Jaime Martínez Veloz, comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, señala a Zedillo, Fox y Calderón de otorgar 96 millones de hectáreas a empresas extranjeras. Fuente: Vanguardia
Los ex presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón entregaron 96 millones de hectáreas del país, correspondientes a la mitad del territorio nacional, a empresas mineras extranjeras y nacionales, aseguró el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, quien dijo que la entrega de concesiones en los últimos 18 años fue lo que agravó y frenó la comunicación con las comunidades originarias.
“Hicimos un recuento y en los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón se entregaron -mediante la vía de concesiones mineras- 96 millones de hectáreas, que es casi la mitad del país. Las cuales han agravado los conflictos en las zonas indígenas”, reveló.
Con base en el estudio de la minería en México elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dijo que en el sexenio de Ernesto Zedillo “se otorgó el mayor número de hectáreas”: 9 mil 657 títulos de concesión y mil 843 de explotación, un total de 11 mil 500, equivalentes a 34 millones 531 mil hectáreas. Además, detalla que durante la gestión del presidente Felipe Calderón se entregaron 34 millones 379 mil hectáreas.
“El mayor número de estas concesiones se entregaron a empresas mineras de Canadá, 70 por ciento, siendo los principales beneficiados en varios estados de la República”, refirió Martínez Veloz.
El mismo análisis, basado en datos del Sistema Geológico Mexicano, refiere que hasta 2013 el capital extranjero minero se encuentra distribuido de la siguiente manera: Canadá, 74 por ciento, con 207 empresas; Estados Unidos, 15 por ciento, con 43 empresas; China, tres por ciento, con ocho firmas; Australia y Japón, dos por ciento, y seis y cinco empresas, respectivamente.
Asimismo, en el país existen registrados hasta el año pasado 857 proyectos de explotación y extracción distribuidos en 16 estados destacando Sonora con 206, Chihuahua con 120, Durango con 97, Sinaloa con 85 y con 66, Zacatecas.
“El principal problema es que estas empresas no ven como socios a los pueblos indígenas, sino como un estorbo y explotan gravemente a los trabajadores y las zonas de asentamientos. Por ejemplo: un minero nacional gana en una jornada de ocho horas lo que gana en una hora el minero canadiense. Es una explotación bárbara”, dijo.
Otra cifra que destacó fue la de la venta de las hectáreas; en el país tienen un costo de uno a diez dólares, mientras que en el extranjero oscila entre los 3 mil 500 y 6 mil euros, “y el oro y los minerales valen lo mismo, solo que aquí se abaratan los costos”.
El informe indica que “México ocupa el quinto lugar en la entrega de permisos y el primero respecto a su régimen fiscal libre de impuestos. Otro de los indicadores que posiciona a Méxio es que es rápido y eficiente en la apertura de este negocio: solo se necesitan de 6 a 9 días en los trámites”.
Ante el atropello a las comunidades indígenas, dijo que es necesario fortalecer la Ley Minera para que las empresas del ramo entreguen recursos a los poblados cercanos a las zonas de explotación.
Indicó que dentro de la iniciativa de ley de derechos y cultura indígena, que recogerá los acuerdos de San Andrés e incorporará la nueva normatividad nacional e internacional en la materia, se considera esta normatividad.
Comentó que una de las virtudes de esta nueva legislación es la incorporación del derecho a la consulta que prevé la obligación del Estado de cuestionar a los pueblos originarios en su idioma sobre las actividades que afecten y las responsabilidades conexas de las empresas.
“Es necesario dignificar esta labor y sobre todo que los pueblos indígenas tengan beneficios de la extracción de minerales, porque en la mayoría de los casos las mineras dejan deshechas las zonas y hacen más difícil la vida para estas comunidades”, señaló.
