La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, el Arzobispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, y también las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, accionaron legalmente para que concluyan las actividades mineras de Mina Marlin, de la canadiense Goldcorp.
Fuente: diario El Periódico
22/07/2010. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, Álvaro Ramazzini, arzobispo de San Marcos y pobladores de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, accionaron legalmente para que se suspendan las operaciones de la Mina Marlin. Pretenden que un juez del ramo civil suspenda los trabajos mineros.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó en mayo al Estado guatemalteco que suspenda los trabajos de la mina; además, solicitó informes para comprobar los niveles de contaminación en las aguas, suelos, subsuelo y aire.
Benito Morales, representante legal, dijo que el Estado tiene que cumplir con la obligación y dejar de poner en riesgo la vida de las 18 comunidades del área.
Agregó que “con la acción se pretende obligar al Gobierno a cumplir y avisar a la empresa que están suspendidas sus operaciones mineras, hasta que exista una decisión definitiva por parte de la CIDH”.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, expresó que “la acción de la CIDH, es para salvaguardar la vida de los pobladores, pero el Gobierno deja indefensas a las comunidades y permite que se continúe con el trabajo minero”.
El vicepresidente, Rafael Espada, a cargo de la Comisión de Análisis del tema expresó: “Estamos tranquilos porque hacemos lo que la ley indica, la orden ya fue ejecutada”.
El Vicemandatario agregó que el Ministerio de Energía y Minas se encuentra en el proceso de cierre, que dura entre 90 a 120 días.
Boletín de prensa
COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y SIPACAPA ACCIONAN CONTRA EL GOBIERNO POR
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
Las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, presentaron una acción de amparo contra el gobierno, por el incumplimiento de las medidas cautelares solicitada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a favor de esos pueblos Mayas, afectados por la actividad de la Mina Marlin.
La acción fue presentada en la torre de tribunales por varios abogados y los representantes de las comunidades, con el fin de que un juzgado ordene al Estado que cumpla de inmediato las medidas cautelares, entre los que se menciona, como principal, el cierre de operaciones de la Mina Marlin.
Desde que Guatemala suscribió convenios internacionales en materia de derechos humanos tiene la obligación de cumplir con las resoluciones emanadas de entes como la CIDH, de lo contrario vulnera el derecho internacional y viola sus obligaciones asumidas, señaló Benito Morales, uno
de los abogados que presentó la acción.
El Estado debió haber cumplido de inmediato las medidas cautelares solicitadas en mayo pasado por la Comisión, pues se trata de una orden precautoria, para garantizar la seguridad y la vida de los habitantes de los alrededores de esa empresa.
Al no actuar, el gobierno mantiene en riesgo la seguridad y la integridad física de las personas de las comunidades circunvecinas a la mina, como el atentado con arma de fuego que sufrió recientemente la lideresa Teodora Antonia Hernández Cinto, presuntamente por parte de trabajadores de la minera, dijo David de León, representante comunitario que acompañó a la
delegación que presentó la acción de amparo.
Las comunidades de San Miguel y Sipacapa, exigen a las autoridades del Juzgado que conocerá el expediente que actúen de inmediato, pues está en riesgo la vida de la población en resistencia contra la minería; aunque no hay un plazo para que se responda a la acción, los abogados y los delegados
miguelenses y sipacapenses esperan que sea pronto.
Ixim Ulew Kajib´ Ajmaq, Mol
Guatemala, 21 de Julio de 2010
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