Agrupaciones ambientalistas en Honduras se declararon este viernes “en pie de lucha” contra empresas hidroeléctricas y mineras que operan en el país, al tiempo que denunciaron actos de intimidación contra los opositores.
“Nos declaramos en pie de lucha para detener estos megaproyectos que atentan contra la vida y los recursos naturales”, declaró a la AFP el coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, Pedro Landa.
La Coalición, integrada por 15 organizaciones, denunció que una decena de empresas “están generando destrucción y terror en nuestras comunidades”, ya que están “convirtiendo los bienes comunes como el agua, el aire y la tierra en mercancía al servicio del sistema económico”.
“Hay comunidades que prácticamente están en estado de sitio por policías y militares y sicarios de estas compañías, algunas hondureñas y otras de otros países, (solo) porque las comunidades se están oponiendo”, denunció Landa.
Añadió que “con la nueva Ley de Minería se está entregando a pedazos el territorio nacional”, tanto a empresas mineras y a hidroeléctricas.
La legislación fue aprobada en el Congreso hondureño en febrero pasado.
“Son unas 300 concesiones que se han otorgado, que abarcan 35.000 km2 del territorio nacional, casi la tercera parte del país (de 112.492 km2)”, aseguró a la AFP, Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara, noroeste del país.
Landa afirmó que los ambientalistas que se oponen a estas iniciativas son “amenazados por sicarios, militares y policías”.
El veterano conservacioniesta Jorge Varela precisó que la reserva natural de Guisayote en Ocotepeque, 550 km al noroeste de la capital, “está amenazada por una minera”. Lo mismo sucede en el parque nacional Montala Botadero, en Olanho, a unos 200 km al este, por otra empresa minera.
Otro caso citado por Varela es el de 16 comunidades de Atlántida, 300 km al norte, donde pobladores denuncian pretensiones de “explotar otra mina de óxido de hierro”.
