Que las minas llevan el desarrollo a las comunidades, que generan empleos y riqueza, son algunos de los argumentos con que se pretende justificar la actividad de las empresas mineras. Sin embargo, lo que no se revela es que la misma actividad trae consigo consecuencias dañinas, incluso peligrosas para la salud, la vida, el medio ambiente y la vida comunitaria. La enumeración de éstas y otras consecuencias, fue lo que hizo exclamar a un campesino un definitivo “Yo ya no” voy a tolerar que las minas sigan actuando impunemente.
Fuente: Chiapas Paralelo
En el marco del Foro de Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, llevado a cabo los días 15 y 16 de agosto del presente año, cientos de campesinos denunciaron, compartieron y se indignaron hablando sobre los resultados negativos de la actividad minera. La respuesta fue unánime: se rechaza la minería por sus efectos en la salud y por representar proyectos económicos que solo favorecen a las empresas.
En efecto, las empresas mineras disponen de todas las facilidades legislativas y operativas para desarrollar sus actividades en el campo mexicano. La legislación en materia de minería constituye una invitación abierta para que las empresas mineras inviertan en México. La Secretaría de Economía, que es la dependencia que otorga las concesiones en la materia, facilita el procedimiento para otorgarlas, al grado de que les ha diseñado un manual para obtener sin problemas los requisitos que se establecen para conseguir la concesión.
Aunque conseguir una concesión para explotar minerales requiere de estudios de impacto ambiental, lo cierto es que tal requisito se cubre como una mera formalidad. El medio ambiente termina sacrificándose frente a la actividad minera. Y si no se exige con seriedad estudios de impacto ambiental, mucho menos prevención de enfermedades y muertes a consecuencia de las minas.
No en vano el Foro se realizó en Acacoyagua. En este municipio se reportan decenas de muertes por año a consecuencia de cáncer. Lo más extraño es que entre las víctimas se presenten también adolescentes y jóvenes de no más de veinte años de edad. La causa parece estar relacionada directamente con el ambiente y/o con el consumo de agua y alimentos contaminados por la actividad minera.
La responsabilidad del Estado también es evidente. Quienes intervienen en el otorgamiento de concesiones, son también autoridades responsables de prevenir y observar los derechos humanos, pero esta responsabilidad también alcanza a quienes tienen conocimiento de los efectos negativos de la actividad minera, y a pesar de ello no actúan para frenarla e impedir que los daños continúen.
Es cierto que también existen organismos autónomos del Estado que protegen y defienden los derechos humanos, lo lamentable, aunque no sorprendente, es que tampoco actúan para defender a las víctimas de la explotación minera.
Un nuevo reto enfrentan los derechos humanos, y es como imponerse frente a una actividad económica dañina que solo enriquece a las empresas protegidas por el Estado.
