Una vez que se mida el impacto ambiental generado por ese compuesto químico en la mina San Francisco operada por Timmins Gold, se determinarán las sanciones correspondientes que van desde una sanción administrativa hasta una denuncia penal. Delegado y subdelegado confirman que no hay reporte del accidente; realizarán inspección la semana entrante.

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Fuente: Dossier Político

La canadiense Timmins Gold que opera la Mina San Francisco en la comunidad de Estación Llano en Santa Ana podría hacerse acreedora a una sanción administrativa y una denuncia penal una vez que se mida el impacto ambiental causado por el derrame de cianuro ocurrido el pasado 4 de abril de 2010, declaró el Subdelegado de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Héctor Guadalupe Duarte Guzmán, dijo que a lo anterior se le sumará el agravante de omisión por parte de la empresa, quien tampoco informó a la Profepa de la contingencia ocurrida. El incidente sucedió en el periodo de Carlos Quiroz Narváez, quien ya falleció, actualmente el titular de esa dependencia es Jorge Carlos Flores Monge.

“No estuvimos enterados, no nos avisaron de esa emergencia que tuvieron, lo que vamos hacer es una visita de inspección exhaustiva en materia de impacto ambiental y de residuos peligrosos para ver esa situación y cómo la atendieron, y por qué no avisaron a las autoridades”, afirmó, “no es común que no avisen, es lo que se nos hace raro, por lo general ante cualquier emergencia nos avisan por pequeña que esta sea, porque de alguna otra forma nos enteramos y entonces las sanciones son más fuertes”.

De acuerdo al artículo 414 del Código Penal Federal, en lo que respecta a omisión por daños al medio ambiente, se impondrá hasta 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa al que ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención y seguridad realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación y exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas.

El artículo 416 del mismo Código, establece que se impondrá de uno a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa al que ilícitamente descargue, deposite o infrinja, autorice u ordene aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua, que cause un riesgo o daño a los recursos naturales, flora o fauna, a la calidad del agua a los ecosistemas o al ambiente.

El subdelegado de Inspección Industrial dijo que a más tardar el próximo martes se realizará una visita a la empresa en mención para hacer una revisión exhaustiva sobre el caso del derrame y todo lo que tiene que ver con su operación en materia ambiental; después de hacer la verificación se determinará si se entabla una denuncia penal o si solo se le impone una sanción administrativa, o bien si aplican las dos situaciones.

“Nosotros tenemos personal para hacer las inspecciones normales y en este caso se le ordenará a la mina que haga una evaluación del sitio, para que ellos contraten una empresa especializada de muestreos a profundidades, que determinen si hubo contaminación”, expuso, “pero primero tenemos que circunstanciar y comprobar el hecho de que hubo un derrame y con base en eso si se requiere hacer algún programa de remediación del sitio pues lo tendrán que hacer”.

Cuando se realiza una visita a una empresa nunca se le avisa porque se les puede poner en antecedente y en caso de que se tenga algo que esconder se tiene la oportunidad de hacerlo, pero en este caso en base a lo que salió publicado en Dossier Político ya deben estar esperando la inspección de Profepa, apuntó.

La dependencia federal cuenta con un programa voluntario de certificación ambiental donde ya algunas empresas del ramo minero están inscritas, pero no es el caso de la Mina San Francisco, reveló, que además no está certificada en manejo del cianuro.

El esquema de certificación ambiental es voluntario y las auditorías se hacen por medio de auditores externos no con personal de Profepa, y además es voluntario para el que quiera entrar, sostuvo.
En caso de que una empresa acepte regirse por dicho programa, la Profepa le hace la auditoría y si hay desviaciones u omisiones en el cumplimiento de la regulación ambiental se hace un plan para corregirlo y una vez corregido se certifica a la empresa.

Duarte Guzmán apuntó que en el caso de la Mina San Francisco nunca se habían tenido reportes sobre este tipo de problemas en esa empresa, pues el tipo de quejas tenían que ver con el polvo, que en su momento se atendió, pues este inconveniente lo generaba un prestador de servicios que procesaba material.

A la fecha, después de tres días de que Dossier Político publicara la nota sobre el derrame de cianuro de sodio en dicha empresa, puntualizó aún no ha habido contacto entre Profepa y los directivos de la minera.

Confirma delegado: no hay reporte del accidente

Por su parte, entrevistado por el reportero de casa, Omar de la Vara, el delegado en Sonora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Jorge Carlos Flores Monge, reconoció que no tenía conocimiento de contaminación por cianuro de una mina canadiense instalada en Santa Ana, fue hasta que leyó la información en Dossier Político que tomaron nota del caso y este viernes acudirán inspectores a revisar la citada mina.

“Efectivamente como lo mencionas, no teníamos conocimiento alguno hasta que vimos el reportaje en Dossier Político, después vimos una aclaración por parte de los mineros; sin embargo, nosotros no escatimamos nada, inmediatamente nos abocamos al caso y vamos a enviar una inspección general, no nada más sobre la emergencia que relatan, sino toda la operación de la mina, sus permisos, sus documentos y cómo está operando en la actualidad”, destacó a Dossier Político

Advierte el Delegado que si en la inspección, la cual podría durar días, se encuentran indicios de contaminación se exigirá una evaluación sobre algún derrame si lo hubo, si ya se remedió el sitio, pero aun cuando ya esté subsanada la situación, se le exigirá una explicación, una valoración a la empresa y por qué no se reportó en su momento.

