En Baja California Sur,16 empresas utilizarían métodos prohibidos en diversos países para la extracción del metal.
Fuente: diario Excelsior
15/05/2011. En el corazón de Baja California Sur está la Sierra la Laguna, una reserva de la biosfera que está en riesgo de convertirse en cráter con cianuro si la Minera Paredones Amarillos —ahora Concordia—, propiedad de la estadunidense Vista Gold , soluciona un asunto de propiedad de la tierra y se le permite extraer oro a cielo abierto.
Para algunos, Concordia es la primera roca de una avalancha de 16 mineras que tienen concesiones en la entidad y pretenden extraer oro a cielo abierto, técnica prohibida en Costa Rica y Alemania por los riesgos de contaminación del agua, por el uso de miles de toneladas de cianuro.
Otra de esas mineras en Baja California Sur es Compañía Minera Pitalla SA de CV, propiedad de la empresa de capital estadunidense Argonaut Gold, que ya realiza exploraciones en un área de más de 46 mil hectáreas, a un lado del pueblo San Antonio.
“Estamos cambiando un paraíso, Baja California Sur, un oasis boscoso en medio del desierto a cambio de espejitos —el oro—, pues la actividad minera genera pocos empleos y es altamente contaminante”, advierte a Excélsior Agustín Bravo Gaxiola, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en La Paz.
Hasta junio de 2009 había 263 mineras extranjeras en México realizando 677 proyectos; 64% corresponden a la extracción de oro y plata. Ocho por ciento en fase de explotación y el resto en exploración. El 75% son mineras canadienses —algunas registradas en Canadá con capital estadunidense— y 15% de Estados Unidos, de acuerdo con el Resumen de Indicadores Básicos de la Minería 2009.
En México las mineras extranjeras no pagan ni un peso de sus utilidades al gobierno, sólo erogan un impuesto de 5.08 pesos por hectárea de la que extraen el metal —impuesto semestral— los primeros dos años, y el máximo que llegan a pagar es 111.27 pesos por hectárea cuando llegan al onceavo año de la concesión.
Reserva de la biosfera
Llegar a la Sierra la Laguna es una hazaña que sólo puede lograrse a bordo de un vehículo de 4×4; allí sorprenden a la vista los cactus gigantes, la pitaya y el cardón y, con un poco de suerte, la frenética carrera de un correcaminos.
Es una zona que alberga al único bosque de pino-encino de Baja California Sur, hábitat del coyote, puma y 40 especies de reptiles. En 1994 fue decretada reserva de la biosfera, por el ex presidente Carlos Salinas, y el decreto prohibía verter sustancias tóxicas en el suelo o el subsuelo, pues allí está el principal manto acuífero del estado.
A pesar de eso, en 1997 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) —responsable de los permisos— le otorgó a la empresa Ecobay la autorización ambiental para explotar oro en Sierra la Laguna, con el proyecto Minera Paredones Amarillos. La empresa obtuvo también la concesión de explotación de la Dirección General de Minas, de la Secretaría de Economía.
“A mí me tocó revisar el Estudio de Impacto Ambiental (MIA) que presentó la minera en 1997 para obtener la autorización, era jefe de la oficina de Impacto Ambiental, lo que más me preocupaba era que la presa de jales —alberca donde se colocan los desechos tóxicos de la mina— se iba a construir a 11 metros del cauce del río y una crecida podría arrastrar los desechos”, dijo Mario Rodríguez.
Presentó un informe sobre el riesgo; sin embargo, la entonces Oficina de Impacto Ambiental autorizó el proyecto minero “fue un proyecto autorizado al vapor”, denunció. Pero a fines de los años 90, una caída en los precios del oro hizo que Ecobay dejara el país y vendiera su concesión de Minera Paredones Amarillos, a la empresa Vista Gold.
