El proyecto minero Marlin I en Guatemala, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, viola el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, a su autodeterminación y el derecho de propiedad, posesión, uso y administración de la tierra y territorio. La compañía canadiense será juzgada en el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesiona el 14 y 15 de mayo en Madrid, España.
Fuente: Elpolvorin.over-blog
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El caso será presentado por las entidades Frente de Defensa Miguelense, Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina. El proyecto de Goldcorp también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y al acceso al agua, entre otros.
La Mina Marlin I se encuentra en los muncipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del departamento de San Marcos. Es operada por la subsidiaria de Goldcorp en Guatemala, Montana Exploradora. Varios de los derechos violados por el emprendimiento se encuentran protegidos bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y la propia Constitución guatemalteca.
Según los denunciantes, el accionar de Goldcorp ha contado con la “aquiescencia del Estado Guatemalteco” y la “complicidad” de varios fondos de pensiones europeos, que son accionistas de la corporación canadiense. Hay fondos provenientes de Suecia por 31,2 millones de dólares, el Fondo de pensión al extranjero de Noruega con 86,6 millones y el Fondo Nacional de Reservas de Pensiones de Irlanda, con tres millones.
Se responsabiliza al Estado de Guatemala por crear un marco legal que favorece a las empresas, por no informar ni consultar a las poblaciones de Sipakapa y San Miguel antes de otorgar el permiso minero y por desplegar fuerzas de seguridad en la zona. Agregan que el Estado ha utilizado el aparato de justicia para criminalizar las luchas sociales.
Asimismo, el caso presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos estipula que el Banco Mundial ha financiado la construcción de carreteras y de tendido eléctrico para las operaciones de la mina, sin realizar las consultas necesarias. Además, el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han presionado al Estado guatemalteco para que se desarrollara un nuevo marco legal para atraer las inversiones extranjeras, especialmente en el sector minero. “Los estados europeos como miembros y donantes al Banco Mundial son entonces cómplices en las violaciones”, dice el escrito entregado al Tribunal.
El Frente de Defensa Miguelense, Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina exigen que el parlamento de la Unión Europea reclame a los gobiernos de Suecia, Noruega e Irlanda que sus administradores de fondos de pensión actúen con rapidez y en forma efectiva ante acusaciones de comunidades y organizaciones sociales. Presionan además para que las poblaciones afectadas sean compensadas, que se atiendan sus demandas y que el Estado de Guatemala respete las recomendaciones de la OIT.
Es que la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de esa organización solicitó en febrero la suspensión inmediata de las operaciones en la Mina Marlin I. Expresó su preocupación porque el gobierno “reitera la información presentada con anterioridad”, lo que trae aparejado “falta de progresos”, según información de la Red de Colaboradores de TeleSUR-Guatemala. Los expertos demandaron nuevos estudios, un proceso de consulta previa con las comunidades locales e información detallada.
Tomado de Radio Mundo Real
