Según la denuncia, interpuesta en 2012, la empresa minera supuestamente desechaba los residuos de sustancias líquidas que utilizaba, en la exploración de minerales de la Mina San Rafael a la quebrada del río Los Esclavos, lo que presuntamente causó la contaminación con sólidos en suspensión y alteración del color del agua.
Ver también: Gerente de mina San Rafael enviado a prisión por caso de contaminación
Fuente: Siglo 21
El Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Rosa, a cargo de Leonel Rodrigo Sáenz Bojorquez, envió a juicio a Carlos Roberto Morales, gerente general de Mina San Rafael, por el delito de contaminación ambiental, pese a que el Ministerio Público (MP) presentó un criterio de oportunidad, el cual fue rechazado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), querellante adhesivo del caso.
Andrés Dávila, portavoz de la Mina San Rafael, afirma que le “parece sospechoso que el juzgador no tome en cuenta el criterio de quien tiene el monopolio de las acciones legales en este caso (MP) y le de valor a la postura de Calas que no tiene la potestad legal”.
Según la denuncia, interpuesta en 2012, la empresa minera supuestamente desechaba los residuos de sustancias líquidas que utilizaba, en la exploración de minerales de la Mina San Rafael a la quebrada del río Los Esclavos, lo que presuntamente causó la contaminación con sólidos en suspensión y alteración del color del agua.
En abril pasado, Morales había sido enviado a prisión preventiva por dichas acusaciones, pero la Sala de Apelaciones de Santa Rosa otorgó la libertad provisional a Morales por medio de una medida sustitutiva.
HISTÓRICO
“Esta es la primera vez en la historia del país en la que se iniciará un juicio contra un gerente general de una minera por la contaminación de un río, hay suficientes indicios de que hubo contaminación”, asevera Maldonado.
En contraparte, Dávila dijo que confían en que a través del sistema de justicia pueda demostrarse que no se cometió ningún delito en los procedimientos que aplica la compañía y que cumplen con la legislación guatemalteca.
