La comunidad de Zacualpan, en Colima, continúa su lucha jurídica contra los proyectos extractivos, esta vez presentaron un amparo, ante el juez de Distrito en turno de esta entidad, contra el proceso de aprobación y otorgamiento ilegal de las concesiones mineras. El estado de Colima tiene alrededor del 44 por ciento del total de su territorio, concesionado a empresas estractivistas, siendo la entidad con más territorio otorgado a las empresas mineras privadas de capital extranjero y nacional, con un total de 360 títulos.
Fuente: Desinformándonos
Zacualpan es una comunidad indígena que se ha caracterizado por importantes triunfos, tanto en el terreno político como jurídico, contra las empresas mineras. El pueblo nahua resistió a la imposición de una mina de oro a cielo abierto de más de cien hectáreas en tierras comunales, de la empresa Gabfer S.A, propiedad del empresario Rigoberto Verduzco, apoyado por el ex comisario ejidal, quienes sembraron la violencia en el pueblo para imponer el proyecto.
Durante la Misión Civil Nacional e Internacional de observación al Caso Zacualpan, se documentó las afectaciones de la vida comunitaria y cultural de la población indígena, debido a los proyectos estractivistas.
La misión destacó además que prevalece el contubernio, la impunidad y la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno estatal y federal.
Territorio libre de mineras
La comunidad nahua logró a finales del año pasado, nombrar un comisariado ejidal ajeno a los intereses de las empresas y los partidos políticos, la votación se dio en un contexto de militarización de su territorio, amenazas de muerte y hostigamientos.
Por medio de una asamblea los pobladores lograron destituir al anterior comisariado, por razones de corrupción, y declararon a Zacualpan territorio libre de minería. El Tribunal Agrario Unitario dictó una sentencia reconociendo la legitimidad de esa asamblea.
A pesar de esa victoria legal, el balneario Ojo de Agua, de propiedad ejidal, estuvo administrado durante años por personas de filiación priista y ante la sentencia del Tribunal, fue ocupado violentamente por este grupo.
En el mes de septiembre del 2014, la Comisión Permanente del Congreso local exhortó al gobierno de Colima para que usara la fuerza pública contra personas ajenas a la comunidad que intentaran alterar el orden, en referencia a varios colectivos que apoyaban la lucha de los indígenas.
La mina a cielo abierto se pretendía construir a un kilómetro de un manantial de agua que afectaría de manera directa al Ojo de Agua e implicaría la afectación de especies en peligro de extinción.
Con el amparo los habitantes de Zacualpan, pretenden que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera y de las concesiones que afectan su territorio indígena.
