Los países de América Latina se quedan sin el agua, sin los minerales y sin los recursos económicos resultado de la extracción. Para colmo, esta política se intenta profundizar con los
Tratados de Libre Comercio, en un proceso de recolonización de nuestras economías y sociedades, que tiene como objetivo garantizar el control de las riquezas naturales. La nueva Ley de minería de Honduras debe enfáticamente prohibir la minería a cielo abierto y el uso del cianuro y cualquier otra sustancia toxica, por los daños irreversibles que producen al ecosistema y a la salud de las personas.
04/05/2010
La Asociación de Organismos No Gubernamentales ASONOG, La Alianza Cívica por la Democracia ACD y la Red Nacional de comunidades afectadas y pretendidas por la minería en Honduras, a todas las Organizaciones comprometidas con la protección de los Recursos Naturales, la soberanía de nuestro País y el respeto de los Derechos Humanos, y al pueblo Hondureño en general manifestamos lo siguiente:
Apoyamos y respaldamos firmemente la Declaración de San Salvador donde diversas comunidades y organizaciones sociales de Centro y Sur América nos reunimos entre el 20 y 22 de Abril en San Salvador en el “Encuentro Latinoamericano por la defensa de los Recursos Naturales y la Vida de los pueblos” y que en sus partes medulares expresa:
“El actual modelo de desarrollo de las potencias del mundo, especialmente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han impuesto una política económica que especializa a los países de América Latina en la exportación de materias primas y recursos naturales, profundizando el saqueo de nuestra biodiversidad. A través de sus Trasnacionales, estos países se aprovechan de legislaciones flexibles y acordes con el capital extranjero, aprobadas en dos décadas de neoliberalismo, que les genera enormes beneficios económicos y no les exige cumplir ningún requisito ni las hace responsables por los profundos impactos ambientales, sociales y económicos que genera su accionar.
Los países de América Latina se quedan sin el agua, sin los minerales y sin los recursos económicos resultado de la extracción. Para colmo, esta política se intenta profundizar con los
Tratados de Libre Comercio, en un proceso de recolonización de nuestras economías y sociedades, que tiene como objetivo garantizar el control de las riquezas naturales.
En todos estos casos, existe un factor común de agresión hacia las comunidades, el medio ambiente y las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos, los megaproyectos mineros están siendo dominados por las grandes compañías de las potencias. En este sentido, el esfuerzo de unidad en el que se ha avanzado en este “Encuentro Latinoamericano por la Defensa de los Recursos Naturales y la Vida de los Pueblos”, va en el camino de compartir experiencias y coordinar acciones conjuntas para enfrentar como objetivo común, a las trasnacionales mineras y sus proyectos. También para evidenciar ante los habitantes de nuestros países los impactos a nivel ambiental, social y económico que produce la gran minería, especialmente cuando estos proyectos no son controlados por el Estado y no hay responsables por las consecuencias que producen.
Ante esta situación, las organizaciones presentes declaramos:
1. Que demandamos una legislación que proteja efectivamente a las comunidades y sus recursos naturales, de los intereses voraces de los grandes capitales.
2. Que exigimos que haya consulta previa, libre e informada a las comunidades locales, sin presión de las trasnacionales y sin manipulación de los gobiernos, como lo ordena el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
3. Que rechazamos las demandas que en el marco de los TLC las trasnacionales interponen contra los Estados, con el argumento de que obstaculizan el comercio por no contar con los permisos ambientales para su realización. Es el caso específico de las demandas contra El Salvador en proyectos mineros.
4. Que demandamos que nuestros gobiernos tomen las medidas necesarias para evitar que los
Proyectos en frontera repercutan en los países vecinos, y genere conflictos de carácter internacional.
5. Que el agua es un derecho que los Estados tienen que garantizar en cantidad y calidad suficiente para los seres humanos, los animales y la producción de alimentos. Que es un recurso vital que pertenece a los pueblos y no a las Corporaciones.”
CASO ESPECIFICO DE HONDURAS
1. La Alianza Cívica por la Democracia ACD, La Asociación de Organismos No Gubernamentales ASONOG y la Red Nacional de comunidades afectadas y pretendidas por la minería, siempre fiel a su compromiso con el pueblo Hondureño manifiesta la exigencia de la aprobación por el Congreso Nacional de una nueva Ley general de Minería y No al Proyecto de Reformas a la actual Ley.
2. La nueva Ley de minería debe enfáticamente prohibir la minería a cielo abierto y el uso del cianuro y cualquier otra sustancia toxica, por los daños irreversibles que producen al ecosistema y a la salud de las personas.
3. La reciente denuncia hecha por varios medios de comunicación del País sobre la evasión de pago de impuestos de varias Empresas Mineras, demuestra que la minería en Honduras no es rentable, pues prácticamente le estamos pagando a estas Empresas para que se lleven nuestros recursos a cambio de nada, además generan mucha corrupción en funcionarios públicos que aceptan regalías para hacerse de la vista gorda.
4. Finalmente, pedimos al Estado de Honduras y específicamente a las autoridades de la SERNA, analizar las condiciones legales y repercusiones que tendrá la aplicación del Acuerdo 233-2010 emitido por el ex Ministro Valerio Gutiérrez López que afecta las Áreas Protegidas y la vida silvestre del país, al haber derogado los Acuerdos 001-96 y 158-2009, con lo que se permitiría otorgar licencias ambientales a proyectos mineros y de otra índole en cualquiera de las 107 Áreas protegidas del País.
¡TODA MINA CONTAMINA!
Tegucigalpa MDC Primero de Mayo del 2010.
