Hace 13 años, Margarita y otras 10 mujeres vivieron un desalojo violento en la comunidad Lote Ocho, ubicada en El Estor, Izabal, en Guatemala. Ese día un grupo de policías y militares abusaron de ellas. Hoy exigen justicia.
Fuente: laCuerda *
Cuando a Margarita Caal le preguntan de dónde viene el valor para luchar por alcanzar justicia después de tantos años, ella responde: “Li q’a kawilal aan li q’a chuhut”. “Nuestra fuerza, es nuestro grupo”. Hace 13 años, Margarita y otras 10 mujeres vivieron un desalojo violento en la comunidad Lote Ocho, ubicada en El Estor, Izabal. Ese día un grupo de policías y militares abusaron de ellas. Hoy exigen justicia.
El idioma materno de Margarita Caal es el q’eqchi. Sonríe con frecuencia y sostiene un semblante sereno a pesar de todo. “La verdad, es difícil describir lo que siento hoy. Me siento muy contenta, me siento triste y tengo miedo”, dice. Junto a otras diez mujeres maya q’eqchi, Margarita es la protagonista de una batalla legal contra un monstruo. La Compañía Guatemalteca de Níquel, una empresa a cargo de los principales megaproyectos mineros en Guatemala.
Margarita Caal forma parte del grupo de 11 mujeres que lidera una demanda contra la CGN.
Es Carolina Yaxcal, parte del equipo de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), quien interpreta al español las palabras de Margarita, mientras ella describe la lucha que ha librado en los últimos años.
“Hemos tomado la decisión de buscar justicia y es una decisión muy fuerte porque sabemos que el gobierno no valora lo que es nuestro y priorizan empresas que no son de nuestro país”, dice.
Junto a sus 10 compañeras: Luisa Caal, Olivia Asig, Lucia Caa, Rosa Elvira Coc, Carmela Caal, Irma Yolanda Choc, Elena Choc, Elvira Choc, Amalia Cac e Irma Yolanda Choc Quib; Margarita viajó desde Izabal para emprender acciones contra quienes reconoce como responsables de una serie de atropellos ocurridos en 2007.
La mañana de este lunes 5 de octubre, 11 mujeres presentaron una querella contra HudBay Minerals y dos de sus empresas subsidiarias: HMI Nickel Inc. y la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. Estas últimas son las que controlan el proyecto minero Fénix, ubicado en Izabal.
La denuncia por delitos de tortura, en su forma de violencia sexual y delito de deberes contra la humanidad también alcanza a agentes de seguridad de la CGN, de la PNC y el ejército.
“Fue difícil empezar a hablar de este tema”
Desde 2005, la comunidad Lote Ocho ha enfrentado conflictos por la propiedad de la tierra en la que viven. La contraparte es la CGN.
Según sus relatos, el 17 de enero de 2007 cientos de policías militares y personal de seguridad de la minera Fénix ejecutaron un desalojo en la comunidad Lote Ocho, ubicada en El Estor, Izabal. Turnándose en grupos, policías, soldados y personal con uniforme de la empresa CGN abusaron sexualmente de ellas.
Cinco de ellas estaban embarazadas, pero a raíz de lo ocurrido, cuatro de ellas abortaron espontáneamente. La quinta lo hizo a tres días de la fecha programada para su parto.
Una semana antes, las mismas fuerzas policiales protagonizaron una serie de desalojos en al menos 5 comunidades, las cuales estaban ubicadas en territorios en disputa legal. Entre ellas, Lote Ocho. Durante esos desalojos, las fuerzas de seguridad privadas, policía, y militares quemaron cientos de casas, dispararon, robaron mercancías y violentaron en grupo a varias mujeres, según los testimonios.
La demanda fue presentada por los delitos de tortura en forma de violencia sexual y delitos contra la humanidad. Además de esta denuncia. La empresa, con sede en Canadá, también enfrenta otros procesos. Una demanda por la muerte de Adolfo Ich Chamán, quien murió a manos de las fuerzas de seguridad privadas empleadas por el proyecto Fénix en las cercanías a El Estor. También, una denuncia presentada por Angelina Choc, viuda de Ich Chamán, quien fue asesinado en 2009, durante una protesta contra la mina.
Según Margarita, son innumerables las secuelas de esos eventos. A raíz de lo ocurrido, la comunidad se dividió y se separó cuando algunos miembros aceptaron trabajos en CGN a pesar de que la empresa intimidó y acoso a las mujeres para evitar que presentaran denuncias o acciones legales. Sin embargo, agrega, hoy están listas para emprender una lucha legal en Guatemala, con la esperanza de alcanzar una sentencia justa.
“Nuestra fuerza es nuestro grupo”
“Fue difícil empezar a hablar de este tema y también es difícil tomar una decisión porque sabemos que nuestra vida como mujeres corre riesgo porque la empresa aún está en nuestra comunidad. Nos vemos cada momento con ellos y nos tienen identificados”, señala Margarita.
Cuando se le pregunta cómo consigue valor para buscar justicia a pesar de todo, Margarita tiene la respuesta clara:
“Nuestra fuerza, es nuestro grupo. Cuando estamos en grupo, significa mucho para nosotras. Y con el apoyo de las organizaciones que nos acompañan, también nos dan fuerza. Vemos que no estamos solas, vemos que no estamos solas y lo más importante es ver cómo mujeres de cada organización dan tiempo de escucharnos. Por supuesto que esto va ser muy difícil para nosotras porque volver a recordar cada momento de lo que vivimos lastima, nos lastima el corazón”.
Durante unos segundos, Margarita se detiene a pensar y a soñar con el momento en que este proceso logre un final favorable: poder cultivar sin ningún miedo, sin ninguna amenaza de desalojo y obtener un papel que respalde la propiedad sobre sus tierras, para que nadie los pueda desalojar nuevamente y que nadie permita las agresiones sexuales a las niñas y mujeres guatemaltecas, es el sueño de Margarita.
Tras una pausa, Margarita concluye con una invitación: “Pienso que ahora tenemos que ser muchas las que debemos luchar, no solo las 11 mujeres de Lote Ocho. A las organizaciones de mujeres que nos quieren acompañar yo les quiero decir: Bienvenidas. Con esa fuerza vamos a poder defender nuestras vidas”.
Por Kimberly López
