Una protesta pacífica de indígenas maya k’iche contra el alza de las tarifas eléctricas, la instalación de hidroeléctricas, la política minera contenida en la reforma de la constitución política y la reforma educativa, fue innecesariamente reprimida el jueves por el Ejército, lo que provocó ocho muertos y más de treinta heridos de bala entre los civiles. Del otro lado, ocho soldados recibieron golpes y rasguños. Ver video con testimonios de las víctimas de la masacre.
Fuente: Servindi
El Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) reportó en su cuenta de facebook que los muertos civiles durante la jornada de protesta se elevó a nueve con los fallecidos en cuatro caminos en el occidente del país y la muerte en la mañana de hoy de un estudiante que se hallaba con heridas de gravedad.
El Centro señala que hay heridos por esquirlas de granada de fragmentación, situación que coincide con las denuncias del sobrevuelo de helicópteros militares quienes serían los responsables de estas agresiones.
Los nombres de siete de las víctimas confirmadas el jueves son: Rafael Nicolás Batz Menchú, José Eusebio Puac Ordóñez, Jesús Francisco Ordóñez, Santos Nicolás Menchú Fernández, Jesús Baltazar Puac, Arturo Felix Sapón Yax y Domingo Pascual Solís.
La brutal agresión criminal fue condenada por organizaciones nacionales e internacionales que exigen investigar y sancionar a los responsables de las víctimas que fueron sepultadas el viernes, acompañadas por más de cinco mil personas en un clima de dolor e indignación.
La protesta fue organizada por miles de indígenas pertenecientes a 48 cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la capital, la que bloqueó tramos de la carretera interamericana.
Las demandas principales eran rechazar el alza de la energía eléctrica por parte de la empresa inglesa Energuate (antes DEOCSA), rechazar las reformas constitucionales así como la extensión de la carrera magisterial, tres peticiones respaldadas por el movimiento popular nacional.
El Consejo Político 13 Baktún indica que el sector empresarial obtiene grandes ganancias con tarifas abusivas aprovechando los ríos para obtener energía; que la reforma magisterial pretende profundizar la privatización de la educación y que la reforma constitucional del Presidente busca favorecer a grandes empresarios y eliminar derechos indígenas.
Dicho consejo, constituido por actores sociales y políticos mayas, instó a la comunidad internacional a crear una comisión para observar de manera permanente los hechos de represión, militarización y persecución de indígenas y líderes comunitarios de varias regiones del país.?
El quiebre de la paz
La acción de violencia rompió el clima de diálogo iniciado y ha sido calificada como la “primera masacre militar” contra indígenas luego de la firma de la paz en 1996 afirmó un activista político y exguerrillero guatemalteco.
“Lo ocurrido en Totonicapán es la primera masacre, después de la firma de la paz, en contra de la población indígena”, declaró a la agencia Efe Miguel Ángel Sandoval, activista político y exguerrillero guatemalteco. El acuerdo de paz puso fin a una guerra interna de 36 años (1960-1996).
“Fue una agresión brutal e innecesaria” en contra de pobladores que “manifestaban su inconformidad” con decisiones y políticas del Gobierno. “Fue una masacre, una violación grosera a los acuerdos de paz, de la que se deben deducir responsabilidades penales” agregó Sandoval.
El nuevo gobierno está encabezado por el ex general del Ejército de Guatemala Otto Pérez Molina, y las principales ocho carteras de su gobierno están en manos de militares retirados. Además, en la función pública se encuentran un gran número de militares egresados de caibil, una especialidad de legionario en el ejército guatemalteco.
Condena a la violencia y la militarización
Instituciones de derechos humanos expresaron su temor de que se reinicie una espiral de violencia y muerte que conduzca al país al abismo y al genocidio, en especial afectando a los pueblos indígenas, como ocurrió en el pasado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenó la muerte de los indígenas y los más de 40 heridos ocasionados en la zona suroccidental del departamento de Totonicapán.
La Oacnudh expresó su solidaridad con las familias de las víctimas fatales así como su respaldo a las comunidades indígenas, particularmente con los 48 cantones de Totonicapán.
Los hechos
A pesar de las diversas versiones sobre los hechos las evidencias confirman que fueron agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil y del Ejército quienes iniciaron los disparos contra los manifestantes, temerosos de ser agredidos.