Presión de Cofemer
En 1998, Mario Rodríguez fue nombrado director de la reserva de la biosfera Sierra la Laguna y empezó a redactar el programa de manejo: “en el texto original del programa habíamos prohibido la extracción de oro a cielo abierto, pero hubo presión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), que nos dijo que eso sería sobrerregular y no pudimos prohibirla”.
En 2004 Sierra la Laguna pasó a formar parte del selecto grupo de reservas del Hombre y de la Biosfera, de la UNESCO.
En 2008, los precios del oro se fueron a las nubes, superaron los mil dólares la onza y la minera Vista Gold —que le había comprado su concesión a Ecobay— llegó a México dispuesta a extraer oro de la reserva.
Un año antes, la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental, de la Semarnat, renovó la autorización ambiental para extracción de oro a cielo abierto que había emitido en 1997 en favor de Minera Paredones Amarillos.
Excélsior buscó al director general de Riesgo e Impacto Ambiental, Eduardo González Hernández, quien destacó que desde el año 2000 se renuevan las autorizaciones de impacto ambiental cuando el responsable de un proyecto lo solicita: “es como cuando a una persona se le vence la licencia de manejo: ya no le vuelves a hacer examen de manejo” dijo.
¿Y el cianuro?
Sin embargo, hay una serie de características del proyecto que han provocado la angustia de ciudadanos sudcalifornianos, en la MIA la minera señala que usaría 15 mil 500 kilogramos de cianuro diario mezclado con millones de litros de agua: “si eso se va al acuífero, eso arruinaría el futuro de muchas generaciones, pues el área de la mina es el área de recarga de los acuíferos”, advirtió Juan Ángel Trasviña Aguilar, de la organización Medio Ambiente y Sociedad, AC.
Cuestionado sobre el riesgo, Héctor Araya, representante de Minera Paredones Amarillos —que en 2010 se cambió el nombre a Concordia— dijo: “nosotros nos encontramos en un cauce distinto a todos los otros cauces —del manto acuífero—, entonces no lo vamos a contaminar”.
A la par, Roberto López, director ejecutivo de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, difiere de Araya: “nadie te puede garantizar que no va a haber un siniestro, si se contaminaran con cianuro los mantos acuíferos —toda el agua que se obtiene en Baja California Sur es subterránea— contaminarían el agua”.
“Tenemos 22 años trabajando la agricultura orgánica y exportamos a Estados Unidos, producimos fresa, pimiento, chile japonés, más de 13 especias… estamos a diez kilómetros de la mina, pero en el momento en el que se nos pida un análisis de agua y salga contaminada, dejamos de vender”, dijo Cornelio Romero, dueño de Green Paradise, productora que emplea a más de 100 familias.
Los nuevos empleos
De acuerdo con Araya, la Concordia generaría 330 empleos e indirectamente cuatro o cinco veces esa cantidad, en las áreas de alimentación y vestido.
“Cómo vamos a sacrificar una industria de agricultura orgánica que emplea a diez mil personas, por una mina que quizá llegue a tener 330 obreros y que se va a ir en diez años”, afirmó Elena Moreno, secretaria de la organización Agua Vale más que Oro.
La minera siguió adelante
A pesar de las preocupaciones que desde hace años la sociedad sudcaliforniana ha manifestado sobre el proyecto, la minera Concordia hizo exploraciones en la reserva de la biosfera Sierra la Laguna, en 2009 y 2010.
El último permiso que le faltaba a la minera para empezar a operar, era que la delegación de la Semarnat en La Paz le autorizara el cambio de uso de suelo, de forestal a minero.
Para obtener el cambio, la empresa debía acreditar que era la propietaria de los terrenos; sin embargo, en 2009 surgió una controversia y algunos lugareños de Sierra la Laguna argumentaron que ellos eran dueños.
