Los choques entre policía e indígenas panameños opuestos a la reforma del código minero azuzaron el temor a un estallido social si el Congreso aprueba el proyecto del presidente Ricardo Martinelli, que busca impulsar la inversión extranjera, y que rechazan estudiantes y ecologistas. “No se va a hacer nada que tenga que ver con destruir el ambiente y los ríos, lo único que se está buscando es que el Estado tenga más recursos”, dijo Martinelli al canal Telemetro.

Sin embargo, el número de protestas en el país se multiplican y aumentan en beligerancia, como los enfrentamientos ocurridos el martes en los predios de la Universidad de Panamá, donde policías y estudiantes se enfrentaron violentamente, dejando un balance de al menos ocho heridos.

“Salimos nuevamente a la calle para expresar nuestro profundo rechazo a la propuesta nefasta de insistir en aprobar las modificaciones al código minero”, dijo a la

AFP Boris Sánchez, vocero del Bloque Popular Universitario.

El lunes, policías y centenares de indígenas chocaron también en San Félix (suroeste), donde 19 personas fueron detenidas y una docena resultaron heridas, entre ellos niños, por balas de goma e inhalación de gases lacrimógenos.

“Hay personas que quieren aprovecharse de la situación para causar caos y causar el malestar en la población”, aseguró Martinelli.

“El gobierno de Ricardo Martinelli no entiende que las cosas se tienen que consultar y que las leyes no se pueden pasar por encima de la población”, dijo a la AFP el líder opositor Mitchel Doens, del Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata).

El gobierno presentó al Congreso, de mayoría oficialista, una propuesta de reforma a un código minero de 1963 que busca atraer a multinacionales mineras, principalmente de Corea del Sur, Singapur y Canadá, que ya mostraron interés por el negocio en Panamá.

Sus defensores alegan que la minería podría convertirse en la segunda fuente de ingresos del Estado, por detrás del canal de Panamá, que aporta cerca de 800 millones anuales al fisco.

Además, se duplicarían las regalías y aumentarían las multas por contaminación y las compañías beneficiarias invertirían en obras sociales en comunidades de extrema pobreza donde la mano del Estado a veces no llega.

Esos argumentos no convencen a amplios sectores sociales y políticos, que temen un estallido de la violencia como el desatado en julio en Changuinola (noroeste) contra las reformas al código de trabajo, donde al menos dos personas murieron y centenares resultaron heridos.

“Lo que más nos preocupa es que se repitan hechos violentos con detenidos y muertos como en Changuinola”, dijo a la AFP el dirigente del opositor Partido Popular (democristiano), Anibal Culiolis.

“Esto es más de lo mismo. Más bala y más perdigones y estoy percibiendo que esto se le puede volver a salir de las manos al gobierno”, dijo Doens.

“El gobierno tiene la receta perfecta para cocinar lo de Changuinola y está utilizando los mismos ingredientes: la indiferencia y la represión”, dijo a la AFP Raisa Banfield, de la ONG Fundación Panamá Sostenible.

Según diversos sondeos y encuestas, la mayoría de panameños rechaza las reformas al código minero, al entender que una mayor actividad minera sería fatal para el medio ambiente y supondría la cesión de la riqueza que hay en los territorios indígenas a compañías extranjeras.

“La reivindicación de nosotros es defender nuestros territorios de la minería hasta las últimas consecuencias”, advirtió Pedro Rodríguez, presidente de la Comarca Indígena Ngöbe-Buglé.

“A estos sectores de la mafiocracia que gobierna el país, lo que les interesa es amarrar sus negocios y la venta de los recursos naturales y reprimir al pueblo panameño”, dijo a la AFP el líder sindical Saúl Méndez.
Según grupos ambientalistas, el 40% del territorio panameño está sometido a solicitudes de concesiones mineras.

“Es sencillo, si actualizamos el código que tiene 50 años todos ganamos y si no la minería seguirá igual como hasta ahora pero con menos aportes y menos controles y todos perderemos”, dijo el ministro de comercio Roberto Henríquez.