Las fuerzas de seguridad pretendían desbloquear varios tramos de la carretera interamericana con lacrimógenas y en medio de la trifulca un grupo de militares abrió fuego.
Lo curioso es que mientras ocurrían los incidentes, el jefe de Estado Otto Pérez se reunía en Casa Presidencial con los representantes comunitarios para discutir sobre sus peticiones.
Incluso, según Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, el mandatario habría dado la orden para dejar sin presencia policial y militar el sector en conflicto, de acuerdo a una exigencia de los delegados indígenas.
Gilberto Pérez, presidente de la Asociación de Alcaldes Indígenas de Totonicapán, afirmó que el ataque se produjo a pesar que la manifestación era pacífica y la gente no portaba armas de ningún tipo.
El presidente guatemalteco, Otto Pérez, aseguró el jueves que el ataque no provino de los soldados sino de civiles que pasaban por el lugar a bordo de un camión. Sin embargo, luego modificó su versión.
El viernes, el presidente aceptó que los militares “dispararon” pero “al aire”. “Temieron por su vida porque estaban diciendo que los iban a incendiar y a quemar”, admitió el mandatario al detallar que de los 11 soldados que iban armados siete accionaron sus fusiles.
Fotografías que muestran a un soldado con fusil en mano en posición de ataque, y testimonios de los manifestantes desmienten la versión presidencial y acusan a los militares de disparar de forma indiscriminada.
Además, se han hallado casquillos de munición para fusiles M-16, utilizados por el Ejército para acciones de guerra. Su uso en la represión de protestas ciudadanas constituye tortura según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura.
Sociedad civil exige desmilitarización y democracia
Un manifiesto de una amplia red de organizaciones sociales de Guatemala observó que el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por usar armas de guerra en acciones de control civil.
Exigen la desmilitarización de las fuerzas de seguridad, el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública, derogar el decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y se retomen los acuerdos de paz, “en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-“.
Finalmente, llamaron a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen las prácticas autoritarias y se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica, que corresponden a una cultura democrática en el marco del estado de derecho.
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A continuación reproducimos dos comunicados relacionados:
No al retorno de la represión militar en Guatemala
Guatemala, 4 de octubre de 2012
Ante los hechos de violencia suscitados el Jueves 4 de octubre, las organizaciones sociales y de derechos humanos abajo firmantes, denunciamos:
La tarde del Jueves 4 de octubre, el Comité de los 48 Cantones de Totonicapán, estructura ancestral de representación legítima de su pueblo, fue violentamente reprimido por fuerzas del Ejército presentes en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, en respuesta a la manifestación que realizaron en rechazo a la reforma constitucional, la reforma de la carrera magisterial y el alto costo de la energía eléctrica. Resultado de la intervención armada de gobierno, hay cuatro personas fallecidas, cerca de 18 heridos y varias personas intoxicadas.
La acción violenta de las autoridades se produce en el marco de un encuentro que sostendrían los representantes de los 48 Cantones con el comisionado para el diálogo, Miguel Ángel Balcárcel en vista de que el presidente de la República Otto Pérez Molina, no asistió al encuentro. Los líderes de los 48 Cantones estuvieron en Casa Presidencial a la espera del gobernante, mientras el Ejército accionaba en contra de la población en el kilómetro 170 de la ruta interamericana.
El uso de fuerzas combinadas con presencia militar y con armas de fuego, ante una acción ciudadana de protesta y reclamo en ejercicio pleno de derechos universalmente reconocidos y nacionalmente garantizados, es una muestra de la violencia por parte del Estado, que se muestra incapaz de actuar en correspondencia con una cultura democrática y en el marco del estado de derecho.
El empleo de efectivos militares y el uso de armas de fuego en acciones de desalojos o intervención en manifestaciones o reuniones públicas, según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, constituye tortura, situación por la cual el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La acción autoritaria y de negación al sostenimiento de un diálogo efectivo que busque resolver los problemas reales de la población, el abandono histórico y el discurso demagógico violentan los derechos fundamentales que buscan la dignidad de pueblos y personas.
