Alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna silvestre contaminada, mortalidad de árboles y la posibilidad de que más del 70% de los niños del municipio de San Felipe de Jesús tuvieran elevados niveles de plomo en la sangre, son los daños y riesgos que detectó un estudio para la población de zonas aledañas, tras el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, en octubre de 2014.

Fuente: Animal Político

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La organización Poder peleó para tener acceso a un estudio de la UNAM e instituciones educativas de Sonora, sobre los daños que dejó el derrame en octubre de 2014. Casi tres años después, persisten las afectaciones para la población cercana al río.

La organización Poder realizó varias solicitudes de información y una batalla jurídica, para poder tener acceso al informe elaborado por los institutos de Geología y Ecología de la UNAM, así como por la Universidad y el Tecnológico de Sonora, entre 2015 y 2016.Grupo México, empresa responsable del derrame, no había hecho públicos los detalles del informe, y tampoco las autoridades, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Animal Político llamó a Grupo México y a Semarnat. La dependencia sólo explicó que el estudio no se hizo público a petición de la empresa minera, ya que argumentó que era dueña de los derechos del reporte.

En tanto, al ser consultado, el Fideicomiso Río Sonora no detalló cuántas de las recomendaciones establecidas en el estudio fueron cumplidas, para disminuir el daño a la población cercana al Río Sonora.

Grupo México no ha respondido a las preguntas de Animal Político.

“Los resultados demuestran la existencia de daños a los ecosistemas y recursos naturales… en los ríos Bacanuchi y Sonora”, aseguró el estudio elaborado entre 2015 y 2016 por la UNAM, y  la Universidad y el Tecnológico de Sonora.

El diagnóstico detectó “un riesgo elevado a la salud por exposición a plomo en la zona de San Felipe de Jesús. Las concentraciones exceden los valores de referencia de 400 mg/kg, con un máximo de 1945 mg/kg de plomo”.

Más del 70% de la población infantil de San Felipe de Jesús, agregó el estudio, “podría tener niveles de plomo en sangre superiores a 10 microgramos por decilitro, lo que representa un alto riesgo para su salud”.

Esta investigación se inició en febrero de 2015, seis meses después del derrame que afectó a siete municipios ubicados en a la ribera del río Sonora.

No hay un reporte reciente de las autoridades sobre la cantidad de adultos o menores con altos niveles de plomo en la sangre, a causa del derrame. En general, no hay un reporte público, pormenorizado y actual de las autoridades, sobre los daños en la salud de los habitantes cerca del Río, así como contaminación de flora y fauna.

Según advierte un reporte realizado por la organización Proyect Poder, “los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud por consumirlos mediante el agua pueden tardar meses, o años, en aparecer. A partir del derrame, las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto frecuentes entre los habitantes de la región”.

De acuerdo con el reporte elaborado por la UNAM y otras instituciones de Sonora, fueron detectados metales pesados en frutas, hortalizas y lácteos, a causa del derrame en 2014.

“Los metales presentes fueron arsénico, cadmio y plomo”, en cantidades que superan “los límites máximos permisibles establecidos en las normas nacionales y las referencias internacionales”, señaló el estudio.

El documento detalló que específicamente en lácteos se encontró arsénico y plomo, y cadmio en frutas y verduras, un mineral que no se encuentra en estado libre en la naturaleza, que se obtiene como subproducto de la fundición y refinamiento del zinc y el cobre, y que puede provocar cáncer.

Producto del derrame en el río, estos metales y minerales se metieron a la sangre de la fauna silvestre de la zona: coyotes, zorrillos, mapaches y zorros; en el hígado y los músculos de cinco especies de roedores y de dos tipos diferentes de aves.

También arrasaron la vegetación deteriorando los ecosistemas ribereños; el informe reportó una mortalidad en los árboles ubicados en la ribera, del 50.3%.

Para confirmar estos datos, los investigadores de la UNAM revisaron otro brazo del río que no fue afectado: ahí el porcentaje de mortalidad en la vegetación fue de apenas el 1.2%.

La mezcla de metales pesados acabó con la población de peces en el río. Sólo se encontraron peces adultos, pero no población juvenil, y se presume que se trató de una “una recolonización de adultos de otras cuencas”.

El diagnostico alertó sobre la posibilidad de que se incrementara la cantidad de metales en el ecosistema, “con riesgo potencial de ser liberados al ambiente por un nuevo derrame de solución ácida o por la descarga de aguas negras que tiene el potencial de generar un ambiente reductor”.

La presencia de fenómenos naturales como los huracanes Norbert y Odile, que afectaron la zona entre septiembre y noviembre de 2014, incrementaron los niveles de concentración de metales pesados, estableció el estudio.

Si bien el estudio se realizó entre 2015 y 2016, en la actualidad siguen apareciendo reportes sobre diferentes afectaciones o riesgos para la población.

El portal sonorense Proyecto Puente documentó la muerte de un habitante del municipio Aconchi por un “extraño cáncer” que le inició meses después del derrame. También encontró casos de personas con cobre en la sangre, y citó el caso de Elda León Contreras, estilista y luchadora social en Banámichi, a quien tras analizar el agua de su casa se encontraron altos niveles de metales pesados.

Un juez, el pasado 30 de junio, reconoció en una resolución que existe contaminación de pozos en las comunidades de Sinoquipe y La Labor, con altos niveles tóxicos en arsénico y manganeso, sustancias cancerígenas, superiores a los permitidos para el consumo humano, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Población consultada por Animal Político señaló que Grupo México no ha cumplido con la construcción de 37 plantas potabilizadoras de agua para las comunidades afectadas.

A poco menos de 3 años del derrame, solo se ha construido uno y “a medias”. Se pidió a Conagua información sobre las plantas potabilizadoras, sin obtener respuesta alguna.

Ante los daños detectados, en su análisis la UNAM recomendó “la instauración de un sistema de monitoreo y seguimiento para evaluar la eficacia de las medidas de remediación del daño ambiental realizadas por la empresa, en cumplimiento de la obligatoriedad de restablecimiento de los servicios ambientales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados, como se marca en la Ley de Responsabilidad Ambiental”.

Sin embargo, no hay certeza sobre el cumplimiento de esa recomendación.

Animal Político buscó a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, creado para resarcir los daños causados por el derrame, pero no hubo respuesta de sus integrantes.

El Fideicomiso Río Sonora, al que se destinarían 2 mil millones de pesos, se creó en septiembre de 2015 “con la finalidad de servir como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños al ambiente y a la salud humana causados por el derrame ocurrido el día 6 de agosto de 2014”. La presidencia del Comité Técnico quedó a cargo de la Semarnat.

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