucha voluntad política para aplicar reformas, ¿cree que el gobierno la tiene?
Yo creo que sí hay voluntad política para avanzar en reformas sustantivas, pero algunas competencias son del Ejecutivo y otras del Legislativo.
Los conflictos sociales vinculados a la minería no son nuevos en el país, pero se dice que Conga debe marcar un antes y un después…
El país tiene que saber sacar lecciones de su conflicto emblemático. Por eso lo que tratamos de identificar en la publicación es una agenda legítima detrás de los conflictos que tiene que ser atendida. La intención es sistematizar y por eso el libro se llama Mas allá de Conga porque es un análisis del caso y lo que plantea al Perú como reflexión en términos de institucionalidad y de políticas públicas.
¿Y qué plantea en términos de institucionalidad?
Hoy tenemos una institucionalidad todavía precaria que goza de enorme desconfianza de parte de la población. El Minam es buen ejemplo de eso, una institucionalidad en proceso de construcción que necesita tener todas las competencias de una autoridad ambiental en cualquier parte del mundo .
¿En cuanto a políticas públicas?
Las políticas públicas son herramientas y en la actualidad la herramienta que permite aprobar o desaprobar un proyecto minero son los EIA, pero el tema es que existen en el país hace 20 años y no se han actualizado. Incluso organismos como el Banco Mundial los consideran una herramienta desfasada que necesita modernizarse y responder a mejores estándares internacionales.
¿Cuál es el problema?
Los EIA tienen un problema, entre otros, porque se aprueban uno por uno, pero qué pasa cuando en una zona existen varios proyectos mineros. Entonces hablamos de impactos acumulativos y allí el EIA ya no funciona porque se necesitan evaluaciones ambientales estratégicas que permitan medir los impactos acumulativos.
Volviendo a Conga, el proyecto está paralizado, pero el conflicto no ha desaparecido…
Para utilizar los criterios de la Defensoría del Pueblo, se trata de un conflicto latente, y que lo que ha pasado en el Perú en los últimos 20 años, y en el mundo, en torno a conflictos sociales, muestra que para que un proyecto minero sea viable tiene que construir por lo menos 4 viabilidades: la técnico-productiva, la financiera, la ambiental –que en teoría se construye a partir de estos instrumentos que insisto no están actualizados–, y la social. Si un proyecto no tiene viabilidad social la casuística muestra que los proyectos no van.
Pero el empresario Roque Benavides no entiende la licencia social, le basta con los permisos del gobierno…
El concepto de licencia social es generado por la propia industria. Le recomendaría que lea los documentos del Consejo Internacional de Minería y Metales, que agrupa a las principales mineras globales. Allí está muy claro en qué consiste la licencia social.
¿Qué tanto puede influir la consulta previa en los conflictos?
No hay remedios milagrosos, pero creo que el derecho a la participación ciudadana es un elemento importante que forma parte de la canasta de reformas necesarias, pero al parecer no hay interés en el tema, el padrón de pueblos indígenas se posterga permanentemente.