Ante dicha situación, demandamos
A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la investigación profunda de los hechos y la emisión inmediata de la resolución que permita, identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
Al Ministerio Público (MP), iniciar proceso penal en contra de los funcionarios que resulten responsables de estos hechos sangrientos, así como del accionar arbitrario y violento de las fuerzas de seguridad civiles y militares.
Al gobierno de Guatemala, proporcionar a las autoridades de PDH y MP, toda la información relativa a los nombres de los funcionarios al mando de las unidades involucradas, el plan de operaciones, así como el detalle de las instrucciones transmitidas desde la ciudad capital tanto desde el Ministerio de Gobernación como de Defensa, hacia el lugar de los hechos. Asimismo, retirar temporalmente de sus posiciones a los funcionarios involucrados quienes por acción o por omisión resultan comprometidos en los hechos ocurridos.
Al presidente de la República Otto Pérez Molina, la inmediata desmilitarización de las fuerzas de seguridad, así como el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública.
Al Congreso de la República, la derogatoria del decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y que se retome el carácter de ley que tienen los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-.
Llamamos a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen estas prácticas autoritarias y que se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica.
A las comunidades y dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, a las familias de las personas fallecidas, heridas y afectadas por estos hechos, manifestamos nuestra solidaridad profunda y nuestro compromiso de acompañarles en la búsqueda de justicia por estos hechos dolorosos.
Guatemala, 4 de octubre de 2012
Convergencia por los Derechos Humanos
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-
Fundación Sobrevivientes
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-
Seguridad en Democracia -SEDEM-
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala -UDEFEGUA-
Asociación Departamental de Jóvenes Kaji Batz
Asociación Familiares de Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA-
Asociación para la Cultura y el Desarrollo-ACUDE
Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA
Centro de Estudios de Guatemala -CEG-
Colectiva Lésbica Todas Somos
Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala, CONFREGUA
Coordinación Genocidio Nunca Más
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej
Coordinadora Juventud por Guatemala
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA,
Defensoría Maya Chortí
Equipo Comunitario de Apoyo Psicosocial -ECAP-
Fundación Rigoberta Menchú Tum
Grupo Verdad y Justicia por el Diario Militar
HIJOS Guatemala
Pastoral Juvenil, Obispado de San Marcos
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG
Sector de Mujeres
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No al pasado de represión, masacres y control militar
Ante la represión policial y militar del actual Gobierno contra las Comunidades y las Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán el día de hoy, 4 de octubre del año 2012, el CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN, expresa:
Nuestro profundo y completo rechazo a la política de regreso al pasado de represión, masacres y control militar del actual Gobierno de Guatemala contra las Comunidades y las Autoridades de los 48 cantones de Totonicapán. Los vecinos han informado de más de 8 muertos y más de 40 heridos.
Nuestro completo apoyo a las demandas de las Comunidades y Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán que son:
Rechazo al aumento del precio de la energía eléctrica. Los empresarios roban nuestros ríos para sacar energía eléctrica, hacen grandes negocios hacia fuera y no tenemos luz o tenemos que pagarla muy cara.
Rechazo a la reforma educativa del magisterio que solo tiene el propósito de seguir privatizando la educación.
Rechazo a la reforma constitucional del Presidente que solo busca favorecer a los grandes empresarios y eliminar nuestros derechos indígenas.
Llamamos a las Comunidades Mayas, Xinka, Garífuna y a toda la sociedad guatemalteca dar cualquier forma de apoyo solidario a las Comunidades y Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán. No permitamos que regrese el pasado de represión, masacres y control militar sobre nuestras Comunidades.
Llamamos a las Comunidades de las distintas regiones del país rechazar el uso abusivo, comercial y racista del actual Gobierno que junto con los empresarios están haciendo grandes negocios millonarios con nuestros valores culturales y lugares sagrados mayas, mientras están reprimiendo y militarizando a nuestras comunidades indígenas.
Llamamos a la Comunidad Internacional, a la creación de una comisión de observación permanente sobre los hechos de represión, militarización de regiones indígenas y persecución de los líderes comunitarios de Barillas, San Juan Sacatepéquez, Región del Polochic, Ixcán, Sayaxché, Petén, Izabal, Región Ixil y otras regiones del país.
Consejo Político 13 Baktun
Iximulew, Día 4 IQ’, AÑO 13 NO’J, KATUN 20, BAKTUN 13.
Guatemala, 4 de octubre del 2012
