Las organizaciones miembros de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, hemos sido testigos de como en la diferentes jornadas de “socialización” del Ante proyecto de Ley de Minería, de parte de la Comisión de Minería del Congreso Nacional, la Secretaria de Recursos Naturales, la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería y los comisionados de SEPLAN, han quedado claramente evidenciadas las siguientes grandes verdades:
Por Coalición Nacional de Redes ambientales y sociales de Honduras
Primera Verdad: En todas las regiones donde se han realizado las susodichas jornadas: Santa Rosa de Copan, Olancho, Ceiba, Las Vegas Santa Bárbara, Choluteca y Danli, LA POBLACION ORGANIZADA Y NO ORGANIZADA HA DICHO UN ROTUNDO NO A LA MINERIA A CIELOS ABIERTOS.
Segunda Verdad: Ante la desconfianza que genera este proceso, la población ha exigido que NO SE UTILICEN ESTAS JORNADAS DE “SOCIALIZACION” PARA TRATAR DE LEGITIMAR UNA LEY QUE ES RECHAZADA POR MAS DEL 90% DE LA POBLACION y que no sea aprobada con todas las contradicciones, desaciertos y violaciones a las garantías constitucionales, de derechos humanos y convenios internacionales sobre ambiente y biodiversidad, que contiene, y y a su vez han propuesto que se inicie un proceso transparente de “Participación” en la construcción de la ley de minería.
Tercera Verdad: La población y sus autoridades locales han expresado claramente que aunque el Congreso, en abierta oposición a las demandas del pueblo, apruebe ese nocivo proyecto de ley de minería y permita la explotación a cielos abiertos, NO PERMITIRAN QUE NINGUNA EMPRESA MINERA OPERE EN SUS TERRITORIOS.
Cuarta Verdad: Resulta claro entonces que si el Congreso Nacional aprueba esta ley, SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS CONFLICTOS QUE SE GENEREN EN LAS COMUNIDADES EN DEFENSA DE SUS RECURSOS NATURALES Y SUS MEDIOS DE VIDA.
Quinta Verdad: En todas las jornadas de “Socialización”, los funcionarios públicos arriba mencionados han tratado de engañar a la población expresando una serie de “VERDADES A MEDIAS” QUE DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ETICA, SE CONVIERTEN EN “MENTIRAS COMPLETAS”. Veamos:
Primera Verdad a medias: “La nueva ley protege mejor los recursos naturales y brinda mayores controles”.
La Verdad de la nueva ley:
– Abre la posibilidad de concesionar las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas para explotaciones mineras.
– No Garantiza el Derecho Humano al agua para la población, al permitir que las empresas utilicen indiscriminadamente el agua de las comunidades, aunque este fuera del área concesionada.
– Quita a las municipalidades la facultad de declarar zonas protegidas o productoras de agua.
– Bajo la premisa de simplificación administrativa se disminuyen los requisitos ambientales para obtener una licencia ambiental.
Segunda Verdad a medias: “Con la nueva ley las comunidades podrán decidir si quieren o rechazan la minería en sus territorios”. La verdad:
– Se plantea un mecanismo de consultas engañoso, y selectivo, únicamente en los casos en que exista oposición al proyecto, cuando en principio la ley debería ser de aplicación general.
– Se propone que la consulta se realice antes de que la empresa inicie su etapa de explotación, es decir, cuando ya se le ha otorgado la concesión. Este aspecto vuelve inviable el cumplimiento de los resultados de la consulta, ya que las empresas tendrían la vía abierta para demandar al Estado de Honduras y exigir indemnizaciones o el pago del “lucro cesante” en base a los tratados de libre comercio, como ya ocurrió en San Salvador donde una empresa minera demando al Estado por 100 millones de dólares o como en el Estado de California que se vio obligado a pagar 14 millones de dólares a una empresa minera por haberle negado el permiso de explotación.
Tercera Verdad a medias: “Con la nueva ley las empresas mineras pagaran mayores impuestos y generaran desarrollo en las comunidades como en las Vegas, Santa Bárbara”.
La Verdad:
– En la nueva ley se incrementa de 1 al 2% el impuesto para las municipalidades, cuando en el proceso anterior las mismas empresas habían aceptado pagar no menos del 5% para el municipio.
– La nueva ley permite que las empresas mineras puedan acogerse a regímenes fiscales especiales, como los señalados en la ley de Promoción y protección de la Inversión, donde se les devuelven los escudos fiscales que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, entre ellos: Deducción de pago del Impuesto sobre la Renta hasta en un 70%, depreciación acelerada de activos, libre importación y exoneración de pago de derechos arancelarios a todas las importaciones realizadas por las empresas mineras, estabilidad tributaria hasta por 15 años, etc..
– En las Vegas Santa Bárbara, actualmente la mina de El Mochito enfrenta una demanda por 60 millones de lempiras, debido a la comprobación de que los vertidos contaminantes en las fuentes de agua, provocaron la muerte de cientos de cabezas de ganado en la zona.
– En el Valle de Siria se ha confirmado la presencia de metales pesados en niveles tóxicos, en la sangre de la población. Ante la inoperancia y complicidad del Estado por ocultar esta información, la población ha demandado al Estado de Honduras por Violación de sus Derechos a la salud, a la integridad física, al agua y a un ambiente sano.
Cuarta Verdad a medias: “No se puede prohibir la minería a cielos abiertos, porque el método a utilizar depende de como esta distribuido el mineral en el subsuelo”.
La Verdad.
– La decisión de aprobar o prohibir métodos altamente destructivos y contaminantes como el método a cielos abiertos, depende de una política y una decisión estatal, tal y como lo han hecho recientemente Costa Rica y Panamá.
– El Fondo de este débil argumento para promover la minería a cielos abiertos, es el privilegio del lucro, el beneficio y la ganancia exorbitante para las transnacionales mineras y sus patrocinadores estatales, y la relegación a un segundo plano del bienestar y el desarrollo de la población rural, indígena y campesina.
Para nuestras organizaciones, es evidente que nos enfrentamos a un proceso amañado que pretende equiparar la socialización con la participación efectiva de la población, ya que en todas las regiones se ha exigido a la Comisión de Minería que informe sobre que mecanismos se utilizaran para garantizar que las propuestas de las comunidades y las organizaciones, serán incluidas en el proyecto de ley, y hasta el momento se han rehusado a dar una respuesta clara a esta exigencia.
De no abrirse un proceso amplio y transparente de participación efectiva de los diferentes actores sociales y de manera especial de las organizaciones miembros de nuestra Coalición Nacional, en el debate, análisis y construcción del proyecto de ley de minería, únicamente se confirmara la aparente confabulación existente entre los diputados que han coordinado este “cuestionable proceso” y los funcionarios de SERNA y DEFOMIN que han asumido un papel de promotores y relacionadores públicos de los proyectos de destrucción ambiental y despojo que implica la minería transnacional, olvidándose de su deber fundamental de velar por los intereses del pueblo Hondureño.
COALICION NACIONAL DE REDES AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS
