Zapotecas del valle, originarios de Magdalena Ocotlán mediante una misiva rechazaron la consulta indígena sobre un proyecto minero de la empresa “Silver Mines” que se realizó el pasado 29 de noviembre y los acusaron de causar conflicto y división social.
Fuente: el Imparcial
A través de una misiva, los pobladores de Magdalena Ocotlánmanifestaron su ratificación, oposición y repudio al proyecto minero argumentando que desde el 2005, es decir hace once años han luchado por la vía legal y pacífica y pidieron a las organizaciones sociales, civiles y defensoras de derechos humanos su apoyo ante cualquier episodio de alerta que pudieran informar.
Este proceso de consulta forma parte de la ampliación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio de San José del Progreso que colinda con Magdalena Ocotlán y que por experiencia ha generado una fuerte conflictividad social y política, además de contaminar mantos acuíferos como el arroyo “El Coyote” y toda la biodiversidad.
Los opositores del proyecto minero denunciaron que el pasado 29 de noviembre, el representante de la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca y de una notaría pública convencieron a través de la presión y amenazas a las autoridades agrarias y municipales para firmar contratos y convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se realizó.
Explicaron que esta situación generó una confrontación social debido a que el representante legal de la empresa minera, el Ing. Javier Castañeda Pedraza y el Subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”.
“La consulta indígena que para nosotros es una “simulación” estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación en nuestra comunidad, el convenio 169 de la OIT prácticamente no se respetó, no hubo claridad y todo fue amañado”, dijeron.
Lamentaron que las autoridades federales y estatales, en especial la Procuraduría Agraria lejos de apoyar a las comunidades indígenas se encuentran en complicidad con la empresa minera, dejando en total desprotección los derechos reconocidos constitucionalmente de esta comunidad en la que habitan unas mil 200 personas.
Por último reafirmaron este municipio en ningún momento solicitó que le realizaran una consulta para proyectos trasnacionales como la minería, porque desde sus asambleas ejidales y comunales han determinado su rechazo total.
