Siete campesinos del ejido San Tiburcio resultaron heridos durante un desalojo realizado por policías estatales que acudieron el mediodía de este domingo al municipio de Mazapil para “liberar” el predio donde se ubica la nueva mina de oro a tajo abierto Camino Rojo, propiedad de la canadiense Goldcorp, que opera la mina Peñasquito, a 50 kilómetros. Los campesinos del ejido de San Tiburcio, al norte de Zacatecas, denuncian que la paga por el arrendamiento de sus terrenos es muy baja cuando se compara con los beneficios que obtiene Gold Corp. Los campesinos quieren renegociar los contratos que hicieron con las empresas mineras.
Fuente: La Opinión
Los campesinos se sienten timados por la minera canadiense Gold Corp a la cual vendieron o arrendaron sus tierras a aproximadamente un tercio de dólar (4.35 pesos) por metro cuadrado en tanto la mina promete ser la más grande a cielo abierto de América Latina.
Enfurecidos, unos 300 de ellos bloquearon el fin de semana la entrada del yacimiento de oro, plata y zinc que comenzó a operar a mediados del año pasado con el nombre de “Camino Rojo”, sin embargo, la policía estatal los echó a punta de macanazos. Siete campesinos resultaron heridos.
“Nos reagruparemos”, prometió Felipe Pinero, líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la organización que atiza las movilizaciones en contra de los “contratos alevosos” de los que, afirma, fueron víctimas los ejidatarios.
No es la primera vez que los dueños de las tierras concesionadas a mineras en México acusan a las compañías y a funcionarios “corruptos” de verles la cara.
Actualmente suman 28 casos considerados focos rojos en la estabilidad social del país, sea por la exposición a metales pesados, conflictos territoriales, disputa por ocupar zonas arqueológicas o problemas de precios en la compra de terrenos con una docena de empresas trasnacionales.
Ahí mismo, en el municipio de Mazapil, donde se encuentra la mina Cielo Rojo, otros ejidatarios se dicen inconformes porque Gold Corp rentó en 2007 sus tierras por 30 años a sólo un peso (ocho centavos de dólar) por metro cuadrado para explorar la mina Peñasquito, donde diariamente extrae 130 mil toneladas de concentrados.
Los campesinos se quejan de la falta de asesoría del gobierno para lograr “contratos justos” donde todos ganen, ellos por ser dueños de las tierras y las empresas por trabajarlas. “Queremos renegociar los acuerdos”, solicitan hoy.
Los labriegos demandan renegociar contrato firmado con la empresa canadiense Goldcorp
José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y Felipe Pinedo Hernández, líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, aseguraron que la situación es “muy tensa” porque los campesinos “se están reagrupando” y volverán a intentar parar las operaciones del complejo minero, a pesar de que ya están ahí los policías antimotines.
Desde la tarde del sábado –informaron ambos dirigentes por separado– más de 300 ejidatarios de San Tiburcio se plantaron en las inmediaciones de la mina Camino Rojo, a un costado de la autopista Zacatecas-Saltillo, en la comunidad El Berrendo.
Los ejidatarios de San Tiburcio actuaron 24 horas después de que 38 familias de campesinos del ejido Las Mesas, quienes bloqueaban el acceso principal a la mina Peñasquito, fueron desalojados por los policías estatales que este domingo fueron enviados a Camino Rojo.
Ambos grupos de labriegos exigen a Goldcorp renegociar los contratos por los cuales cedieron sus predios en renta o venta para operaciones mineras.
En el caso de la mina Camino Rojo, informó Pinedo Hernández, el 16 febrero de 2013 los campesinos del ejido San Tiburcio firmaron un contrato con Goldcorp para venderle mil 700 hectáreas a 74 millones de pesos, cantidad que se repartiría entre 366 ejidatarios. Así, 17 millones de metros cuadrados del semidesierto norte de Zacatecas, cuyo subsuelo es rico en oro, plata y zinc, fueron adquiridos por la minera canadiense a sólo 4.35 pesos por metro cuadrado, según el contrato.
En el caso de Peñasquito, los ejidatarios de Las Mesas reclaman la revisión de un contrato similar, por el cual rentaron sus tierras durante 30 años (también a Goldcorp) a un peso el metro cuadrado.
Narro Céspedes lamentó que el gobierno de Zacatecas haya asumido “una postura de entrega y sumisión ante los capitales extranjeros. En lugar de defender los intereses de los campesinos, el gobierno manda a sus policías, que se han convertido en los modernos guardias blancas de los saqueadores”.
Para “abusar alevosamente de los campesinos con estos contratos leoninos”, dijo Narro Céspedes, Goldcorp “compró, como hace con líderes agrarios, a Cesar García Sánchez, comisario ejidal de San Tiburcio”.
Narro Céspedes lamentó que el gobierno federal y la Procuraduría Agraria no defiendan los intereses de los ejidatarios de Zacatecas para que se firmen contratos justos con las mineras transnacionales. Recordó el caso de Aquila, Michoacán, donde ejidatarios negociaron con mineras que explotan hierro y pagan a los campesinos organizados y bien asesorados 100 millones de pesos anuales.
“La obligación inicial del gobernador (de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes) es defender a los campesinos y el interés de Zacatecas, porque estas mineras llegaron a la entidad con una actitud de atropello y saqueo”, añadió.
“¿Cómo es posible que el gobierno permita esto? En Michoacán se logra que las mineras paguen 100 millones de pesos a un ejido de Aquila, por renta anual de minas de hierro, y aquí en Zacatecas son minas de oro y de plata y son compraventas absurdas”.
