En el marco de la 73º Asamblea General de las Naciones Unidas, 14 países de América Latina y el Caribe, suscribieron el Acuerdo Regional de Escazú que garantiza y promueve el acceso a información, participación y justicia en temas ambientales.
Fuente: FARN – CEPAL
El Acuerdo Regional de Escazú garantiza y promueve el acceso a información, participación y justicia en temas ambientales. Los países que firmaron el tratado el 27 de septiembre pasado fueron: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.
Este acuerdo, el único tratado emanado de Río+20, es además el primero de la región en materia ambiental de América Latina y el Caribe, y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto es de especial relevancia, sobre todo, en una de las regiones del planeta más críticas para quienes defienden el ambiente y la tierra.
Cabe destacar que el Acuerdo de Escazú está en el corazón de la Agenda 2030, ya que garantiza y brinda herramientas para que todas las personas, especialmente aquellos excluidos o en situación de vulnerabilidad, tengan acceso confiable a información, puedan participar de manera efectiva en procesos de toma de decisiones, y, además, acceder a la justicia, permitiendo una distribución equitativa de los costos y los beneficios del desarrollo.
Se trata de una respuesta inmediata por parte de los países ante el explosivo aumento de conflictos ambientales en América Latina y el Caribe, y a los millones de personas que sufren de las consecuencias de la contaminación y la presión por recursos naturales en una región donde la conflictividad ambiental, lejos de disminuir, se ha ido incrementando de manera considerable.
Este tratado es una herramienta que impulsará la creación de marcos legales para la protección del ambiente en aquellos países que aún no cuentan con normativa suficientemente desarrollada, mientras que, al mismo tiempo, será un potente instrumento para mejorar la implementación y el cumplimiento de las normas en aquellos Estados que, como en el caso de Argentina, cuentan con serios déficits en la materia.
La firma de este acuerdo es un hecho significativo para la sociedad civil de América Latina y el Caribe, cuyos representantes formaron parte de la negociación del presente acuerdo, a través de sus representantes electos, y en donde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) participó de manera activa ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú.
La adopción de este instrumento por parte de los países de la región es de significativa importancia por cuanto le brindará a la población herramientas indispensables para defender sus derechos, pero que además crea instancias internacionales que permitirán a los ciudadanos reclamar y revisar las conductas de aquellos países que atenten contra la vigencia de los derechos establecidos en este acuerdo.
Como todo acuerdo internacional, su entrada en vigencia se producirá según las reglas establecidas en el propio instrumento. En este caso, cuando se haya alcanzado la ratificación de al menos 11 países de la región de América Latina y el Caribe.
Vale destacar que la República Argentina ha sido uno de los países que suscribieron el acuerdo, lo cual lo sitúa en una posición destacada en relación al mismo en la región, compromiso que ahora deberá refrendar mediante la ratificación de dicho acuerdo por parte del Congreso de la Nación.
