La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación “integral” por presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de pobladores de ocho comunidades de Manzanillo, Colima, cuyos cultivos, ríos y manantiales están en riesgo por la explotación de hierro que realiza la empresa minera RM Pacific Group.
Fuente: Proceso
El organismo a cargo de Raúl Plascencia Villanueva refirió en un comunicado que dirigentes de ejidatarios de El Arrayanal, del Ejido Canoas, Huizcolote, El Ciruelito, Cedros, El Llano, La Marina y Loma de Ávila Camacho pidieron a las autoridades que impidan el funcionamiento de la minera en un lote denominado “Eva” ubicado en la comunidad El Arrayanal, donde iniciaron la extracción de hierro.
Asimismo los agraviados denunciaron un presunto “ecocidio” por parte de la compañía, que ha derribado infinidad de árboles de la zona, para lo cual asegura tener permisos de la autoridad.
Encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Manuel Campos Muñoz, 23 ejidatarios presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el daño ambiental a la zona.
Al entregar su denuncia se entrevistaron con el delegado de la dependencia federal, Ciro Hurtado Ramos, a quien pidieron su intervención para detener los trabajos, porque de continuar –alertaron– resultarán afectados sus cultivos, así como el agua de río y de los manantiales que no sólo benefician a Canoas, sino a comunidades como Huizcolote, El Ciruelito, Cedros, El Llano, La Marina y Loma de Ávila Camacho, entre otras.
El ombudsman nacional ordenó el traslado de un equipo de visitadores al municipio para que recaben la información necesaria. Asimismo, instruyó al Sexto Visitador General que investigue “a fondo” el presunto daño ambiental, a través de una visita de inspección a las comunidades y dé seguimiento al caso.
La Sexta Visitaduría General, especializada, entre otros temas, en materia ambiental, se encarga de la defensa y de la promoción y difusión de los derechos en materia ecológica, para crear mayor conciencia social en la materia.
El organismo señaló que su investigación se lleva a cabo en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, “verificando que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan su labor garantizando la conservación del medio ambiente”.
Una vez agotada la investigación, dijo, se emitirá la resolución que corresponda.
A principios de enero pasado ejidatarios de Canoas bloquearon el camino para impedir el paso a camiones de la empresa que pretendía iniciar los trabajos de extracción.
Grupos ambientalistas, el Congreso local y otros sectores se unieron a la movilización. Incluso, el Congreso emitió un punto de acuerdo en el que exhortó a las autoridades a no conceder permisos para la operación minera en esa zona.
En una asamblea los ejidatarios declararon a Canoas como “territorio libre de minería”, aunque en abril de 2013 la Semarnat concedió la autorización ambiental a la empresa, y el entonces delegado de esa dependencia, Ernesto Pasarín Tapia, declaró que sí podía trabajar porque el lote se encuentra en un terreno que no pertenece al ejido.
La misma dependencia federal ya había negado el permiso de explotación minera en Canoas durante el periodo del delegado anterior. Y ante la negativa de los ejidatarios de Canoas para dejar pasar los camiones de carga por su comunidad, RM Pacific Group optó por iniciar los trabajos desde El Arrayanal.
