Durante el Séptimo Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva en México, en la mesa “Territorio y defensa del agua”, se planteó la fractura en la salud de las comunidades a causa de los megaproyectos industriales y la vulnerabilidad del derecho a la salud de los pueblos que son invadidos por la minería. Se trata de las personas que habitan las llamadas “zonas de sacrificio ambiental”, dentro de un modelo extractivista devastador. Las poblaciones que están en resistencia no fueron consultadas oportunamente, antes de que se implementaran megaproyectos en su territorio que afectan la forma de vida de las comunidades.
Fuente: La Jornada – Zacatecas
La fractura en la salud de las comunidades a causa de los megaproyectos industriales y la vulnerabilidad del derecho a la salud de los pueblos que son invadidos por la minería, fue la tesitura de la mesa “Territorio y defensa del Agua” en el marco del Séptimo Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva “El derecho a la salud: un desafío para el México actual.
Los ponentes expusieron algunos casos específicos donde las megaindustrias han afectado la forma de vida de las comunidades. En el caso de la defensa del territorio, coincidieron en que los movimientos de resistencia, usan el cuerpo como una forma de detener los avances de las grandes empresas que fragmentan y cambian las dinámicas de vida de las comunidades. El cuerpo de cada integrante de la comunidad entra en una lógica de la salud y la enfermedad, lo social se vuelca individual y viceversa.
Los pueblos en resistencia deben pagar la factura por no haber sido consultados oportunamente antes de que se implementaran megaproyectos sociales en su territorio.
En el mismo sentido, Ricardo Pérez, de la Universidad de Chile, habló de “zonas de sacrificio ambiental” y cuestionó la situación de Chile al respecto. El concepto que desarrolló, data de la década de los 50, cuando un diario de derecha chileno aseguró que había que sacrificar territorios para conseguir un fin superior: el progreso. Al día de hoy en Chile, el modelo extractivista ha sido devastador, hasta el punto que el estado no ha podido garantizar los derechos ambientales de regiones importantes y amplias del país.
En Chile hay 116 conflictos socioambientales, de los cuales 62 están activos y 24 están cerrados. Todos ellos se relacionan con empresas de energía, principalmente termoeléctricas y complejos mineros.
En este sentido, hay una formación de percepción de riesgos donde las empresas no reconocen sus prácticas criminales y que pueden afectar a las comunidades, y la institución [del estado], no reconoce a la empresa como un peligro para el medio ambiente. Y no hacen un esfuerzo por medir la salud de las comunidades. Opinión que se consenso entre los participantes de la mesa.
Esto trae como consecuencia rupturas sociales, pues las empresas tienen como estrategia prometer progreso a las comunidades y en un principio se entregan apoyos. Una vez que la empresa se instala, estas se olvidan del bienestar de la población. Un modelo repetido en toda América Latina. Esto origina fractura, cuando la opinión sobre la instalación de las industrias es dividida.
