Representantes de cinco municipios de Huehuetenango, organizaciones campesinas y de la Asamblea Departamental en Defensa de los Recursos Naturales (ADH) criticaron al Gobierno por haber prorrogado por dos años una licencia de exploración minera en ese departamento, y haber ignorado las consultas comunitarias que rechazan ese tipo de actividades.
Fuentes: diario Prensa Libre y Coordinación Asamblea por la Defensa de los Recursos Naturales
10/10/2010. Francisco Rocael Mateo Morales, representante de la ADH, explicó que el 25 de julio del 2006 efectuaron las primeras consultas comunitarias de buena fe en contra de la actividad minera en Colotenango, San Juan Atitán, Santiago Chimaltenango, Concepción Huista y Todos Santos Cuchumatán.
En enero de ese año, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó la licencia de exploración minera a favor de María Isabel Farner de Obrist para buscar oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo y zinc en una zona situada en aquellos municipios.
La licencia era para el proyecto Coya, con tres años de vigencia y con derecho de exploración en un área de 92 kilómetros cuadrados.
Mateo comentó que aún con las múltiples muestras de oposición de las comunidades, en abril de este año, el MEM prorrogó por dos años la licencia para Coya, para explorar una área de 43 kilómetros cuadrados.
Prensa Libre tuvo acceso al documento Res. No. 80, del 16 de abril del 2009, en el que se otorga la ampliación de la licencia minera, y cita que Coya está facultada para localizar, estudiar, analizar y evaluar los yacimientos de los metales citados por dos años más, a partir de la fecha de vencimiento de la licencia original.
La resolución fue firmada por Selvyn Antonio Morales Valdez y Guillermo Schell Álvarez, director general y subdirector de Minería del MEM, respectivamente.
Inconformes
El alcalde de San Juan Atitán, Juan Godínez Martín, comentó que los vecinos están preocupados por la prórroga y lamentan que el Gobierno no le dé validez a las consultas comunitarias.
Agregó que aunque la minera tenga permiso del Estado, no tiene el del pueblo, por lo que advirtió de que la población está dispuesta a defender sus recursos naturales.
Relató que la minería constituye una amenaza para el ambiente y los recursos naturales.
“Queremos que dejen sin efecto esa licencia porque la gente está dispuesta a tomar acciones de hecho si es necesario”, enfatizó Godínez.
El concejal primero de la comuna de Colotenango, Víctor López Pérez, dijo que los pobladores defenderán la tierra antes de que ocurra lo que actualmente afrontan comunidades de San Marcos, en donde la actividad minera contaminó las fuentes de agua y causó enfermedades, entre otros padecimientos.
Adrián Hernández, concejal cuarto de Santiago Chimaltenango, explicó que la gente está en alerta y amenaza con no permitir el ingreso de personas ni maquinaria para las labores de exploración minera, pues quieren proteger sus montañas.
Coordinación Asamblea por la Defensa de los Recursos Naturales
COMUNICADO PUBLICO
¡ALTO A LAS LICENCIAS MINERAS!, EXIGIMOS RESPETO A NUESTRAS CONSULTAS COMUNITARIAS
La Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango – – *ADH* – y los alcaldes municipales de Santiago Chimaltenango, Colotenango, Todos Santos Cuchumatan, San Juan Atitan y Concepción Huista, a la opinión pública nacional e internacional manifestamos:
Nuestro total repudio e indignación por la prórroga de la licencia de Exploración Minera denominada Coya, registro LEXR 023-05 que abarca una extensión de 92 Kilómetros cuadrados, a nombre de María Izabel Farner Mayorga, porque en el año 2006 en las primeras 5 consultas comunitarias realizadas en Huehuetenango, en los municipios de Santiago Chimaltenango, Colotenango, Todos Santos Cuchumatan, San Juan Atitan y Concepción Huista, esta licencia fue rechazada rotundamente con la participación de 28, 915 personas.
En Huehuetenango actualmente se encuentran vigentes 29 licencias mineras y en solicitud 21 licencias de exploración y explotación. A pesar de que el presidente Alvaro Colom, ha dicho que en su gobierno no se estarían otorgando nuevas licencias, hoy se confirma la prórroga de la licencia Coya según resolución No. 80 de la Dirección General de Minería y la licencia de Torlon Chiantla.
Esta realidad confirma la falta de respeto por parte del Estado de Guatemala hacia los derechos colectivos de los pueblos, ya que las consultas comunitarias marcan el inicio de un proceso de participación real y democrática de los pueblos en la toma de decisiones sobre sus territorios, como un derecho ancestral, legitimo, fundamentado en la Legislación Nacional, Convenciones internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ante esta situación, al Estado de Guatemala exigimos:
Respeto a las decisiones de nuestros pueblos manifestadas en las consultas comunitarias de buena fe como derecho formal y legitimo.
Anulación de las 39 licencias mineras aun vigentes sobre nuestros territorios, y que cese las concesiones de megaproyectos, sin el consentimiento de nuestros pueblos.
Huehuetenango, 4 octubre de 2010
