La minera canadiense Excellon Resources violó un contrato con ejidatarios de La Sierrita de Galeana, en Durango, al explorar más hectáreas de las rentadas. La comunidad presentó una demanda para anular el acuerdo y recuperar sus tierras. Por el fracaso de las necociaciones, en 2012 establecieron un campamento que afectó las operaciones y ganancias de la compañía, por lo que Excellon presionó al Gobierno estatal para que los desalojara. Y así fue. A lo largo del conflicto, la comunidad ha sido víctima de intimidaciones y amenazas. Hasta el momento, el Tribunal Unitario Agrario no ha determinado la anulación del contrato.
Fuente: Sin Embargo
Ejidatarios de La Sierrita de Galeana, ubicada en el municipio de Tlahualilo, Durango, firmaron un contrato temporal en abril de 2008 con la empresa minera canadiense Excellon Resources para rentarle 1,100 hectáreas a cambio del cumplimento de cláusulas sociales, medioambientales y económicas en beneficio de los habitantes. Sin embargo, el 11 de marzo de 2011 la trasnacional violó la cláusula sexta al explorar más tierra de lo acordado sin autorización de la Asamblea General de Ejidatarios .
Ante ello, el cuatro de septiembre de 2012 la asamblea presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario para anular el contrato, así como exigir la consecuente restitución de sus tierras y el resarcimiento de los daños ocasionados. El juicio sigue en curso y la comunidad espera la sentencia para agosto, pero a lo largo de este conflicto ha recibido amenazas e intimidación, así como engaños del gobierno estatal que actúa en contubernio con la embajada de Canadá, de acuerdo con Daniel Pacheco, presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita.
“Resulta preocupante el hecho que la Embajada [de Canadá en México] no exige incluso la protección más elemental a los derechos humanos para la comunidad afectada, sabiendo que se recurrirá a la represión estatal a favor de la empresa minera canadiense en el contexto mexicano donde las fuerzas policiacas y castrenses se ven implicadas en excesivos niveles de violencia incluyendo desapariciones forzadas, tortura, y asesinatos”, expone el estudio “Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá, y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México” de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers.
Además, el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) ha detectado que se han sido violado su derecho a la tierra, a un medio ambiente sano (acceso a agua libre de contaminantes) y los derechos laborales de los trabajadores mineros.
México es el principal destino de las inversiones canadienses de minería al exterior de Canadá, de acuerdo con el estudio de las organizaciones.
En 2004, Excellon de México, filial de la canadiense, acordó con la comunidad duranguense la renta de cuatro hectáreas de tierra de uso común por 1 millón 200 mil pesos durante 30 años para operar la mina La Platosa. Ya al momento de firmar, se estipuló por 27 hectáreas por el mismo precio. ProDESC, que ha seguido el caso desde 2007, asegura que los representantes de la minera dijeron a los ejidatarios que las parcelas no valían nada, que tenían muy poca agua y, además, los amenazaron con promover la expropiación ante autoridades locales y federales con las que, mencionaron, tenían muy buena relación.
“Siempre quedó la espinita de que habían cambiado de cuatro a 27 hectáreas”, afirmó en entrevista Daniel Pacheco. “La inconformidad fue creciendo y en el 2008 dijimos ya basta”.
INCUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS
A principios de 2008, la asamblea edijatal concluyó que se necesitaba un acuerdo justo y equitativo con Excellon, pero como la empresa se negó a negociar, los ejidatarios se manifestaron afuera de la mina. Tras tres meses de presión, se firmó el Contrato de Ocupación Temporal por la renta de 1,100 hectáreas en el que se establecieron importantes cláusulas de carácter social y ambiental a favor de la comunidad.
La compañía se comprometió a la construcción de una planta tratadora de agua para uso agrícola; dar preferencia para los ejidatarios en la contratación de la fuerza laboral de la mina; además del pago de una renta anual por la ocupación de las tierras; becas escolares y el pago de un fondo social.
De 2008 a 2012 cumplió con el pago de la renta (5 mil pesos la hectárea), el pago para el fondo social (en una primera emisión dio 3 millones y luego 500 mil pesos cada año) y el sistema de becas a estudiantes (17 mil pesos mensuales para repartirlos entre hijos de ejidatarios), pero ignoró los acuerdos sociales y medioambientales.
“Las cláusulas sociales fue que iban a poner una planta tratadora de agua para uso agrícola porque la minera está sacando alrededor de 10 mil galones por minuto. Ni siquiera era una planta tratadora porque una así cuesta 300 millones, por eso no querían aceptar. Nosotros les hicimos un proyecto para que les costara 42 mil pesos mensuales limpiar el agua con un bioquímico. No cumplieron”, acusó Pacheco. “La mina es de plomo y zinc. Ellos aseguran que no contaminan el agua, pero nosotros tenemos estudios que dicen que sí”.
