Comuneros de este pueblo indígena acordaron hoy no permitir la explotación de una mina de oro en su territorio, con el argumento de que dañaría su entorno natural y contaminaría un gran manantial, del que se abastece de agua potable a más de 70% de los habitantes de la capital del estado.
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Fuente: Proceso
Asimismo, destituyeron de sus puestos a los integrantes de la mesa directiva de Bienes Comunales, que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro —a quien acusaron de estar coludido con el empresario promotor del proyecto minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez— y nombraron en su lugar a J. Guadalupe Rincón Carpio como presidente, a Epitacia Zamora Teodoro como secretaria y a Olivia Teodoro Aranda como tesorera.
En ausencia de Carlos Guzmán Teodoro, quien la víspera había anunciado la cancelación de la asamblea “por no existir condiciones de seguridad” para su realización, la reunión llevada a cabo en la Casa de usos múltiples fue encabezada por su suplente, Crescenciana Corona Lorenzo, en presencia del notario público Pablo Bernardo Castañeda de la Mora.
A la asamblea, a la que se permitió el acceso a los reporteros, tampoco asistió la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, señalada de tener vínculos con Guzmán Teodoro y de maniobrar a favor del proyecto de explotación de la mina.
Con la asistencia de 96 de los 307 comuneros registrados en el padrón —de los que ya fallecieron alrededor de medio centenar— la asamblea se llevó a cabo sin contratiempos y al final el acta fue firmada por cada uno de los asistentes, quienes estamparon la leyenda adicional “No a la mina”.
Inicialmente, algunos de los comuneros expresaron sus dudas sobre el procedimiento legal que deberían seguir ante la ausencia de los miembros de la mesa directiva: realizar la asamblea o elaborar un escrito para solicitar que la Procuraduría Agraria fuera quien la convocase en una fecha posterior.
Sin embargo, cansados de que la asamblea había sido ya pospuesta por cinco ocasiones consecutivas desde noviembre pasado a la fecha, decidieron realizarla amparados en la figura de “segunda convocatoria”, según la cual ya no se requiere la asistencia de 50% más uno de los miembros del padrón.
Asimismo, la comunera Epitacia Zamora Teodoro, una de las lideresas del pueblo, argumentó que como comunidad indígena Zacualpan tiene todo el derecho a decidir sobre sus asuntos internos, con base en su propio estatuto comunal.
Las votaciones por la destitución de la mesa directiva y por el rechazo a la mina fueron resueltas por unanimidad y fueron seguidas por aplausos de los propios comuneros.
Después de que uno de los asistentes fue designado por la asamblea para tomar la protesta a los nuevos integrantes de la mesa directiva y del Consejo de Vigilancia, que también fue renovado, fue leída el acta que en los próximos días será llevada a la delegación del Registro Agrario Nacional.
Al final de la reunión, la nueva secretaria de Bienes Comunales, Epitacia Zamora declaró que la directiva solicitará al presidente destituido la entrega de la documentación, libro de actas y el sello de la comunidad, con la advertencia de que si se niega a entregarlos podría ser demandado.
También dijo que en una próxima asamblea se decidirá si se realiza una auditoría a la directiva saliente, ya que no existe claridad sobre el manejo de recursos públicos entregados por algunas dependencias gubernamentales a la comunidad para diversas actividades, entre ellas la reforestación en el Cerro Grande.
