El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) entregó al Ministerio Público (MP) 24 dictámenes de evaluación realizados al mismo número de personas, que fueron afectadas tras el desalojo violento en La Puya, el pasado viernes.
Fuente: La Hora
Las evaluaciones del área clínica fueron entregadas a las instancias que investigan el caso, informó Roberto Garza, portavoz de la institución, quien destacó que no pueden hacer públicos los resultados porque siguen inmersos en un proceso legal.
El funcionario dijo que 16 evaluaciones se realizaron el sábado y 8 el domingo, para hacer un total de 24 dictámenes y establecer qué tipo de heridas o afecciones sufrieron las personas que estuvieron durante el desalojo.
En tanto, algunos pobladores de La Puya entrevistados, indican que esperan las investigaciones de las autoridades, aunque analizan emprender acciones legales a nivel internacional.
Antonio Reyes, vecino del lugar, lamentó la forma cómo ocurrieron los hechos del pasado viernes, donde la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó las órdenes de los altos mandos.
“Hubo abuso de autoridad, pero que quede claro, la Policía hizo lo que se le ordenó, es decir, la orden llegó del más alto nivel. A una señora le quemaron hasta el vestido, a otra le abrieron la cabeza y a muchos adultos mayores los golpearon”, destacó Reyes.
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El comunitario agregó: “Las comunidades no estamos en resistencia por capricho, ni porque estamos en contra del desarrollo, hay altos niveles de arsénico que afectarán nuestras fuentes de agua y eso lo confirmó el Ministerio de Salud Pública”.
Por aparte, Armando Carrera, residente de La Puya, criticó la violencia de las fuerzas de seguridad y las consecuencias de esos hechos, que provocaron que una pobladora aún se encuentre recluida en el Hospital San Juan de Dios.
Selvin Rustrián, portavoz de dicho nosocomio, dijo que Eva María Álvarez, de 25 años, ingresó con una fractura en la cabeza, se le realizó una cirugía y hoy todavía permanecía en recuperación.
“CUMPLIR LA LEY”
Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación (Mingob), dijo a La Hora, que como autoridades deben hacer cumplir la ley, pues el proyecto de extracción data desde la administración del expresidente, Alfonso Portillo.
El entrevistado expresó que los pobladores de La Puya tienen derecho a manifestar pacíficamente y que eso se respetará, mientras no alteren el orden.
Por otro lado, el funcionario refirió que la negativa de la población para que se extraigan minerales, casi le provocó una demanda a él y a otros funcionarios, precisamente por no hacer cumplir la ley.
