El pasado 30 de julio la población de San Francisco El Alto, Totonicapán, participó en una consulta comunitaria de buena fe, con observadores nacionales e internacionales, además de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Los resultados arrojaron que 45,593 votaron NO, contra 27 que votaron SI. Diego González, alcalde de la localidad afirmó “Ya lo dijimos, defenderemos con nuestra vida si fuese necesario para que no se saqueen y se exploten nuestros recursos naturales”, añadió.
Fuente: Públicogt
“La actividad minera se perfila como una de las actividades de mayor dinamismo en la economía nacional en el corto, mediano y largo plazo (…) y es una importante fuente de crecimiento económico para diversos países muchos de ellos en vías de desarrollo”, cita uno de los argumentos de la iniciativa que pretende reformas a la actual Ley de Minería y de la cual es consignatario el presidente Otto Pérez. Molina.
Con fecha 2 de octubre del 2012, día que también fue recibida en el Congreso de la República, esta iniciativa también fue firmada por el ministro de Energía y Minas, Erick Archila y Gustavo Martínez Luna, Secretario General de la Presidencia de la Republica.
En este contexto, en el transcurrir del gobierno de Pérez Molina se han cedido licencias tanto de exploración y explotación. No obstante, en los últimos días se han dado tres casos particulares sobre el tema minero. Uno, la suspensión de la Licencia de Explotación El Escobal en San Rafael Las Flores por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Dos, lo planteado por el gobernante sobre la moratoria por dos años a esta actividad extractiva. Y tres, amparados bajo la tutela del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, los pobladores aún se congregan para decidir sobre lo que consideran un modelo de desarrollo impuesto.
“Que el gobierno escuche este mensaje: minería, no queremos nada de eso aquí”, fueron las palabras de Julián Juan García, vecino de San Francisco El Alto, Totonicapán, que participó en una consulta comunitaria de buena fe, celebrada en ese lugar el pasado 30 de julio y a la que acudieron observadores nacionales e internacionales, además de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Pasaban las 10 de la noche, la lluvia arreciaba en el lugar, misma que por momentos dificultó la llegada de los representantes de la comunidad Chivarreto. Sin embargo decenas de pobladores de otras comunidades no dudaron de su arribo, por el contrario, ansiosos esperaban los resultados de éstos para hacer la suma total y leer el acta final que daba por terminada la actividad.
Del total de votantes, los resultados arrojaron que 45,593 votaron NO, contra 27 que votaron SI. Estos datos denotan así el rechazo y descontento de los pobladores hacia una futura actividad minera en este territorio quiché. Ante esto, Diego González, alcalde de la localidad pidió “respetar la voluntad del pueblo”, aunque reconoció que aún no tienen solicitud de exploración minera en el lugar. Pero, advirtió que en ningún momento permitirán esta práctica. “Ya lo dijimos, defenderemos con nuestra vida si fuese necesario para que no se saqueen y se exploten nuestros recursos naturales”, añadió.
La estrecha relación de los pueblos con la naturaleza conduce a mantener la firmeza en lo que se quiere o no en el lugar. “Nuestra madre tierra, nos da de beber, nos da de comer, nos da medicina y nos da la vida”, subrayó en su intervención Elisa Orozco, representante del Consejo del Pueblo Maya de Occidente –CPO-. Hizo, además, un llamado a los educadores para que en las aulas se dé “un verdadero contenido de estudios sociales, que no nos sigan dando un contenido donde en vez de enseñarnos a ser personas críticas, que cuestionemos a un sistema racista, nos forman para ser pasivos, para ser callados”.
Juana Álvarez López también vecina de este municipio indicó que no quieren nada que se relacione con la minería “por el daño que causa a las montañas herencia de nuestros abuelos, la que también queremos dejarles a nuestros hijos y nuestros nietos”.
“No estamos en contra del desarrollo, que quede claro. Sencillamente nuestra pelea, nuestra resistencia es que no respetan nuestras decisiones, y no piden permiso. Venimos de una cultura de respeto a la madre naturaleza, una cultura de respeto entre nosotros. Por eso, el extranjero tiene que pedir permiso para ver lo que nosotros queremos o no queremos en relación al desarrollo”, expuso Eliú Orozco, también representante de CPO que presenció la consulta.
Además de los datos de San Francisco el Alto, en conferencia de prensa, también se presentaron los resultados de dos consultas más realizadas en Olintepeque y San Carlos Sija Quetzaltenango, el 7 y 21 de julio respectivamente. Para el caso de Olintepeque los datos fueron 9,997 por el NO y 46 a favor del SI; mientras 16,856 por el NO Y 65 por el SI en San Carlos Sija. Se tiene previsto que en Momostenango también se realice una consulta comunitaria para el 1 de septiembre.
Mientras todo esto ocurre, en el portal del Ministerio de Energía y Minas se promueve la reforma a la actual Ley Minera y resalta que “en cuanto a las consultas comunitarias, para el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya lo advirtió la Corte de Constitucionalidad, que debe de legislarse sobre la forma cómo deben desarrollarse esos procedimientos consultivos, quién debe ser el órgano convocante y el que desarrolle la consulta, quiénes podrán participar, el momento en que debe realizarse y los efectos de los resultados”.
Por su parte las comunidades sostienen que una nueva ley de minería no sale del congreso, si no es con el consentimiento y participación de los pueblos.