Mientras la empresa trataba de resolver esa controversia, la sociedad sudcaliforniana comenzaba a organizarse. Temerosos de que la riqueza ambiental de su estado pudiera sufrir un desastre como el de Rumania en el año 2000 —donde se derramaron 120 mil toneladas de cianuro de una mina a cielo abierto al río Danubio— los sudcalifornianos formaron organizaciones como Agua Vale Más que Oro y SOS.
Esos representantes de la sociedad civil, así como agricultores y hoteleros se reunieron a principios de 2010 con el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez.
“Cuando nos sentamos a platicar con él (Agúndez), venía una comisión del poblado de Todos Santos y cuando un agricultor, le dijo ‘oiga señor gobernador, por defender 200 o 300 empleos de la mina, pues nos va a mandar al traste con cinco mil o diez mil empleos de la agricultura orgánica en Pescadero, Todos Santos, La Matanza, El Carrizal, como que el gobernador entendió la cosa”, recordó Rodríguez.
Agúndez se comprometió a enviar un escrito a la Semarnat sobre el tema y, según Rodríguez, “se frenó todo”.
El 17 de febrero de 2010 la delegación de Semarnat en La Paz, desechó el trámite de cambio de uso de suelo, “pues la minera no acreditó la propiedad”.
Actualmente corresponde a la Secretaría de la Reforma Agraria dirimir el conflicto sobre la propiedad.
Sin embargo, en una carta que Vista Gold (Mina Concordia) envió a sus socios, en marzo pasado, se muestra optimista: “estamos avanzando con nuestros asesores legales y expertos en política mexicanos… para acelerar el proceso de los permisos para nuestro proyecto de oro en Concordia”.
El 23 de mayo de 2012 vence la autorización en materia de impacto ambiental que Semarnat otorgó a Vista Gold, pero sectores de la sociedad sud-
californiana temen que si se resuelve el conflicto de tenencia de la tierra en su favor, eche a andar su proyecto.
El proyecto de Concordia despertó la conciencia de los sudcalifornianos que temen un desastre ambiental: a dos horas de Concordia está la mina San Antonio, que también busca oro.
Pagan 6 pesos de impuestos por hectárea
Este año el oro llegó a su precio más alto en la historia, algunos días superó la barrera de los mil 500 dólares por onza, y con ello se multiplicaron en México las concesiones a empresas extranjeras que extraen oro a cielo abierto, una técnica prohibida en Costa Rica por los daños a la salud que provoca el uso de cianuro. ¿Y el oro que obtienen? Quedará en manos de magnates estadunidenses, canadienses o chinos que no pagan ni un peso de regalías al gobierno mexicano. Ni en África les sale tan barato extraer el preciado metal.
En los países africanos, en promedio las empresas mineras entregan 3% de sus ganancias por extracción de oro a los gobiernos y en Botswana y Ghana la cifra se eleva a 5%, explicó a Excélsior el abogado Rugemeleza Nshala, candidato a doctor en ciencias jurídicas por la Escuela de Leyes de Harvard.
En México las compañías mineras extranjeras no tienen que entregar ningún porcentaje de sus ganancias al gobierno federal. Lo que pagan es un impuesto semestral de 5.08 pesos por cada hectárea en la que tienen concesión para extraer el metal —la concesión la otorga la Secretaría de Economía—, eso en el primer y segundo año en el que reciben la concesión.
Y la cantidad máxima de impuesto que llegan a pagar es de 111.27 pesos semestrales por hectárea de la que extraen metal, cuando ya llevan 11 años de tener la concesión minera, así lo dio a conocer a este diario la Dirección General de Minas, de la SE, se trata de un impuesto establecido en la Ley Federal de Derechos.
Y el TLC…
¿Y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLC)? Uno de sus objetivos era crear condiciones equitativas para el comercio, pero algunos consideran que en materia de minería, el resultado fue adverso para México.
