Las mineras canadienses han convertido a Oaxaca y a otros estados del país en sus nuevos centros de explotación y exploración, se privilegia a la inversión extranjera como política de desarrollo en los dos más recientes sexenios, pero también debido a las leyes restrictivas en su propio país y en Europa, por las afectaciones ocasionadas al medio ambiente.
Fuente: noticiasnet.mx
Las leyes en esos países restringen la operación de las minas a cielo abierto, por el uso intensivo de explosiones y por los lixiviados de cianuro y otros, en el lavado del material, pero en México no.
Según el abogado indígena mixteco, experto en derecho agrario, la minería es una industria floreciente en México porque de acuerdo con las cifras del Banco de México, en una década sus ingresos pasaron del quinto al tercer lugar como generadora de divisas, solamente superada por los ingresos petroleros y los de la industria automotriz.
El auge de la minería se debe a muchos factores, entre ellos el aumento del precio de los metales, pero también la creciente importancia de otros metales en la industria de la tecnología y la carrera armamentista.
Pero, ni el Banco de México ni los industriales mineros informan que dicho crecimiento se ha fincado sobre la destrucción del medio ambiente y, sobre todo, pasando por encima de los derechos de los dueños de las tierras, los campesinos y los pueblos indígenas.
Para que esto sea posible cuentan con un marco normativo afín, instituciones públicas a su servicio y políticas que obedecen a sus intereses, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Un ejemplo de lo permisivo de la ley minera es que declara toda la actividad minera de utilidad pública, preferente a cualquier otro uso del terreno sobre el que se ubiquen los minerales y excluida de todo impuesto estatal o municipal.
De acuerdo con el también ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), si bien es cierto que las leyes aprobadas en nuestro país no reconocen explícitamente su derecho al territorio, sí lo hacen los documentos internacionales, que también tienen validez en el territorio mexicano. Atendiendo al contenido de estos, los pueblos tienen derecho a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de los recursos naturales, incluida la minería. Pero a la hora de otorgar las concesiones a las empresas extranjeras, el gobierno federal no los respeta y así se genera una violación a sus derechos. Por eso cada día que pasa vemos más comunidades campesinas y pueblos indígenas oponiéndose a las actividades mineras en sus territorios, porque ello representa la destrucción de sus lugares sagrados, la contaminación de sus ríos, de donde toman agua para su subsistencia y la contaminación del medio ambiente en que viven.
Conforme al coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, la Secretaría de Economía entregó 344 títulos de concesión minera, entre enero de 2002 a junio de 2011, fundamentalmente para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, en una superficie de 742 mil 791.02 hectáreas, equivalente al 7.78 por ciento del territorio estatal.
Estas concesiones, distribuidas en las ocho regiones, pertenecen principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadounidenses.
Las 344 concesiones han generado 33 proyectos mineros, aunque solamente dos se encuentran en la etapa de explotación comercial. El primero, denominado “El Águila” de la empresa Gold Resource Corp, ubicado en San Pedro Totolapan, distrito de Tlacolula de Matamoros. Y el segundo, “San José” de la empresa Fortuna Silver Mines, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos.
Aunque, la gran mayoría de municipios, ejidos o comunidades agrarias no cuentan con información sobre la existencia de una o más concesiones mineras en su territorio, por lo que se deduce que no se generó ningún proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades al momento de otorgarlas.
Sin embargo, según el Comité de Información de la Secretaría de Economía, la Dirección General de Regulación Minera ha otorgado 389 concesiones, en una superficie de 800 mil 447 hectáreas, principalmente a mineras canadienses, la mayoría de ellas entre el 2000 y 2012, durante los sexenios de los entonces presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, surgidos del PAN.
Muchas de las concesiones otorgadas en los últimos 12 años, tienen vigencia hasta los años 2023, 2039, 2059, 2050 y 2062.
Riqueza que no se queda en casa
Colonización del siglo XXI
Queda claro que la explotación de estos recursos, su disfrute y sus beneficios no van destinados a la población local y ni siquiera nacional. Las cifras de las que hablamos son las que inflan ese notable crecimiento económico que tiene este país y que tanto gusta remarcar a los políticos. Desgraciadamente, la riqueza que se obtiene de esta situación ni se reparte ni se queda en casa. Los propietarios de estas empresas se enriquecen, no así los trabajadores de las minas ni los vecinos de las cercanías.
Resulta obvia la incidencia que tiene la llegada de empresas internacionales a estos territorios. Desestabilizan la economía local, trastocan la vida de los lugareños (en todos sus ámbitos), ejercen su dominio sobre el territorio, acaban con los ecosistemas y con la diversidad ecológica del lugar y se lucran con la sobre explotación de unos recursos naturales limitados. La colonización del siglo XXI no viene en carabelas ni trae espejos. No obstante, a pesar de la represión que se ejerce, a pesar del poder que tienen estas grandes compañías, los grupos locales se organizan y se enfrentan a esta injusticia que tienen que sufrir día tras día. Nunca van a dejarse ser sometidos. Este conflicto presente lleva años vivo y así seguirá durante años.
