La mayoría de la población en regiones mineras de México aún vive en condiciones de pobreza. En un análisis que realizaron en 22 municipios productores de oro y en los principales centros de producción de plata se advirtió que la mayoría de la población de estas regiones continúa viviendo en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, y registran cifras superiores al promedio nacional.
Los resultados que se obtienen al contrastar los niveles de pobreza de los municipios donde hay explotaciones mineras de oro y plata con las cifras de producción y ganancias de estas compañías desmontan el discurso oficial que defiende a la industria extractiva al calificarla como detonadora de desarrollo.
La investigadora de Fundar Centro de Investigación y Análisis, Beatriz Olivera, aseguró que la actividad extractiva de minerales metálicos aporta aproximadamente el 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero finalmente la cantidad que se queda en los territorios que albergan estas explotaciones “es mínima”.
Refirió que en un análisis que realizaron en 22 municipios productores de oro y en los principales centros de producción de plata se advirtió que la mayoría de la población de estas regiones continúa viviendo en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, y registran cifras superiores al promedio nacional.
Pese a ser municipios con una tradición de décadas en la industria minera, precisó que en el caso de los que tienen minas de oro más de 70 por ciento tiene niveles de pobreza superiores a la media del país y más de la mitad supera al promedio en cuanto a pobreza extrema.
En las regiones con producción de plata las cifras “se agravan”, pues es el 87 por ciento el que se encuentra por arriba de la media nacional en sus niveles de pobreza.
La investigadora, quien participó en las Jornadas Internacionales sobre Extractivismo Minero, Recursos Naturales y Disputas Territoriales, concluyó que “para nosotros estos datos sí que contrastan con todo este discurso que se llega a vender a las comunidades acerca de que la minería va a dejar desarrollo”.
Consideró además que, en torno a las consecuencias que tiene en una comunidad la minería, se deben tener en cuenta “los impactos sociales, los desplazamientos, el impacto ambiental y eso todavía no se puede tasar como tal, no tiene un valor como para que podamos decir que de alguna manera la compensación fue mayor”.
Por ello, recalcó que ésta no es una actividad que pueda verse como motor del desarrollo; “no consideramos que sea una actividad que pueda, a la larga, dejar desarrollo”.
Aparte de este contraste entre producción y pobreza en las zonas mineras, Beatriz Olivera añadió que otro elemento que han investigado es el del Fondo Minero y su impacto real en el crecimiento económico y de bienestar de los municipios con explotaciones.
Al respecto, resaltó que las cifras tampoco son alentadoras pues, por ejemplo, Mazapil fue la región que más recursos recibió en 2014 y 2015 y la segunda con un monto mayor en 2016; no obstante, los niveles de pobreza en esta zona del estado de Zacatecas superan el 60 por ciento y el 13 por ciento en cuanto a la pobreza extrema.
Además, explicó que se ha advertido opacidad en la aplicación de este dinero ya que más del 50 por ciento de los municipios que reciben recursos de este fondo “no están diciéndonos en qué se lo están gastando y no hay ninguna autoridad que les esté llamando a rendir cuentas”.
Esto es especialmente preocupante, puntualizó, en una época electoral como la que en estos momentos se está viviendo y a ello se suma el hecho de que también han detectado que hay municipios que han recibido una mayor cantidad de dinero del que le correspondía.
En relación al Fondo Minero, la investigadora de Fundar agregó que hay una falla de origen en la conformación de los comités que supuestamente deben vigilar la aplicación de estos recursos y se trata de la presencia de los empresarios mineros.
Al respecto, aseguró que “las empresa no tendrían por qué estar en un comité en el que se plantea el desarrollo comunitario. Las empresas son un actor que tiene que pagar, cumplir con sus obligaciones, pero no tiene por qué tomar decisiones en cuanto a cómo se ocupan los recursos para una comunidad”.
De igual forma, señaló que no es correcto que sólo haya un representante de los núcleos agrarios y pueblos indígenas debido a la gran diversidad que existe y, por ende, a la imposibilidad de que una sola persona represente a todas las comunidades de una región.
Ante esto, Beatriz Olivera refirió que “en términos de participación no están funcionando y hay una gran discrecionalidad en torno a cómo se deciden los proyectos. No hemos encontrado minutas de las reuniones de los comités, no se han subido a ningún lado, hay una falta de transparencia porque no se ha hecho pública la manera en que se están tomando las decisiones”.
