En contraste con lo que piensa cierto sector empresarial hondureño, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en consorcio con la organización danesa de desarrollo IBIS, describió ayer al sector minero en Honduras como “conflictivo” y de “modesto” aporte.
Fuente: La Prensa
Esos puntos se encuentran plasmados en el estudio de caso titulado Diagnóstico de la situación minera en Honduras 2007-2012.
Entre las causas de ese carácter conflictivo figuran “enfrentamientos de las empresas mineras con las comunidades, bajos niveles de contribución a impuestos nacionales y municipales, problemas ambientales, violaciones a derechos humanos, un marco legal débil y favorable a compañías mineras, y una institucionalidad débil del Estado para regular las actividades extractivas.
El informe hace mención especial sobre algunas comunidades. “Son, ciertamente, algunos de los principales actores en los conflictos mineros.
Las comunidades son las más afectadas por los cambios producidos por la explotación minera que, sin duda, modifican en diversos grados sus modos tradicionales de vida.
Es evidente que se configura un escenario de competencia por recursos que son vitales tanto para las empresas como para las comunidades (recursos como el agua y el territorio, por ejemplo).
La posición de las comunidades va desde una actitud de diálogo (como sucedió en San Andrés, Copán, y en San Ignacio, Francisco Morazán, a inicios de la explotación) hasta posturas de radicalidad contra el proyecto minero en el desarrollo del conflicto. Es el caso de las comunidades cercanas a la Mina San Martín, en el Valle de Siria, que comprende los municipios de San Ignacio, El Porvenir y Cedros, las cuales se organizaron desde el año 2000 y conformaron el denominado Comité Ambientalista del Valle de Siria (Cavs). Esto, debido a las numerosas quejas sobre la contaminación del agua, enfermedades respiratorias y el comportamiento de la empresa con los vecinos”, indica el informe del Icefi.
Otro aspecto no menor es la percepción de las comunidades sobre las instituciones públicas como canales inefectivos e ilegitimos para mediar. “Perciben que estas instituciones no son lo suficientemente transparentes y se inclinan a favor de la minería”, señala el documento.
El aporte al PIB e impuestos
En el apartado El aporte de la minería a la economía nacional, el Icefi califica la contribución de “modesta”, en virtud de que durante el período 2000-2011 solo contribuyó en promedio al 1.25% del producto interno bruto (PIB) y generó una nivel de empleo de apenas 0.2% de la población económicamente activa (PEA), lo que significó un promedio de 6,342 puestos de trabajo.
“Es importante notar que este resultado se reduce aún más, ya que corresponde al promedio de la PEA en minas y canteras, por lo que al separarlo se obtendría un porcentaje y cantidad de plazas mucho menores a los antes indicados”, refiere el informe.
Ese panorama contrasta con la participación en el total de las exportaciones de bienes que durante la primera mitad de la década anterior osciló entre 8% y 12%, reduciéndose, en los años 2007 y 2011, a entre 4% y 8%.
En materia de pago de impuestos por parte de las compañías mineras, “se recalca lo difícil que es conocer estos montos fidedignamente debido a la falta de información. No obstante, estimaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) muestran que el pago de impuestos representa alrededor de 10% de las utilidades de las empresas mineras, muy por debajo del 27% en Perú, 36% en Chile, 37% en Colombia y 58% en Bolivia”.
“Lo mismo sucede con el pago de regalías a las municipalidades, las que de acuerdo con estudios realizados por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) debieron haber sido de alrededor de $10 millones para el período comprendido entre 2001 y 2007, mientras que lo efectivamente pagado fue un millón de dólares, lo que equivale al 0.1% del total de exportaciones”, destaca el Icefi.
En este sentido, la institución llama a aumentar la transparencia y los niveles de contribución en materia tributaria.
Piden reformas legales
Al analizar la nueva Ley de Minería, que entró en vigor en enero de 2013, el informe advierte que el espíritu promotor de la misma, sin el suficiente consenso social para su aprobación, además de la falta de sanciones y una regulación dependiente de instituciones débiles, podría conducir a mayor conflictividad con las comunidades cercanas a los proyectos mineros, así como a una mayor polarización del tema.
Ante dicha situación, el Icefi propone como solución el comienzo de un proceso de reformas legales e institucionales para cambiar el enfoque de la minería en Honduras y así transitar de una estructura promotora a una reguladora.
“Este proceso plantea desafíos tanto técnicos como políticos, entre los cuales se destaca la urgencia de un debate amplio e incluyente (en especial, a las comunidades afectadas por los proyectos mineros) que permita construir espacios de diálogo transparente e informado, y que, muy especialmente, permita además evaluar la minería de metales como opción de desarrollo, sopesando sus costos y beneficios, reconociendo que la protección y garantía de los derechos humanos debe ser el punto de partida en cualquier discusión sobre la minería y el desarrollo de Honduras”, concluye.
