Transportistas e integrantes de organizaciones sociales determinaron mantener el bloqueo en las instalaciones de la minera Peñasquito-Goldcorp, después de que se suspendió la orden judicial para desalojarlos al comprobarse que los trabajadores y directivos de la empresa no estaban secuestrados, como se planteó en la denuncia que interpuso la minera canadiense.
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Fuente: Proceso
Mientras tanto, decenas de elementos de la Policía Estatal enviados por el gobierno permanecen en el lugar, frente a los accesos a Peñasquito, en el municipio de Mazapil, donde están concentradas más de 300 personas afectadas por la minería.
Los inconformes reclaman a Goldcorp el incumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos con la comunidad, como la preferencia a los contratistas locales para el acarreo del mineral y la construcción de un hospital.
Dichos acuerdos firmados por la empresa hace siete años, cuando adquirieron tierras ejidales para la operación de la minera en Mazapil, uno de los municipios más alejados y marginados del territorio zacatecano.
El pasado lunes 3, el director de Asuntos Corporativos y Seguridad para Latinoamérica de Goldcorp, Michael Harvey, anunció que se cerrarían las operaciones en Peñasquito, la más grande mina de oro a cielo abierto en esta región, con el argumento de que las personas que mantenían el bloqueo en sus instalaciones tenían secuestrados a más de 700 trabajadores y se estaban perdiendo millones de dólares por esa situación.
El directivo dijo que ya habían presentado denuncias penales en contra de los responsables del bloqueo, lo que derivó en una orden judicial de desalojo que iba a cumplimentarse el martes 4, con el respaldo de policías ministeriales y estatales.
Ese día, los agentes encabezados por el propio secretario de Seguridad Pública estatal, general Froylán Carlos Cruz, arribaron a Peñasquito, acompañando a personal del Juzgado y el Ministerio Público.
Sin embargo, el desalojo se frustró después de constatarse que no había tal secuestro de personal.
A pesar de eso, el gobernador Alejandro Tello Cristerna advirtió que su administración no será rehén “de chantajes y falsos líderes” que habrían politizado el tema, e incluso dio por hecho –el mismo martes– que se había desalojado a los manifestantes “con saldo blanco”.
“Están en su derecho, pero la autoridad tiene que hacer que se cumpla la ley, si es necesario, hasta las últimas consecuencias. Si se tiene que girar una orden de aprehensión, por muy famoso que sea el líder, tengan la certeza de que en el gobierno de Alejandro Tello Cristerna se hará… Alejandro Tello está del lado de la ley y no me dejaré manipular, aunque traten de medir fuerzas con la autoridad. Yo no busco eso, lo único que buscaré es que se respete la ley”, subrayó.
Felipe Pinedo, asesor político de transportistas y ejidatarios, tachó de torpe al gobernador por esa postura, y aseguró que el plantón –que hoy cumplió diez días– continuará para que la minera cumpla con los compromisos que tiene pendientes con los habitantes de las comunidades aledañas.
