Después del vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora, el agua dejó de ser incolora, inodora e inofensiva. El que es considerado como el peor desastre ambiental en la historia de México ocurrió hace poco más de un año cuando la minera Grupo México contaminó con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el agua de los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado norteño de Sonora. Desde entonces las poblaciones afectadas han tramitado siete amparos para exigir que sus ríos vuelvan a estar limpios.
Fuente: Global Voices
Francisca García es de Aconchi (que significa “paredón en el agua”), pueblo fundado en 1636 lleno de sembradíos de chiles colorados ahora afectados por el arsénico de la minera. Junto a Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures, Aconchi es de los “pintorescos pueblos asentados en las riberas del río Sonora que forman un camino lleno color donde se fusionan los hombres, la cultura y la magia de cada rincón de la Ruta del río Sonora“ según promociona la Comisión de Turismo del estado.
Francisca no necesita de esos promocionales. Ella sabe lo que es vivir en Sonora. Añora cuando salía de preescolar y corría a bañarse al río. Hoy le entristece ya no poder beber de sus aguas y que la contaminación acabara con las cosechas del chile colorado, de la calabaza, del maíz, del cacahuate y dañado al ganado.
El derrame se produjo en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, perteneciente al segundo hombre más rico del país, Germán Larrea.
Pobladores de Aconchi refieren que desde el día 4 de agosto de 2014 notaron que el caudal del río Sonora tenía un color inusual y un olor raro pero no le dieron mucha importancia. Además, hacen cuentas: Si el 4 de agosto el agua pasó, significaba que ya llevaba alrededor de 24 horas de recorrido, pues cuando llueve en la parte alta de Cananea, es el tiempo que tarda en llegar la crecida a Aconchi.
Ese 6 de agosto, las aguas se tornaron de un color amarillo intenso. Los pobladores alarmados empezaron a avisar por teléfono o por redes sociales, algunas preguntaron a sus autoridades municipales o a protección civil pero nadie les informaba lo qué ocurría, por qué el agua llegaba así o si era peligroso consumirla.
Ni la empresa ni las autoridades involucradas les decían qué pasaba. En las siguientes horas cerraron los pozos donde la gente obtenía el agua potable. Empezaron las compras de pánico de agua embotellada, como refiere Zoila López, madre de familia del municipio de Baviácora.
Zoila empezó a tener dolores en el cuerpo, en las clínicas habilitadas por el gobierno le diagnosticaron gripa, pero los síntomas aumentaron hasta que perdió la motricidad de su cuerpo. Acudió a la clínica de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), el médico la envió al psiquiatra.
Según el diagnóstico, Zoila tenía una depresión. Sin dinero, pues la familia vivía de la agricultura, ganadería y de las cosechas que perdieron tras el derrame, Zoila pidió prestado y fue con un médico particular. Sus síntomas, efectivamente, se debían al efecto del arsénico en su cuerpo que daña el sistema nervioso de las personas. Los mismos síntomas los presentaba su marido y sus tres pequeños hijos.
Sin información clara y ante el enojo de ver cómo el río y las tierras de cultivo seguían contaminadas sin que las autoridades ni las empresas se hicieran responsables, Zoila, Francisca y centenares de personas se unieron para defender sus derechos en los “Comités de Cuencas del Río Sonora”, que provienen de siete municipios ribereños de Sonora.
Los comités se acercaron a la organización “Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación” (PODER) para asesoría del caso. En la investigación que realizó PODER, encontraron 55 irregularidades en las que incurrió la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México.
La primera irregularidad es la causa del derrame, la minera asegura que se debió al exceso de lluvias, sin embargo dos indicios apuntan al contrario, el primero es que la estación climatológica de Bacanuchi registra un mínimo de precipitación pluvial (0.5 mm) ese día. Otro dato, la versión que PODER obtuvo mediante el Sistema de Acceso a la Información donde Buenavista del Cobre refiere que: “el sistema hidráulico se encontraba en reparación y además el represo no tenía ningún tipo de válvula”.
La misma investigación sostiene que la parte de la mina donde ocurrió el derrame se encontraba al 50% de construcción, además de que no contaban con sistema de detección ni de control de derrames. Esto significa que la empresa estaba operando sin los mínimos requisitos que le exige la ley ambiental.
Como una forma de solucionar los efectos del derrame, las autoridades gubernamentales crearon el Fideicomiso Sonora para llevar a cabo “las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame”, conforme al Programa de Remediación y dos, “como mecanismo de pago”, en cuanto a las reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame, según se indica en su página web.
Sin embargo, hasta julio de 2015, el Programa de Remediación aún no estaba aprobado, salvo para la zona 1, el lugar donde se ubica la mina; en las cuatro zonas restantes, donde están las poblaciones afectadas. Esto significa que “a diez meses de los hechos tanto la Semarnat como Buenavista del Cobre han sido omisas”, afirma la organización PODER. Los Comités de Cuenca interpusieron un amparo por este tema.
Pero desde que la mina inicio sus operaciones las comunidades han visto violentados sus derechos, principalmente el de acceso a la información y el de ser consultado. Francisca cuenta que nunca fueron preguntados sobre este proyecto.
Por eso, parte de la estrategia de los Comités de la Cuenca incluye interponer amparos, llevan siete hasta el momento, uno es por la falta de una consulta adecuada, por ley tienen derecho a que las poblaciones aledañas sean consultadas por Semarnat antes de que se otorguen autorizaciones ambientales.
Otro amparo es por la calidad en los pozos de agua, pues la Norma Oficial Mexicana señala unos estándares menores a los que marca la norma internacional, con esto el agua que beben los pobladores de los pozos puede tener niveles altos de metales contraviniendo el derecho humano al agua salobre y de calidad. Zoila tiene la certeza que beber agua de un pozo contaminado, avalado primero por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que después clausuraría, fue lo que la enfermó a ella y a su familia.
Sobre este tema, el 7 de octubre pasado, los comités obtuvieron una victoria importante; el Juez Primero de Distrito en Sonora ordenó a la Conagua realizar nuevos estudios ante el riesgo de que las poblaciones puedan beber agua contaminada. Los comités ofrecieron crear un grupo de observación para que la autoridad cumpla con la orden judicial de la mejor manera.
El resto de los amparos va de la mano de sus exigencias, quieren que el río Sonora vuelva a estar limpio y tener la confianza de esa agua segura para beber, que las cosechas a las que todas las mañanas salían a trabajar sigan en pie alimentándoles.
