Han pasado cuatro semanas desde que formulé al presidente de Cerro Matoso varias preguntas, sin que a la fecha haya recibido respuesta. No hay que ser experto. Mire uno por donde lo mire, como simple ciudadano, se topa con elefantes de semejante tamaño. Hay contratos y más contratos, que regalan los recursos públicos, sin estar publicados en el Diario Oficial, ni en la web de quienes los suscriben. Reposan bajo total hermetismo en el Registro Minero, custodiados con extremado celo por quienes los firman, para que nadie más sepa de ellos.
por : Guillermo Rudas para La Silla Vacía
Han pasado cuatro semanas desde que formulé al presidente de Cerro Matoso varias preguntas, sin que a la fecha haya recibido respuesta. El ministro de minas Mauricio Cárdenas también nos tiene en ascuas. Un día nos dice que la BHP Billiton tiene contrato de concesión hasta el 2029, tal como lo registran El Espectador (24.07.2012) y El Meridiano de Córdoba (4.08.2012). Pero a los pocos días se retracta: “Nosotros no vamos a trabajar en ese tema si no hay un compromiso firme de la empresa de hacer unas inversiones muy considerables para que la producción del ferroníquel aumente, y no vamos a hacer esa prórroga si no hay un aporte de regalías adicionales para la Nación…” (El Tiempo.com, 13.08.2012).
Lo que no nos ha dicho el ministro es que el contrato que firmaron con esta empresa hasta el 2029 es totalmente distinto al actual, que vence el próximo 30 de septiembre. Tampoco nos ha dicho que, en esa fecha, todos los activos de Cerro Matoso S.A. pasarían al Estado, sin indemnización alguna. Y más grave aún, no nos informa que el Estado tendría que arrendar a esa misma empresa todos esos bienes, cobrándole apenas el 1.25% de las utilidades después de impuestos.
BHP Billiton pagaría 140 millones mensuales de arriendo, teniendo utilidades declaradas de 17 mil millones mensuales, a pesar de que se trata de activos del Estado que valen 1.4 billones (sí, casi millón y medio de millones). Es como si usted encontrara un benefactor que le arrendara una casa por apenas un porcentaje mínimo (y fijo) de lo que a usted le queda en el bolsillo, mes a mes, después de pagar el mercado, el transporte, la educación, la salud, los impuestos… y un larguísimo etcétera. Con información que usted mismo le pasara al dueño, para decidir cuánto le va a pagar de arriendo. Es ni más ni menos el equivalente a tener un lujoso apartamento, valorado en 1.400 millones, arrendado por apenas 140 mil pesos mensuales.
Nada de esto nos ha dicho el ministro. Tampoco parece recordar que se trata de una empresa nada transparente, que tuvo que pagar 35 mil millones de pesos por regalías que venía liquidando a menor valor, al menos desde el 2004. Empresa cuyo presidente, Ricardo Escobar, quiso minimizar este grave hecho en carta que envió a El Espectador y La Silla Vacía, arguyendo que es “menos de un 3% del total de las regalías pagadas”. Y que reconoce ingresos por 23 billones entre 2007 y 2010, sin decirnos por qué reportó solo 9 billones a la Supersociedades.
Tampoco parece recordar el ministro que varios expertos, entre ellos el actual procurador Ordoñez, sostienen que se debe tener especial cuidado para evitar que se materialicen acuerdos lesivos para el país. Conceptos que llevaron a un directivo de la autoridad minera a renunciar a su cargo, 24 horas antes de terminar el gobierno de Uribe, porque se negó a prorrogar de afán el contrato a la BHP Billiton, como se lo ordenara su jefe, el entonces director del Ingeominas.
No hay que ser experto. Mire uno por donde lo mire, como simple ciudadano, se topa con elefantes de semejante tamaño. Hay contratos y más contratos, que regalan los recursos públicos, sin estar publicados en el Diario Oficial, ni en la web de quienes los suscriben. Reposan bajo total hermetismo en el Registro Minero, custodiados con extremado celo por quienes los firman, para que nadie más sepa de ellos. Todo esto, violando expresamente la ley que establece que “el Registro Minero Nacional […] es un instrumento abierto de información, al cual tendrá acceso toda persona en cualquier tiempo”; y que dicho Registro “dispondrá de los mecanismos y ayudas técnicas y de los medios físicos adecuados para que los usuarios de dicha información, la verifiquen y tomen personalmente…” (Código de Minas, Ley 685 de 2001, art. 329).
¿Es ésta la urna de cristal que anunció el presidente Santos? Al respecto, el señor ministro informa que “todo esta siendo analizado, no me voy a adelantar y el caso está obviamente en manos de la autoridad minera”; complementa diciendo que “no se ha tomado ninguna decisión”; y concluye afirmando que “en algún momento pues será socializada, compartida de manera que no nos adelantemos a los hechos” (El Espectador, 10.08.2012). Me pregunto si la BHP Billiton no ha dirigido, a la fecha, alguna comunicación a la autoridad minera al respecto; o si no se ha levantado acta alguna de las reuniones de negociación. De ser así, solicito respetuosamente al señor ministro que las publique, en cumplimiento del mandato del Código de Minas que establece que “el procedimiento gubernativo previo a la celebración del contrato es público y a él tendrá acceso toda persona”; y que “de todas las piezas y diligencias podrán expedirse, de plano, copias a quien las solicite” (Ley 685 de 2001, art. 260).
¿No sería mejor suspender estas negociaciones, hasta tanto la opinión pública esté debidamente informada?
