Y llegaron los canadienses

 

El pasado miércoles 29 de agosto nos alteramos un poco ante la noticia de la llegada de una visita de  Canadá a la mina Marlin. Lo que nos preocupaba no era la visita de un grupo de canadienses a la empresa, cosa que pasa con bastante frecuencia sino el origen de estos ilustres visitantes.

Por Hijos e hijas de la Madre Tierra

Se trataba de  Dean Allison, Dave Van Kesteren, Bruce Hyer, Massimo Pacetti y Mac Harb. Estos cinco funcionarios canadienses venían con un objetivo claro,  influenciar en una nueva ley minera,  si  nos basamos en las informaciones que nos han dado desde Miningwatch, colectivo canadiense dedicado a monitorear las actividades mineras de empresas canadienses en el extranjero.

Pero para poner todo esto en perspectiva es necesario que hablemos de un poco de historia. Goldcorp reconoció en 2011 que la mina Marlín era la que más beneficio daba de todas las que poseen. Según un artículo publicado por Prensa Libre del día cinco de Marzo de 2011 “Las ganancias de la mina de oro Marlín, en San Miguel Ixtahuacán, (…) se han incrementado en 507 por ciento del 2008 al 2011”.  Lo cual supone una cantidad nada despreciable de ganancias.

Por lo tanto sería lógico y comprensible que la empresa tenga todo el interés del mundo en conseguir un mayor aumento de su mercado industrial.

Además cabe resaltar la situación actual de crisis económica mundial, sobre todo en Europa, que está arrastrando a cientos de miles de personas. En otro  artículo  del diario prensa libre publicado el lunes 3 de agosto el propio Mario Marroquín , alto directivo de Goldcorp en Centro America dijo:  “El precio del oro ha estado subiendo debido a la debilidad del dólar y la inestabilidad en la eurozona, la política, la economía mundial y el tiempo confirmarán su descenso o subida.

Esto nos da pie a pensar, con lógica, que existe un interés por parte de las empresas de llevar a cabo planes de expansionismo en aquellos países dispuestos a abrir las puertas.

En Guatemala llevamos tiempo hablando de la necesidad de de realizar cambios en la ley. La actual ley de minería. (El famoso decreto ley numero 48-97)  tiene una serie de artículos que son cuanto menos curiosos (extensiones de licencias de  3000 kilómetros, que los estudios los tenga que realizar la empresa, requisitos sencillo, regalías paupérrimas, etc.).

Lamentablemente no nos encontramos con propuestas consensuadas entre población gobernantes y empresarios. ¿Qué nunca se ha hecho así? Es posible pero nadie puede negar que una ley consensuada entre gobernantes, gobernados e implicados fuera lo más propio como nación democrática. 

Por lo tanto existen dos alternativas. Una romper con tópicos y que el gobierno lleve a cabo  una labor de cabildeo con todos los implicados, pueblos indígenas incluidos, y respeto mutuo entre todas las partes o llevar a cabo un sistema de puro despotismo ilustrado. Todo para el pueblo pero sin el pueblo.

Se hacen leyes,  proyectos, ideas que son para el “bien” de la población pero se realizan sin la población ni sin su conocimiento (en el mejor de los casos).  Nadie pregunta si eso es lo que las poblaciones quieren. Un ejemplo de esto lo tenemos con el intento de legalizar el reglamento de consulta comunitaria durante el gobierno de Álvaro Colom,  que pretendía normar una actividad ancestral indígena sin contar con la participación de los pueblos originarios. Otra actuación curiosa del gobierno central de nuestro país.

Lo grave de este asunto es que existan personas que todavía están convencidas de que lo mejor para la población es que exista esta elite intelectual que decida por ellos. Ese es el camino que siguió este país por casi 200 años y así nos ha ido.

Y en medio de todo este incierto futuro aparece un grupo de funcionarios canadienses, que están más preocupados en los beneficios que obtendrán las empresas de su país ( cosa explicable desde el punto de vista macro empresarial) que los beneficios que se pueda obtener como nación independiente y soberana.

Y es que ahí está la piedra angular  de toda esta situación …

Brent Bergeron, vicepresidente de Goldcorp quiere que su empresa gane más dinero. Por eso es comprensible la actitud que muestra en un correo electrónico que ha visto la luz.  Según este correo que nos enviaron desde Miningwatch, el señor Bergeron estaría muy interesado en cambiar la ley para “Modernizar” la industria minera en Guatemala y citamos textualmente: “Me gustaría ver que en Guatemala se modernice la normativa minera. Esto daría mayor estabilidad al ambiente donde trabajamos en Guatemala. ¿Puedo ir como Goldcorp y dar capacitaciones en el Ministerio de Energía y Minas? No puedo. No tendría credibilidad hacerlo así. Sin embargo, creo que tendría mucho sentido si una institución gubernamental viniera a Canadá para tomar de nuestra experiencia – la experiencia del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá – y llevar dicha experiencia a Guatemala.”

Se puede decir más alto pero desde luego no más claro.

Goldcorp pone a disposición el plan de viaje e incluso los aviones necesarios para los trayectos. Se realiza un viaje programado e incluso se habla de mostrar los beneficios sociales . Todo preparado para enseñar la cara amable y bonita de la minería. Después reunión en el congreso,  confirmada por Edgar Cristiani, presidente de la Comisión Legislativa de Energía y Mina , y de la cual no sabemos nada ni que resultados se obtuvieron .

Cualquier persona con dos dedos de frente tendría cuanto menos dudas de esta situación.

Está en juego mucho más que la posibilidad de que Guatemala sea país minero. Está en juego la soberanía y la independencia de la nación. El día 15 de este mes se celebrará un aniversario más de la independencia. 191 años sin amos que se celebra con un grupo de funcionarios canadienses hablando con funcionarios guatemaltecos sobre lo bueno que sería implementar un negocio que ni ellos quieren.

Pero además está en juego la credibilidad de los gobernantes. El mero hecho de que la comisión legislativa aceptara reunirse con estas personas ya es insultante para la población indígena de este país. Admito que por elegancia o diplomacia se reunieran pero ¿Por qué no se ha dicho nada ni se hizo pública la resolución de la reunión? ¿Por qué nadie dice si se llegaron o no a acuerdos sobre el futuro de los recursos naturales de este país? ¿Por qué fue a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación?

Esta actuación, que casi roza en la corrupción política, es dañina al estado de derecho. No porque  políticos Guatemaltecos se reúnan para hablar con similares canadienses, no, sino por el hecho de pretender tomar decisiones que involucran a poblaciones que no saben nada de todo este asunto y que además, han expresado de la forma más democrática posible, en la celebración de consultas comunitarias, su rechazo a actividades mineras.

Hay quien opina que la función del gobierno es mediar entre la población y los empresarios. Sin embargo en el artículo 171 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala  se establece que una de las atribuciones del Congreso es el de:  “decretar, reformar y derogar leyes”. ¿Cómo estar tranquilos cuando una empresa es capaz de incidir de manera tan descarada en el orden interno de un país soberano? ¿Cómo aceptar sin más la presencia de enviados extranjeros que responden ante empresas privadas ante las máximas instituciones gubernamentales de la nación?.

Esperemos, por el bien del pueblo, de la soberanía nacional y del futuro como nación que este grupo solo hayan venido de turismo y nada más.

Adjunto comunicado de