La minera trasnacional Peña Colorada enfrenta una denuncia por las vías penal y administrativa bajo el cargo de despojo e invasión del rancho Los Potros, ubicado en la franja de conflicto limítrofe entre los estados de Colima y Jalisco.
Fuente: Proceso
Félix Monroy Rutilo, ejidatario nahua de la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco, señaló que el pasado 5 de enero personal de la empresa se introdujo en el predio de su propiedad y con maquinaria pesada derribó árboles e inició trabajos encaminados a emparejar el terreno para utilizarlo como tiradero de los desechos de la extracción de hierro.
El escrito de denuncia, del que el reportero posee copia, fue dirigido a diversas autoridades de ese estado, entre ellas al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Xóchitl Yin Hernández, y el fiscal general Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, así como al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y al presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC, Jesús Hermenegildo García.
De acuerdo con la narración realizada por Félix Monroy en el documento, desde que hace varias décadas se instaló Peña Colorada en ese territorio, él y sus familiares han sufrido daños en la salud por la contaminación ambiental, desplazamiento, acoso y agresiones directas con la finalidad de orillarlos a dejar el predio en manos de la empresa.
En diversos momentos varios de los familiares han sufrido la quema de sus viviendas y fueron asesinados su padre y uno de sus hijos, además de que han desaparecido dos de sus primos sin que hasta la fecha se hayan esclarecido estos hechos, pese a que al menos los dos primeros casos son abordados en la recomendación 122/95 de la CNDH.
Monroy Rutilo pidió que se proceda penalmente contra los responsables de los delitos ambientales que “han devastado la Cuenca Norte del Río Marabasco, mediante la contaminación de los ojos de agua, del aire y de los cultivos con el material ferruginoso que extrae, utiliza y aprovecha el consorcio minero”.
Asimismo, demandó que la delegación de la Profepa solicite a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) analizar si en los acuíferos aún subsisten organismos acuáticos como el chacal, que podrían estar a punto de extinguirse como consecuencia de la actividad minera.
El denunciante también pidió que acuda a la zona una comisión de inspectores de la Profepa y la Conagua para hacer una verificación de campo, pues “la problemática ambiental, lejos de acotarse y controlarse, está fuera de control”.
