El Gobierno de Hidalgo busca trasladar 102 millones de toneladas de jales (concentraciones de tierra repletos de contaminantes que el aire dispersa como partículas suspendidas) que existen en la ciudad de Pachuca y en el Mineral de la Reforma al municipio de Epazoyucan, denuncian organizaciones civiles.
Fuente: Sin Embargo
Más de nueve mil ciudadanos exigen a las autoridades del estado de Hidalgo frenar el ecocidio que se pretende llevar a cabo con el proyecto de movilización de los jales de la zona urbana de Pachuca al municipio de Epazoyucan.
Los inconformes lanzaron la petición Alto al ecocidio en Epazoyucan, Hidalgo desde enero pasado, donde denuncian que han procurado acercamientos con el Gobierno para exponerles los motivos por los cuales buscan evitar que se ejecute el proyecto, sin embargo, no han sido recibidos. “Silencio y hermetismo es lo que hay por parte de las autoridades”, dijo a SinEmbargo Ofelia Mejía Zarzúa, habitante de Epazoyucan, Hidalgo, quien inició dicho reclamo.
“El proyecto minero Pachuca en Epazoyucan, Hidalgo está a punto de provocar un auténtico desastre ecológico, económico y de salud en esta pequeña población de 18 mil habitantes y en varios municipios de los alrededores. Las autoridades municipales y estatales no están velando por el bienestar de la población. Por eso queremos que se cancele definitivamente por el bien de los pobladores”, se lee en la denuncia colgada en la plataforma Change.
El proyecto incluye una planta de beneficio, la presa de jales, el relleno sanitario y el desvío del arroyo El Salto, con lo que se provocaría envenenamiento del aire, suelo y agua con sílice, mercurio, plomo, zinc, cobre, cadmio, arsénico; y además se pondría en riesgo la salud y la vida de las personas y la biodiversidad de fauna y flora, de acuerdo con los afectados, quienes en video explican de qué se trata cada una de las partes del plan:
“Los jales son residuos de rocas molidas que quedan después de haber extraído los metales preciosos, son concentraciones de tierra repletos de contaminantes que el aire dispersa como partículas suspendidas.
Una planta de beneficio es el lugar donde se realiza la separación de los restos de oro y plata que contienen los jales por el proceso de lixibiación o cianuración donde usan inimaginable cantidad de agua, cianuro y otros elementos químicos mortales.
Una presa de jales es el vertedero final de los líquidos y residuos contaminantes, permanece a cielo abierto, emite gases venenosos que el viento dispersa y que representan una constante amenaza para las personas y para el medio ambiente.
El relleno sanitario es el vertedero final para residuos sólidos y líquidos, despide a la atmósfera emisiones tóxicas, fetidez, representa una amenaza para la salud pública, un foco de infecciones y es criadero de fauna nociva”.
“Exigimos que se cancele el proyecto Pachuca”, continuó Mejía Zarzúa, porque entre otras cosas terminaría con fauna de la región, o sea, ardillas, liebres, tlacuaches, zorrillos, así como con diversas plantas, entre las que se encuentran algunas que son utilizadas con fines medicinales y alimentarios.
“El lugar está cercado y permanece así, estas personas se meten como se metieron en Tajamar y como se han metido en otros lugares, por eso no sabría decir qué es lo que han hecho, aparentemente no hay nadie, pero no tenemos gente mirando permanentemente. Parte de la población o gente que vive cerca, por las entradas del camino, saben que su misión es avisar inmediatamente si ven algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común”, denunció.
Por su parte, el doctor Francisco Patiño Cardona, adscrito al Centro de Investigaciones en Materiales y Metalurgia de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), dijo a SinEmbargo que con el proyecto de movilización, el Gobierno estatal busca trasladar 102 millones de toneladas de jales que existen en la ciudad de Pachuca y en Mineral de la Reforma a Epazoyucan.
Con dicho proyecto, puntualizó, se desataría “una contaminación tremenda, tanto para los habitantes de Pachuca y la Reforma como para Epazoyucan. El problema es serio. Van a convertir a Epazoyucan en un basurero. Es una barbarie, es una grosería. No tiene nombre lo que están planeando en contra de ese pueblo”, lamentó.
Asimismo, explicó que al mover los jales de un lugar a otro, los contenidos de arsénico, mercurio, plomo y cadmio se liberarán, se concentrarán en la tierra, en los campos donde se siembra, en los mantos acuíferos de Epazoyucan, así como en el aire, lo cual derivará en enfermedades serias porque estos metales tóxicos son potencialmente cancerígenos. “Es un foco tremendamente elevado de contaminación”, aseguró.
El experto alertó que el polvo se aloja en los pulmones y genera problemas de infecciones, además de problemas de silicosis que puede llegar a ocasionar la muerte, así como enfermedades de los ojos, por ejemplo, conjuntivitis aguda.
Por si fuera poco, Patiño agregó que “[las mineras] van a secar el arroyo en un santiamén, lo van a secar porque la compañía necesita agua y no respetan nuestras leyes en materia ambiental. Seguramente después van a echar mano de los mantos acuíferos de Epazoyucan”.
A los gobiernos municipales [de Epazoyucan y Mineral de la Reforma], estatal y federal pide “que esos jales no se muevan de Pachuca, hay que convertirlos en una zona verde, es decir, hay que reforestar como lo han hecho en otros países de larga tradición minera. Hay pasto que se da muy bien en ese tipo de terrenos y creo que con ello y árboles podemos generar jardines, parques, evitamos la contaminación, etcétera”.
“Cuesta poco dinero, si hay voluntad política, si hay vocación en amar y querer a la naturaleza, si hay interés por la salud del hombre, pues entonces hay que convertir esas zonas de jales, en áreas verdes, esa es la solución. Que los jales se queden ahí donde están”, exigió.
MINERAS, PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE
En el video que acompaña la petición, los denunciantes señalan que “las compañías mineras son de las que más contribuyen al deterioro ambiental y a los ecocidios, donde se establecen estas corporaciones aumentan su riqueza y poderío y hacen cada vez más grande la brecha entre los más ricos y los más pobres del mundo”.
Asimismo, aseguran que las empresas se aprovechan de la ambigüedad de las leyes ambientales en México, no respetan las normas legales para cuidar la salud de las personas involucradas en esta actividad, además de incurrir en una constante violación de los derechos humanos y ocasionar una irreparable degradación ambiental por la contaminación de agua, suelo y aire.
“Con falsas promesas de empleo, prosperidad y progreso, imponen su proyecto minero; dividen comunidades, opiniones, familias, amistades, dejan enfermedad, miseria y muerte”, puntualizaron.
