La demanda en Canadá de un grupo de guatemaltecos contra la empresa minera Tahoe Resources procederá en ese país norteamericano. El proceso quedó admitido después de que el Tribunal Supremo de Canadá rechazó este jueves tramitar una apelación de la compañía a la demanda.
Fuente: Prensa Libre
El Tribunal Supremo de Canadá, la máxima autoridad judicial del país, dijo que no aceptará a trámite la apelación y, como es habitual, no proporcionó razones para su decisión.
Tahoe Resources había solicitado al Tribunal Supremo que revisase la decisión del Tribunal de Apelaciones de la provincia de Columbia Británica que había rechazado la petición de la empresa de desestimar la demanda presentada por siete ciudadanos guatemaltecos.
En 2014, los guatemaltecos presentaron en Canadá una demanda contra Tahoe Resource por el ataque armado en abril del 2013 perpetrado contra un grupo de manifestantes y del que está acusado el que era entonces jefe de seguridad de la compañía, Alberto Rotondo.
Tahoe Resources ha intentado en varias ocasiones que la Justicia desestime el caso al considerar que los tribunales canadienses no tienen jurisdicción sobre el caso.
Inicialmente, una jueza de Columbia Británica aprobó la petición de la empresa pero, en enero de este año, el Tribunal de Apelaciones de la provincia revirtió la decisión.
La jueza Nicole Garson, la vocal de la decisión de enero, señaló en sus conclusiones que “la juez erró al determinar que Tahoe había establecido que Guatemala era claramente un foro más apropiado que Columbia Británica para evaluar las peticiones de los demandantes”.
Amanda Ghahremani, directora del Centro Canadienses para la Justicia Internacional.
“Estamos encantados de que el máximo tribunal del país ha permitido que este importante caso vaya a juicio”.
Garson añadió que la magistrada que decidió en favor de Tahoe Resources se equivocó al “ignorar el contexto de esta disputa y no sopesó suficientemente el riesgo de que los demandantes no recibirán un juicio justo en Guatemala”.
Hoy, la directora del Centro Canadienses para la Justicia Internacional (CCIJ), Amanda Ghahremani, señaló en un comunicado que “las víctimas de abusos vinculados con compañías canadienses que operan en el extranjero se merecen justicia en Canadá”.
