Pobladores y ambientalistas plantearon hoy ante diputados opositores al gobierno de Álvaro Colom su temor ante un posible conflicto de países por la autorización que hizo Guatemala para una operación minera cerca de la frontera con El Salvador, informaron fuentes legislativas.
Fuente: La Prensa Gráfica y AFP
16/03/2010. Por tal motivo pidieron al gobierno guatemalteco, por medio de sus representantes que asistieron a la reunión con los congresistas, dar marcha atrás en la inminente operación de una mina en la frontera común.
Los ciudadanos expusieron los daños ambientales y nulos beneficios que reportaría a los pobladores la mina Cerro Blanco en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, departamento de Jutiapa (a unos 150 kilómetros al este de la capital), en la frontera con El Salvador.
Rechazaron la decisión del gobierno guatemalteco por considerar que “se coloca al país al borde de un conflicto internacional” como consecuencia de los perjuicios para la naturaleza y las poblaciones de El Salvador. El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom), en representación de las comunidades salvadoreñas, la Comisión Justicia y Paz, entidad de la Iglesia Católica de Guatemala, y el ambientalista Colectivo Madre Selva pidieron al gobierno revocar la licencia de operación de la mina Cerro Blanco.
El gobierno guatemalteco autorizó el 22 de septiembre de 2007 la licencia de explotación minera a una empresa filial de la transnacional canadiense Gold Corp, con una vigencia de 25 años, que en breve comenzará la producción de oro en Cerro Blanco.
La operación de la mina causaría daños al ambiente en Guatemala y por la eventual contaminación del Río Lempa, el más largo de Centroamérica, se afectaría a más de tres millones de salvadoreños, casi la mitad de la población total del país, denunció el dirigente del Ceicom, David Pereira.
Alfredo Pokus, viceministro de Energía y Minas, aclaró a los diputados opositores que la mina se encuentra “en proceso”, a nivel de trabajos de exploración, y prometió parar el proyecto si un informe técnico y científico, “no político”, determina que es perjudicial.
Ambientalistas de Centroamérica aumentan presión contra explotación minera
Fuente: AFP
GUATEMALA – Grupos ambientalistas y sociales centroamericanos aumentaron la presión para frenar la explotación minera por parte de compañías canadienses en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, alegando severos daños al ecosistema y la salud humana.
Líderes de la zona fronteriza de Guatemala y El Salvador acudieron este martes al Congreso guatemalteco para manifestar su oposición a un proyecto minero de la firma Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, que tiene previsto comenzar este año.
Los activistas advirtieron que la extracción de oro y plata podría contaminar las aguas del Río Lempa en El Salvador.
“Del Río Lempa depende gran parte la economía de nuestro país, la agricultura, la ganadería, la granjas de peces, las hidroeléctrica y ofrece el 60% del agua potable que consume el área metropolitana”, indicó el activista salvadoreño David Pereira.
“La explotación no será a cielo abierto sino por túneles, pero han encontrado aguas termales de 80 grados centígrados que pretenden sacar por el río Ostúa que desemboca al Lago Güija” en El Salvador y matará toda su diversidad, indicó a la AFP el ambientalista de Madreselva, Julio González.
“Si no se revoca la licencia y los trabajos empiezan habrá un retroceso en la integración centroamericana, porque cada país tendrá que defender los beneficios de sus habitantes”, declaró el diputado izquierdista guatemalteco Héctor Nuila.
El proyecto minero Cerro Blanco, aprobado por el ex presidente Óscar Berger (2000-2004), es gemelo de Montana Exploradora, que opera en un municipio de Guatemala fronterizo con México, donde extrae oro a cielo abierto pese a la oposición de grupos ambientalistas.
González detalló que la mina afectará a 39 comunidades, aunque lo “más brutal será en El Salvador donde tres millones de personas serán damnificadas”.
Al rechazo ya se sumó la iglesia católica de El Salvador, que pidió al presidente Mauricio Funes “interceder” ante Guatemala para que frene la explotación de la mina, porque amenaza con contaminar mantos acuíferos salvadoreños.
En Costa Rica también existen conflictos por la minería, en especial entre la empresa canadiense Industria Infinito y grupos ecologistas, universitarios y otras entidades.
Los activistas se oponen a una explotación de oro a cielo abierto en Las Crucitas de Cutris, una zona fronteriza con Nicaragua, declarada de utilidad pública por el gobierno de Oscar Arias en abril de 2008.
Los opositores presentaron un recurso de amparo, el cual está pendiente de resolución, mientras las operaciones de la compañía minera están suspendidas.
En Nicaragua, las operaciones de la canadiense Triton en Mina El Limón para la extracción de oro y plata están generando tensiones con los pobladores, que denuncian que estas labores que se realizan hace 15 años están contaminando las aguas, suelos y atmósfera.
En Panamá también están operando 10 proyectos mineros, pese a la oposición de activistas que consideran más productivo cuidar el agua, la flora y la fauna.
La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza de Panamá, Alida Spadafora, dijo a la AFP que la política minera es “errada, contraproducente y de corta visión”.
En todos los países de la región donde la actividad minera da empleo a miles de personas, el común denominador de los ambientalistas es que las excavaciones destruirán bosques tropicales que alojan especies de flora y fauna únicas y algunas de ellas en peligro de extinción, y contaminarán los mantos acuíferos con los químicos que se utilizan para la extracción de los minerales.
