El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo BCS (CCDS) advierte que la única manera de aprobar el proyecto de minería submarina Don Diego en Bahía de Ulloa, municipio de Comondú, es pasando por encima de la ley, pues existen elementos suficientes “para dar un no rotundo” a Exploraciones Oceánicas y Odyssey Marine Explorations, empresas detrás del proyecto.
Fuente: BCS Noticias
Esto luego de que Don Diego presentara el pasado 26 de junio una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a un mes de haber retirado voluntariamente la que presentó por primera ocasión, y que la misma empresa minera publicara en un diario de circulación estatal el 2 de julio que su procedimiento fue ingresado, aunque en la gaceta oficial ecológica no apareció este trámite y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), junto a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, suspendió sus actividades durante todo julio justificando cambio de domicilio.
“Estos nos genera gran extrañeza y preocupación”, señalan los miembros del CCDS, conformado por sectores académicos, no gubernamentales, asociaciones sociales, de mujeres y de jóvenes, señalando que “al parecer no se preparó una MIA profesionalmente y se están utilizando lagunas en el proceso para beneficiar a la empresa”.
Alma Delia Ojendis Ojendis, coordinadora del CCDS, recuerda que la organización realizó 13 observaciones a Don Diego, las cuales contienen suficiente sustento para detener su embestida, sin embargo Semarnat no ha rechazado por completo el proyecto.
Cuatro de las principales observaciones son: 1. La aplicación del “principio precautorio”, establecido en 1992, “toda vez que por la magnitud de los daños ambientales previstos para este tipo de minería, no han sido aprobados en ninguna parte del mundo; 2. Falta de certidumbre de la MIA, frente al Artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, que establece que debe haber “precaución cuando haya amenaza de daño grave o irreversible”; 3. La MIA de Don Diego no reconoce la existencia de especies contenidas en la Norma Oficial Mexicana 059; 4. El proyecto generará la liberación de elementos traza, que tienen como característica permanecer en sistemas marinos por tiempo prolongado, específicamente materiales como mercurio, cadmio, plomo, arsénico, níquel y zinc.
Es así que el CCDS busca dar a conocer a los sudcalifornianos que Semarnat y Exploraciones Oceánicas podrían estar actuando de forma irregular para aprobar en Bahía de Ulloa, por primera vez en todo el mundo, minería submarina, considerando que el cierre de la DGIRA pudiera tener el objetivo de “tomar ventajas” a la empresa, pues se extinguirán los tiempos para solicitar una consulta del proyecto o una reunión pública con sus promoventes.
Según información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el proyecto de minería submarina Don Diego pretende dragar 91,000 hectáreas de fondo marino para extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática, una Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Dicha zona es reconocida por su alta productividad biológica y por ser de gran importancia para la pesca de la región.