Sobre la promesa de capacitar y dar trabajo a ejidatarios en la mina, “les dieron a algunos. A las mujeres embarazadas las rechazaban”.
En junio de 2010 se conformó la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) para garantizar mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de la mina.
Fue el once de marzo de 2011 cuando Excellon realizó actividades de exploración fuera de las 1,100 hectáreas acordadas, lo que representó una violación al contrato.
INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS POR PRESIÓN AL GOBIERNO
Los ejidatarios solicitaron un diálogo por la violación del contrato. Las mesas de negociación se llevaron a cabo de noviembre de 2011 a agosto de 2012, pero al no cosechar resultados, en julio de 2012 los ejidatarios establecieron un campamento a fuera de la mina en demanda del cumplimiento de los acuerdos firmados en 2008.
Durante ese plantón, el gobierno estatal les prometió que si dejaban seguir operando a la mina, resolverían el conflicto, “pero fue un engaño”.
“El gobierno, en contubernio con la embajada de Canadá, intercambiaban información. Nosotros visitamos la embajada de Canadá para que apoyaran el conflicto, pero operó como espía porque le pasaba la información a la empresa y luego la empresa contrató cabilderos para que presionaran al gobierno diciendo que se iban a ir y con ellos la inversión y las fuentes de empleo”, declaró Pacheco.
De acuerdo con el informe “Las entrañas de la complicidad canadiense”, la Embajada de Canadá ejerció un papel fundamental en la relación de Excellon con funcionarios en Durango. En julio de 2012 la embajadora envió un correo al gobierno estatal para solicitar una reunión porque “la empresa está teniendo pérdidas financieras importantes y está reconsiderando la viabilidad de la operación de la mina La Platos. […] Debido a la magnitud de la inversión canadiense en su estado, consideraríamos adecuado que se lleve a cabo dicha reunión”.
El 29 de agosto, alrededor de 100 elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, intentaron disolver el campamento con el argumento de que buscaban realizar una inspección laboral a la mina La Platosa.
“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal. “Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el ejército nos tenía rodeados”.
El estudio concluyó que “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.
Pero esa ocasión resistieron. Y la contraparte insistió.
El 24 de octubre, un aproximado de 250 golpeadores, miembros del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada, del estado de Zacatecas y Chihuahua, arribaron armados con palos y piedras para esta vez sí desalojar a los manifestantes. “Nos desalojaron y con maquinaria de la mina incendiaron nuestros jacales”, contó Pacheco.
Para entonces, el cuatro de septiembre, la Asamblea General de Ejidatarios había presentado la demanda de rescisión del Contrato de Ocupación Temporal. Actualmente se espera la resolución del Tribunal Unitario Agrario, el cual determinará si el contrato se anula o no.
Durante el 2013, denunció ProDESC, los ejidatarios de La Sierrita “sufrieron amenazas, hostigamientos y violencia” por parte de la empresa minera Excellon Resources, de algunos integrantes de la comunidad de Bermejillo y de integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada.
“Recibimos amenazas por teléfono, intentos de sacarnos de la carretera, llegaba la policía estatal y paseaba a compañeros de la comunidad. A uno o dos los golpeaban”, dijo Daniel Pacheco.
En noviembre de ese año, detuvieron a Héctor Pacheco, familiar de ejidatarios y miembro de la comunidad. Antes también detuvieron a Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona, y Ricardo Calderón.
Actualmente, la comunidad La Sierrita de Galeana está a la expectativa de la sentencia. Por el momento, ya no está recibiendo la renta por el uso de tierra y la minera también retiró el pago del fondo social y las becas escolares.
“A raíz del conflicto dejó de pagar. La última anualidad que ellos nos pagaron fue 2012-2013. Entonces ya no pagaron 2013-2014. Lo que hicieron fue depositar la renta en el Tribunal Agrario, pero éste no nos la quiso dar porque dijo que solo estaban en garantía”, aseguró Pacheco.
Como respuesta, la comunidad metió un amparo.
El 23 de enero de 2015 el Tribunal Agrario del Distrito Sexto notificó la liberación del pago de la renta luego de que el Juez Tercero de Distrito en La Laguna resolviera el amparo a favor del ejido.
Sin embargo, la minera ya no dio la renta 2014-2015 ni el pago del fondo social ni las becas escolares. Y sigue operando con normalidad.