“Cuando se firmó el TLC empezaron a entrar todas las mineras. Como condición para entrar al TLC México tuvo que cambiar varios artículos de la Constitución, entre ellos el 27: antes las tierras ejidales no se podían comprar ni rentar, lo que frenaba a las empresas mineras, pero con la reforma la compra y renta de tierras ejidales se hizo posible, lo que le abrió las puertas a las compañías extranjeras”, explicó el ingeniero Mario Martínez.
Martínez, quien durante 13 años se ha opuesto a la operación de la mina San Javier, de extracción de oro a cielo abierto en San Luis Potosí, operada por la canadiense Metallica Resources Inc, explicó que con la reforma al artículo 27 promovida por el ex presidente Carlos Salinas se abrió la opción de que las mineras extranjeras obtuvieran acceso a grandes cantidades de agua, pues se les permitió la compra de concesiones de agua.
Los directivos
La empresa de Estados Unidos es dueña de la concesión la Concordia, que pretende extraer oro de una reserva protegida.
– Fred Earnest, presidente y el jefe de operaciones de Vista Gold, fue presidente de la minera Pacific Rim y estuvo en El Salvador de 2002 a 2007 al frente de la mina Cabañas.
– En 2004, el salvadoreño Franciso Pineda descubrió que Pacific Rim desviaba agua del río Lempa para su mina y por eso ya no llegaba agua a sus cultivos.
– Pineda inició un movimiento contra la minera.
– En 2009, tres de sus colegas activistas fueron asesinados, ahora él vive con protección policiaca, pues teme por su
vida.
– Franciso Pineda ganó el Goldman Environmental Prize 2011 por oponerse a una mina tóxica.
– El gobierno salvadoreño le negó los permisos necesarios a Pacific Rim y actualmente opera sólo a 50 por ciento de su capacidad.
Alertan sobre contaminación por el cianuro
La extracción de oro a cielo abierto es una técnica para obtener el metal que está a grandes profundidades y tiene como característica la excavación de un cráter gigantesco de hasta 400 metros de profundidad, donde se usan millones de litros de agua y cientos de toneladas de cianuro para separar el oro de la roca.
La roca se tritura y queda como un talco, y usando el agua y el cianuro se logra separar el oro de la roca. Ya que se obtuvo el oro, los desechos: roca, agua, cianuro y otros metales pesados, son colocados en un depósito conocido como “presa de jales”. La presa está recubierta por una membrana diseñada para no permitir la filtración del cianuro.
A diferencia de México, donde hay proyectos mineros de este tipo en San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas y Chihua-
hua, entre otros estados, la tendencia en otras regiones del mundo es ponerse a salvo de ella, el año el Parlamento Europeo aprobó una moción para prohibirlo en toda la Unión Europea (UE).
Los europeos argumentaron que el cianuro que se utiliza para extraer el oro “puede tener un impacto catastrófico e irreversible en el medio ambiente y en la salud humana”.
Los eurodiputados destacaron que si el cianuro se filtra por el suelo y llega a los mantos freáticos, el consumo humano de esa agua contaminada puede derivar en cuadros de cáncer.
En la moción establecieron que ese tipo de minería “puede provocar enormes daños ecológicos que por lo general no son compensados por las empresas explotadoras, que suelen desaparecer o declararse en bancarrota —para no asumir los costos ambientales”.
Pero en México el proceso va a la inversa que en la Unión Europea. De acuerdo con Agustín Bravo Gaxiola, representante regional de la oficina noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “es muchísimo más sencillo hacer minería en México que en Canadá, hay una asimetría entre las naciones; allá existen más dificultades para obtener permiso de extraer oro a cielo abierto, aunque las dos sean parte del TLC”.
Esto, a pesar de que uno de los objetivos originales del TLC era que las leyes de los tres países fueran acercándose cada vez más para evitar que por la debilidad legal de uno de los Estados, las actividades contaminantes acabaran concentrándose en un solo país, “pero es lo que está pasando: las actividades contaminantes se están concentrando en México”, dijo Bravo Gaxiola.
