El presidente panameño, Ricardo Martinelli, sancionó hoy la reforma al Código Minero, pese al rechazo de los ambientalistas y los indígenas, en cuyos territorios se encuentran los principales yacimientos.

Fuente: EFE

11/02/2011. Un comunicado de la Presidencia panameña destaca que con la nueva ley se aumentarán los aportes de las empresas mineras a las comunidades, a los municipios y al Estado, además de abrirse la posibilidad a la creación de nuevos puestos de trabajo.

La nueva normativa, vigente a partir de la fecha, establece un aumento en la regalía, cánones, tasas y multas para que las comunidades y comarcas aledañas a las concesiones mineras reciban mucho más de lo que permitía el Código de 1964, según la fuente.

«Ahora Panamá contará con normas de respeto y responsabilidad del medio ambiente, ya que se establece como condición obligatoria que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros deberá incluir el impacto social, tomando en consideración las características culturales de la población afectada», apunta.

La regalía por extracción de cobre, oro y plata subió de 2% al 5%, que será repartido el 40% a las comunidades y comarcas colindantes con las concesiones, para invertir en obras de infraestructura y programas de desarrollo social.

El otro 40% lo recibirá el Estado y el 20% restante irá al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.

El nuevo Código pone un alto a la minería ilegal con multas de hasta 250.000 dólares para los que se dediquen a la exploración y extracción sin contar con la autorización y el decomiso de los minerales extraídos, transportados o beneficiados, acota.

Las fianzas en las concesiones de exploración también son mayores con el nuevo Código: aumentaron de 10 centavos de dólar por hectárea a 50 dólares.

«Otro de los puntos sobresalientes de este nuevo Código es que las corporaciones privadas en concesión no podrán nunca dar garantías sobre los terrenos concesionados», aseguró la Presidencia.

Los líderes de la etnia Ngabe Bugle, que vive en la comarca del mismo nombre en el occidente del país, se oponen a la explotación de los ricos yacimientos de cobre de Cerro Colorado, el segundo más grande del mundo, por el riesgo de contaminación de los acuíferos, la deforestación y el temor al desplazamiento de sus tierras.

Unas 70 organizaciones ambientalistas panameñas y extranjeras han rechazado la reforma al Código Minero aduciendo los graves daños al medioambiente que ocasionará la explotación de minerales a cielo abierto en un país de clima tropical lluvioso como Panamá.

Los sindicatos y organizaciones estudiantiles, principalmente de izquierda, rechazan la reforma porque introdujo la posibilidad de que otros Estados, por medio de sociedades anónimas mixtas, puedan participar en los proyectos de explotación minera en Panamá.

La reforma minera se aprobó ayer por amplia mayoría en el tercer y último debate de ley por la Asamblea Nacional, controlada por la alianza de Gobierno, mientras una delegación del Ejecutivo comenzó reuniones con los caciques de la comarca Ngabe Buglé para explicarles las bondades de la enmienda.

Durante la semana de debates en el parlamento se produjeron protestas en diversas partes del país, varias de ellas derivaron en enfrentamientos con la policía antidisturbios con saldo de heridos y detenidos, que ya fueron liberados.