Sectores de la población, en diversos puntos de la geografía nacional, manifiestan honda preocupación por el impulso que la actual administración gubernamental presta al desarrollo de la actividad minera en nuestro país.
Experiencias vividas, como la de Petaquilla Gold, en septiembre de 2010, donde los moradores del área denunciaron la muerte de peces y otras especies acuáticas debido a la contaminación de las aguas por desbordamiento de químicos (cianuro) de las tinas de lixiviación, evidencia los riesgos a que se expone la vida humana.
Organizaciones ambientalistas, indígenas y campesinas, entre otras, han realizado protestas, en procura de hacer reflexionar al gobierno, sobre los impactos negativos que la explotación minera causa a los asentamientos poblacionales y al medio ambiente.
El gobierno argumenta que el impulso de la actividad minera aportará grandes beneficios económicos a nivel nacional que se reflejarán en oferta de mano de obra y mayor generación de ingresos, por pago de tributos y localmente la prestación de servicios y comercios se verá robustecida.
Según informaciones suministradas por el Ministerio de Comercio e Industrias, existen en Panamá más de 200 iniciativas de extracción minera, entre ellas cobre, oro y plata. Se conoce el interés de consorcios nacionales y transnacionales por incursionar en la búsqueda de petróleo. Investigaciones realizadas por The Nature Conservancy, revelan que más del 44% del territorio nacional se encuentra en gestión para el otorgamiento de concesiones mineras.
Entre las concesiones mineras próximas a explotarse se encuentran: Cerro Quema (Tonosí, Los Santos), para la extracción de oro y plata; así como la intensión de otorgar permiso de extracción para los grandes depósitos de cobre, localizados en Cerro Colorado, comarca Ngöbe-Buglé, en la provincia de Chiriquí.
No es la primera vez que se intenta explotar la mina de Cerro Colorado. En la década del 70 el gobierno de Omar Torrijos intentó abrir paso a la extracción minera de esta área. La iniciativa se frustró debido a la resistencia de la población Chiricana, quien veía en peligro la biodiversidad de su entorno. A la creciente resistencia y protestas, se suma la Conferencia Episcopal Panameña. Es inminente el peligro que se cierne sobre la calidad de vida y el deterioro del ecosistema de las áreas donde exista explotación minera. Mientras el interés gubernamental es promover la industria de la minería.
La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional informó que iniciará discusiones para reformar el Código de Recursos Minerales. Es imprescindible poner en una balanza los costos / beneficios y consecuencias a corto, mediano y largo plazo que la actividad minera traerá a nuestro país. Debemos tener conciencia de que de nada nos sirve ese crecimiento económico, si es pan para hoy y hambre para mañana.
De darse las reformas al Código de Minería, deben ser profundas y objetivas, de cara al pueblo, es innegociable la protección de nuestras cuencas hidrográficas, áreas protegidas y reservas forestales. Se pudiera estar jugando con la salud y los medios de vida.
LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ*
diostesalvepanama@yahoo.com*ECONOMISTA Y EDUCADORA
