Varias familias de aldeanos hondureños emprenden acciones legales para detener a una compañía minera que está desenterrando tumbas para conseguir oro. Una empresa minera transnacional, Aura Minerals, ha estado excavando tumbas en el cementerio de 200 años de antigüedad cerca de la comunidad de Azacualpa, La Unión, para despejar el camino en busca de oro. Nada es sagrado en el camino de los mineros del oro en el noroeste de Honduras, ni siquiera las tumbas de los muertos.

Fuentes: PSN en línea con información de The Guardian

Unos 350 cuerpos han sido exhumados por la filial hondureña de la compañía, Minerales de Occidente (Minosa) desde que el proceso comenzó el otoño pasado. El problema ha dividido a Azacualpa, una comunidad productora de café situada cerca del borde de la mina de oro a cielo abierto San Andres, de décadas de antigüedad, y ha abierto brechas dentro de las familias.

Algunos residentes temen que el cementerio sea la última línea de defensa antes de que la compañía que cotiza en la bolsa de valores vea a la comunidad como su próximo sitio de extracción.

Genaro Rodríguez, un trabajador de la construcción y productor de café de 60 años que vive en Azacualpa, espera que un desafío legal ponga fin a la debacle: un tribunal ha ordenado detener temporalmente las exhumaciones en espera de nuevas investigaciones.

“Lo que queremos es que el cementerio no se toque”, dijo Rodríguez.

En el cementerio, a unos 50 metros de donde la ladera excavada cae en picado en la mina, las tumbas dañadas indican que ya se han eliminado algunos ataúdes.

Floresmira López recientemente se paró frente a la tumba de su padre y bloqueó a los trabajadores para que no se lleven sus restos. Ella culpa a la compañía minera de los problemas de salud inducidos por el estrés y de los conflictos familiares que han estallado durante la excavación de tumbas.

Las exhumaciones tienen sus raíces en un acuerdo de 2012 entre Azacualpa y la filial hondureña de Aura Minerals, Minerales de Occidente (Minosa). El acuerdo prometió un proyecto de reubicación de viviendas para 400 familias a cambio de permiso para explotar un puñado de sitios, incluida la colina donde se encuentra el cementerio.

Una adenda al acuerdo dio a las personas el derecho de aceptar las tumbas de sus seres familiares desenterrados, lo que permite a la compañía exhumar los restos con el consentimiento de un solo familiar. Se dice que familias enteras terminaron en desacuerdo entre sí.