El funcionario consideró que la única forma que no hubiera responsabilidades a la mina sería que fuera un manejo normal de sus actividades diarias, de otra manera no, se debió informar de manera inmediata a las autoridades:

“La única forma que se aceptaría como válida que no se reportó, es que no hubiera sido una emergencia, que hubiera sido un manejo normal de sus actividades cotidianas, un manejo adecuado y que se haya mal interpretado que se haya mal informado es la única manera en que nosotros, no veríamos responsabilidades, siendo de otra forma, aunque hubieran remediado bien y hubiera caído, de todas maneras incurren en una responsabilidad”, expuso a DP el funcionario federal.

El delegado asegura que una cuando la empresa minera tuviera todo el equipo y lo necesario para contrarrestar una emergencia, está obligada legalmente a dar aviso a las autoridades para que en conjunto se evalúe la situación y se dé un resolutivo de la inspección y de las consecuencias:

“Si hubo contaminación debe de haber algo ahí, por eso vamos a pedirle a ellos mismos bajo nuestra supervisión aún que nos diga que no hay, que no lo hubo, tienen la obligación de permitirnos el acceso y nosotros junto con ellos hacer una evaluación tomar muestras si es necesario.

Aun cuando ellos lo hayan hecho, todo lo que tengamos que hacer para deslindar cualquier tipo responsabilidad, tendrán que hacerlo ellos también y bajo nuestra supervisión”

Jorge Carlos Flores Monge adelantó que las sanciones a la empresa minera podría ser desde una amonestación con apercibimiento en una falta menor que hayan incurrido o una sanción económica que podría ir desde los 30 días de salario mínimo hasta los 50 mil días de salario mínimo, es decir 3 millones de pesos.

Según Profepa, existen 100 minas en Sonora, se han revisado el 60% y de las cuales seis han sido clausuradas por faltas graves, filtraban contaminantes al ambiente o no contaban con sus documentaciones en regla.

El Delegado hizo un llamado a los sonorenses que viven cerca de las industrias mineras para que denuncien cualquier irregularidad en el departamento de quejas y denuncias de la Profepa ubicadas en Solidaridad y Colosio en el edifico de GNP seguros, se atenderán de manera inmediata.

El lunes, Dossier Político publicó que más de 2 mil habitantes de la comunidad de Estación Llano en el Municipio de Santa Ana, se hallan en alerta ante el riesgo de una posible contaminación de los mantos acuíferos que abastecen el agua para esa comunidad, a causa de un derrame minero de entre 50 mil a 60 mil litros de cianuro de sodio.

Dicha dispersión ocurrió al interior de la Mina San Francisco ubicada a menos de un kilómetro de ese centro de población el pasado 4 de abril de 2010, revelan pruebas documentales en manos del reportero Claudio Tiznado.

Un formato de reporte de investigación de contingencia ambiental al que tuvo acceso Dossier Político (DP), revela que este hecho provocado por la negligencia de tres trabajadores de esa empresa, que aconteció hace poco más de tres años, nunca fue dado a conocer a la opinión pública por parte de la empresa minera.

Se desconoce si el actual director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Enrique Martínez Preciado y el ex delegado de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en esa época, Florencio Díaz Armenta, así como el alcalde de Santa Ana en el trienio 2009-2012, Luis Alfredo Bernal Ainza tuvieron acceso a esta información por parte de la empresa contaminante.

También se ignora si los ex delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ernesto Munro López y Rodolfo Flores Hurtado, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) supieron de esta contingencia, pues cuando esto sucedió ellos eran los responsables de dichas dependencias en la Entidad.

Esta hallazgo que viene de nuevo a cimbrar a la minería en Sonora y a confirmar que los derrames de sustancias peligrosas son frecuentes en esta industria, se suma al accidente ocurrido hace un mes en que un camión cisterna que transportaba cianuro de sodio se volteara en el kilómetro 167 en el tramo Hermosillo-Yécora derramando de 2 mil 500 a 3 mil litros de ese compuesto.

El documento en manos de DP, detalla técnicamente que el pasado 4 de abril de 2010 a las 03:00 am en el área de patios de lixiviación donde se sitúa un “cárcamo de rebombeo”, que es una especie de máquina para bombear que va a parar a un depósito de líquidos, los empleados encargados de supervisarlo, de nombres José Eduardo Navarrete y Erick Mendoza Rivera cometieron una grave omisión al abandonar sus puestos de trabajo sólo por irse a cenar, pues delegaron la responsabilidad que a ellos les competía a un tercero que apenas llevaba mes y medio trabajando y que descuidó la encomienda al ganarle el sueño.

Dicho trabajador de nombre Ricardo Rendón Bernal, que tenía como encomienda checar los niveles del cárcamo cuyo contenido se vierte en otras pilas o cisternas para separar el oro de otros metales a través del cianuro, se desatendió de la tarea que le fue otorgada y no se percató de que los niveles de los contenedores superaron su área perimetral derramándose las soluciones que contenían el mortal compuesto químico por espacio de media hora.

Lo peor de todo este incidente, y que además deja al descubierto la falta de seguridad industrial en este tipo de empresas, es que Rendón Bernal a pesar del descuido ni siquiera fue el que avisó del accidente a sus jefes inmediatos, pues el que detectó el derrame fue otro supervisor de nombre Enrique Villanueva que trabajaba en otra área.

En la descripción del evento que se explica en la bitácora de trabajo se establece textualmente lo siguiente: “Dado que la solución llegó al entronque que comunica hacia la mina y trituración, se pudo haber derramado aproximadamente un máximo de 60 metros cúbicos o lo equivalente a 60 mil litros de cianuro de sodio…”.

La cantidad derramada expuesta en el reporte de investigación de contingencia ambiental de la empresa que opera la empresa canadiense Timmins Gold es aritméticamente superior en 20 veces a la que se vertió accidentalmente en la sierra de Sonora a mediados de agosto pasado.