Ciudad de Guatemala, Guatemala – 14/03/08. Después de dejarla engavetada por dos años, el Congreso reactivará la discusión de una iniciativa para reformar la Ley de Minería, que fue consensuada por diversos sectores a través de una comisión de alto nivel, y que entre otros puntos persigue una explotación técnica y racional de los recursos minerales. El obispo de San Marcos Álvaro Ramazzini “es de suma importancia que se reactive la discusión sobre la minería; es necesario introducir cambios sustanciales en la ley vigente, para proteger mejor el medio ambiente y que los beneficios de esa actividad lleguen a la población”, expresó Ramazzini. Las negociaciones apuntan a dejar conformes por igual a comunidades y mineras.
Fuente: diario La Prensa Libre
Alejandro Sinibaldi, presidente de la Comisión legislativa de Energía y Minas, anunció ayer que la discusión de reformas a la Ley de Minería será una prioridad para esa sala, que espera promoverlas y lograr su aprobación “antes de que concluya el 2008”. Para ello tomarán como base una iniciativa presentada por el Ejecutivo en el 2006 que fue redactada por una comisión de alto nivel —integrada por académicos, representantes de la Iglesia católica, entre otros—.
Para escuchar, de primera mano, el contenido de esa propuesta, los legisladores se reunieron ayer con Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, y Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), quienes formaron parte de aquella comisión.
“Es de suma importancia que se reactive la discusión sobre la minería; es necesario introducir cambios sustanciales en la ley vigente, para proteger mejor el medio ambiente y que los beneficios de esa actividad lleguen a la población”, expresó Ramazzini.
El obispo y Zelaya urgieron al Legislativo a aprobar una moratoria de un año en la autorización de licencias de explotación minera, mientras se aprueban las reformas a la referida ley.
Ramazzini resaltó que las enmiendas a la Ley de Minería deben pasar por un incremento a las regalías que pagan las compañías que se dedican a esa actividad, para asegurar “que la principal ganancia sea para el país”. Además, se deben crear mecanismos de consulta popular, y que ésta sea vinculante.
Según el religioso, se deben exigir estudios de impacto ambiental más profundos, ya que el país “es rico en flora y fauna, por lo que no hay que perder de vista los efectos en la ecología”. “Hay que medir la potencial contaminación del agua, ya que en muchas comunidades las empresas mineras la utilizan a su antojo, y los residuos de cianuro van a dar a ella, lo que además podría ocasionar enfermedades en la población”, expuso.
Regalías
La iniciativa que se discutirá pretende cobrar tres por ciento de regalías a las mineras y eliminar las exoneraciones fiscales, con lo que se espera llegar hasta el 47 por ciento de impuestos. Asimismo, fortalece los controles sobre las empresas y la vigilancia del ambiente.
Sinibaldi afirmó que ese proyecto será la base de uno nuevo, que se consensuará con diversos sectores, después de Semana Santa.
“Tenemos grandes retos; debemos contemplar en las modificaciones soluciones para la problemática ambiental y social que giran alrededor de la minería. La población ha rechazado esa actividad, con mucha razón, porque los beneficios no son palpables para ellos. Hay que encontrar la forma de que se traduzcan en desarrollo, pues se debe aprovechar el potencial minero del país”, refirió el congresista.
Comunidades de San Marcos y Huehuetenango, entre otros, han rechazado la minería en consultas populares. Incluso, en diciembre del 2007, representantes de Sipacapa, San Marcos, presentaron una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, por no respetar la oposición del pueblo a aquella actividad.
En mayo de ese año, la Corte de Constitucionalidad resolvió que no era vinculante la consulta popular de junio del 2005, en la que los vecinos de Sipacapa manifestaron que no querían explotación minera en su territorio.
Entre el 2004 y el 2007 se concedieron tres licencias de explotación de metales. En total hay 23 licencias vigentes.
Consultas y beneficios
Estas fueron las propuestas de la comisión de alto nivel sobre minería, entregadas en el 2006.
• Lograr una explotación técnica y racional de los recursos minerales.
• Fortalecer a las entidades encargadas de supervisión, monitoreo y control ambiental.
• Establecer un sistema de regalías basado en el tipo de material explotado. Se pretende cobrar tres por ciento de regalías a las mineras, y eliminar las exoneraciones fiscales, con lo que se espera llegar al 47 por ciento de impuestos.
• Fijar medidas de protección ambiental y utilización de los recursos hídricos.
• Brindar mayor información, participación y consulta a los pueblos en territorio minero. Esas consultas tendrían que ser tomadas en cuenta a la hora de decidir sobre la concesión de licencias.
• Las empresas tendrán que constituir fianzas a favor del Estado, para garantizar trabajos de mitigación, y adquirir seguros para resarcir daños a terceros, de ser necesario.
• Aquella comisión solicitó también conceder una moratoria de nueve meses a la autorización de licencias, mientras se logra reformar la ley.
La ganancia para el país
Las regalías que deben pagar las compañías mineras al Estado representan el 1 por ciento del producto comercializado. Ello ha sido criticado por sectores sociales, en especial por ambientalistas, que opinan que la mayor ganancia ha sido para esas empresas, y no para el país. El artículo 63 de la Ley de Minería indica que esas regalías se deben repartir en partes iguales entre el Estado y la municipalidad de donde se encuentra la mina.
La compañía Montana Exploradora, por ejemplo, había pagado desde el 2005 hasta agosto del 2007, Q17.2 millones, lo que significa que la actividad le había generado a esa empresa Q1 mil 720 millones hasta esa fecha.
El 1 de julio del 2006, Montana decidió pagar el impuesto del que el Ministerio de Economía la había exonerado, por casi tres años, luego de una negociación con el Ejecutivo. Debido a la presión social, Montana aceptó también el pago voluntario del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el IVA. En el 2007, esa compañía pagó Q62.4 millones por ISR.
La Compañía Guatemalteca de Níquel se comprometió voluntariamente, en agosto del 2007, a pagar al Estado entre 1 y 4 por ciento anual en regalías, adicionales a lo que estipula la ley, dependiendo de la cotización del metal en el mercado internacional. Esa empresa comenzará la extracción en Izabal en el 2009.
Oro
US$1mil es el costo que rebasó ayer la onza de oro en el mercado internacional. Es la primera vez en la historia que alcanza esa cifra.
